Rosell aboga por reformar la Constitución para solucionar el "grave problema político" de Catalunya

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, ha abogado este jueves por hacer "cambios y reformas" a la Constitución para resolver el problema político de "gravísima envergadura" que existe en Catalunya para garantizar otros 40 años de "tranquilidad y prosperidad".

"De la misma manera que los estadounidenses hacen enmiendas a su Constitución, nosotros tenemos que hacer, a lo mejor, cambios y reformas a la nuestra, hablémoslo entre todos para que podamos vivir con tranquilidad y prosperidad en los próximos 40 años; los últimos 40 años han sido muy buenos y hemos de edificar el estado actual para que los próximos 40 sean mejores", ha afirmado el jefe de la patronal en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press.

Desafección

Tras afirmar que hay que resolver el problema catalán desde la legalidad, Rosell ha reconocido que existe una "desafección muy importante" y ha considerado que existen "muchas vías intermedias entre la independencia y la sumisión total". "Es un problema que viene desde hace muchos años, no creo que la palabra sumisión describa la situación de Catalunya, lo que hay es una desafección muy importante, hay muchas vías intermedias entre la independencia y la sumisión total, y en estas vías intermedias está la mayoría de los catalanes", ha afirmado Rosell.

Hacer política

El presidente de la CEOE ha defendido que "hay que atenerse a la Constitución y a las leyes de la Unión Europea", al tiempo que ha pedido hacer "política con mayúsculas" a partir del 2 de octubre "pase lo que pase" porque "el problema seguirá". "Hay que buscar un pacto territorial entre todos porque el problema es muy importante y no afecta solo a España, también a Europa", ha señalado Rosell, quien ha afirmado que las empresas quieren seguridad jurídica.

Comunicado de la CEOE

La Junta Directiva de la CEOE emitió ayer un comunicado mostrando su preocupación por la convocatoria de "referéndum ilegal" en Catalunya y apoyando "todas las acciones que se considere necesario llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente". "La no resolución afectaría negativamente a todos los ámbitos", subraya, al tiempo que destaca que los empresarios apoyan la legalidad y la Constitución "que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de nuestras empresas".