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UGT denuncia fraude laboral en cuatro empresas de reparto a domicilio

El sindicato reclama a la Dirección General de Trabajo que investigue a Deliveroo, Glovo, Ubereats y Stuart

Solicita que se les considere asalariados y las firmas paguen las cotizaciones a la Seguridad Social

Un repartidor de Glovo en Barcelona.

Un repartidor de Glovo en Barcelona. / RICARD CUGAT

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Mercedes Jansa

El cerco a las condiciones laborales de los repartidores de empresas de envío a domicilio que operan en internet sigue incrementándose ante un supuesto fraude en estos contratos laborales. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha decidido que es hora de que intervenga el Gobierno y ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Trabajo en la que apunta la existencia de falsos autónomos en DeliverooGlovoUbereats Stuart, empresas sobre las que solicita una investigación por la vulneración de los derechos laborales.

El sindicato UGT ha reunido información a través de su página en internet Turespuestasindical.es sobre la situación de estos trabajadores y su denuncia se produce después de la resolución en contra de las empresas por parte de la Inspección de Trabajo de Valencia, que considera se debe extender a toda España.

La denuncia, a la que se adjunta una carta de Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, que señala que estos repartidores o 'riders' (denominación en inglés que utilizan estas empresas) mantienen una "relación fraudulenta de falsos autónomos" ya que en realidad son "trabajadores asalariados por cuenta ajena". Las empresas denunciadas buscan así reducir los costes laborales.

A través de una app

Estas compañías "trabajan con un mismo modelo económico basado en una aplicación informática con la que pueden saber en todo momento la geolocalización del trabajador e impartir órdenes, ofertas y sanciones".

La aplicación de teléfono móvil a través de la que operan estas compañías organiza horarios y distribuye, según una evaluación personal, las franjas en las que el trabajador podrá recibir pedidos. "Es la empresa la que decide quien trabaja y quien no cada día, en qué zonas y con qué horario", señala el escrito de denuncia, que subraya que "sin realizar pedidos no se ganará dinero, aunque el trabajador o la trabajadora esté en la calle".

Rubén Sanz, coordinador de la web del sindicato que ha recogido denuncias de estos trabajadores para presentar el caso al Ministerio de Empleo, señala: "Hemos estado con ellos a pie de calle, pasando frío y calor y conociendo lo que les ocurre habitualmente, como por ejemplo, que les roban la bici con frecuencia".

"Aquellos que no cumplen con los criterios impuestos con estas empresas son desconectados, despedidos, cesan su actividad", explica la demanda, "sin explicaciones ni indemnizaciones". El sindicato apunta además a una nueva modalidad en la que dejan a cero horas en la siguiente semana de trabajo a aquellos que no acatan sus órdenes.

La geolocalización permanente de estos repartidores les lleva a estar cerca de los restaurantes que abastecen de productos para el reparto a domicilio. "Este sistema les interesa a las empresas porque cuantos más trabajadores, mejor”, señala Sanz, y añade: "Eso no quiere decir que haya más pedidos y más trabajo sino que cuantos más trabajadores mejor, pero en ese tiempo de espera no pueden hacer otra cosa".

Estos trabajadores están "atrapados en un sistema impuesto” en el que ellos “no pueden negociar el precio de los pedidos y servicios, aunque las empresas lo modifican unilateralmente", subraya el texto.

"Tienen que hacer recorridos más cortos para que el algoritmo les busque", explica Sanz y recuerda que las aplicaciones con las que trabajan "se encuentran fuera de España".

Todos los gastos

"Dependen de la empresa con la que prestan servicios para poder trabajar, les dan la infraestructura necesaria para poder realizar el trabajo, les imparten una formación previa antes de empezar a trabajar, llevan la imagen de la empresa por toda la ciudad, les prohíben hablar con los proveedores", unos indicios que demuestran, según UGT, que hay una relación laboral.

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La mochila-caja en la que llevan los pedidos no es gratis. Estos empleados tienen que entregar una fianza entre 70 y 100 euros cuando comienzan a trabajar pero cuando finaliza su relación laboral no la recuperan porque "la empresa no las quiere y siempre alega que tienen algún defecto", señala Rubén Sanz.

UGT denuncia además que la empresa hace recaer sobre los trabajadores toda la responsabilidad de la relación laboral, ya que tienen que cargar con el IVA, IRPF, Seguridad Social de autónomos, mantenimiento del vehículo, seguros, etcétera, "mientras que las empresas ingresan las ganancias por las dos vías: por el consumidor y por el trabajador".