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INVESTIGACIÓN POR UN AGUJERO MILLONARIO EN CATALUNYA CAIXA

La traducción de documentos paraliza la causa contra Narcis Serra y la excúpula de CX

La Audiencia Nacional ha acordado que se reescriba del catalán al castellano casi 1.500 folios

El coste del servicio asciende a 37.000 euros y el trabajo no estará finalizado hasta septiembre

J. G. Albalat

Narcis Serra y Adolf Todó, en febrero del 2009, en la presentación de resultados de Caixa Catalunya.

Narcis Serra y Adolf Todó, en febrero del 2009, en la presentación de resultados de Caixa Catalunya. / PEPE ENCINAS

La investigación abierta contra la excúpula directiva de Catalunya Caixa (CX), encabezada por el que fuera su presidente Narcís Serra, por unas operaciones inmobiliarias que causaron un perjuicio millonario a la entidad está paralizada. Por ahora, nadie ha sido citado a declarar. El motivo: el juzgado de la Audiencia Nacional que tramita la causa ha ordenado que se traduzcan del catalán al castellano casi 1.429 documentos. El coste de este servicio es de 26 euros por folio. Es decir, 37.154 euros. Y es que los servicios jurídicos del BBVA (banco que compró Caixa Catalunya) han informado que estos documentos no existen en lengua castellana.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en el mes de marzo una denuncia en la Audiencia Nacional contra el expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y otros 14 exaltos cargos, entre ellos el que fuera director general Adolf Todó, por un delito de administración desleal cometido al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007. Las irregularidades fueron detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El pasado 22 de mayo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 remitió a la secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional una copia de 1.429 folios de este procedimiento para que los documentos fueran traducidos del catalán al castellano. A raíz de esta petición, se solicitó un presupuesto a la empresa licitadora del servicio que, además de anunciar el coste del trabajo (26 euros por folio), advirtió que podía entregar el trabajo en la segunda quincena del mes de septiembre. Eso sí, el juzgado se había asegurado antes de que el BBVA no tuviera estos papeles en castellano. La entidad bancaria contestó que no y, por lo tanto, deberá procederse a la traducción de los documentos. Los documentos se refieren a más de una treintena de operaciones inmobiliarias investigadas y actas y propuestas de la comisión ejecutiva de Catalunya Caixa       

ACTIVIDAD INVERSORA

El fiscal Fernando Maldonado expone en la denuncia que durante este periodo la caja de ahorro “ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” a través de su filial Procam. Las inversiones la hicieron en España, Portugal y Polonia. En la mayoría de los casos el «aval y fiabilidad» que desde la entidad se dio a esos proyectos se otorgó «confiando» en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes externos independientes y «sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios» que, en algunos supuestos, «eran poco significativos» en relación al volumen del negocio.

Además, según la fiscalía, prácticamente todos los proyectos inmobiliarios estaban condicionados a la consecución de trámites urbanísticos “ineludibles” y de “resolución incierta”. Algunos solares no eran urbanizables o estaban afectados por normas que lo calificaban de interés general. La investigación se amplía a los acuerdos tomados por la entonces cúpula de Catalunya Caixa para desinvertir en los fracasados negocios y que la situación tuviera el menor impacto económico para la entidad.

El juez aceptó la competencia para iniciar las pesquisas y en la misma resolución señalaba que los 15 altos cargos acusados serían citados como imputados (ahora investigados). Sin embargo, su declaración deberán esperar. 

Más plazo para depositar la fianza de 9,5 millones

El juzgado de Barcelona que tramita el proceso contra la excúpula de la Catalunya Caixa por el aumento de sueldos en la entidad cuando estaba en situación de crisis ha prorrogado hasta septiembre el plazo para que los 41 investigados depositen una fianza civil de 9,5 millones de euros. Por ahora nadie lo ha hecho y es difícil que se pongan de acuerdo en el dinero debe aportar cada uno. Algunos, además, han expresado que no tienen fondos para satisfacer esta fianza o simplemente se resisten a desprenderse de su patrimonio. Pero si no se cubre esta cantidad, el juez procederá al embargo de bienes.

En esta causa, la fiscalía solicita cuatro años de cárcel para el expresidente de la caja y exvicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el exdirector general Adolf Todó, a los que atribuye administración desleal. La acusación también se dirige contra 39 consejeros. De ellos, a 17 les reclama cuatro años de prisión por haber tomado dos veces la medida de aumentar sueldos, y a 24, dos años, por una única ocasión. 

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