03 abr 2020

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SECTOR PÚBLICO

Montoro estudia implantar la jornada de 35 horas que negó a Andalucía

El ministro de Hacienda limita la medida a los funcionarios con turnos de trabajo pero no generalizarla

El Periódico

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. / FERNANDO ALVARADO (EFE)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha abierto la posibilidad de que los empleados públicos trabajen 35 horas, una medida que negó a los funcionarios andaluces al recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de la Junta el pasado mes de julio con el argumento de que era "discriminatorio".

Montoro, de visita en Granada, ha abierto esta posibilidad para quienes trabajen por turnos,  pero no "generalizarla", si bien se ha mostrado abierto a negociar la medida con los sindicatos de la función pública, que se la reclaman desde hace varios años.

El titular de Hacienda ha recordado, no obstante, que los funcionarios que trabajan a turnos son "muchos" y están especialmente presentes en el ámbito de los servicios públicos esenciales, de modo que la preferencia del Gobierno "era haber comenzando con la reducción a 35 horas" para ellos y "no generalizarla".

Recurso contra la Junta

En julio del 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó dos recursos ante el alto tribunal contra la jornada de 35 horas pactada por el gobierno andaluz con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y aprobada por el Parlamento autonómico  con la abstención del PP y Ciudadanos.

El Gobierno de Susana Díaz alegó que era una medida que facilitaba la creación de unos 12.000 puestos de trabajo y facilitaba la conciliación.  Uno de los recursos interpuestos era contra la modificación presupuestaria de Andalucía para contratar al personal interino.

En diciembre pasado, el TC anuló la jornada de 35 horas andaluza al entender que la regulación era una competencia exclusiva del Estado.  El Gobierno de la Junta acató la sentencia pero reguló la nueva jornada de 37,5 horas semanales de tal manera que cada día se añadía media hora no presencial para realizar trabajos fuera de la oficina.  

También el Tribunal Supremo ha cofirmado la sentencia del Superior de Justicia del País Vasco que anulada el decreto de las 35 horas que el Gobierno de Vitoria aprobó en el 2016.