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ECONOMÍA SUMERGIDA

Los economistas cifran en 26.000 millones el fraude fiscal en España

El estudio rebaja a la tercera parte las estimaciones de fraude de otros estudios internacionales

El Consejo de Economistas plantea potenciar los medios de pago electrónicos

Rosa Maria Sánchez

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas.  

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas.  

El Consejo de Economistas cifra en 26.000 millones de euros la pérdida de ingresos tributarios derivada del fraude fiscal en España, una cifra sensiblemente inferior a los 75.000 millones que se desprenden de otros estudios internacionales sobre la economía española.

La estimación procede del estudio “Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones, 20 propuestas para reducirlo”, presentado este jueves en la sede del Consejo de Economistas, y que ha sido ha sido elaborado por Jesús Quintas, exsubdirector de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, y por Jesús Gascón, inspector de Hacienda y exdirector general de Tributos, bajo la dirección de Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y de Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf).

CRITERIOS DE ESTIMACIÓN

La estimación de fraude fiscal en España elaborada en el informe de Quintas y Gascón parte de los cálculos del profesor austriaco Friedrich Schneider que sitúan en el equivalente al 19,20% y el 18,6% del PIB el volumen de economía sumergida en el país en los años 2012 y 2013, solo por detrás de Grecia, Italia y Portugal. A partir de estos datos, el reconocido experto internacional en estimaciones sobre economía sumergida, calcula una perdida de recaudación anual de casi 40.000 millones en España como consecuencia del fraude fiscal.

Un estudio posterior elaborado de forma conjunta por Schneider y el profesor Hassan Mai rebajó al 16% el peso de la economía sumergida en España en el 2013, cifrándola en unos 170.000 millones. Según los exaltos cargos de Hacienda Jesús Quintas y Jesús Gascón esta cifra queda reducida a unos 100.000 millones si del montante inicial se excluyen las cantidades que nunca tributarían por corresponder a contribuyentes que no tienen obligación de declarar por su bajos ingresos. “En el caso de un ‘mantero', su actividad es sumergida, pero no genera un fraude fiscal de este contribuyente, pues seguramente no está sujeto a la obligación de declarar”, ha citado como ejemplo Jesús Quintas.

MORAL DE CUMPLIMIENTO

Tomando en cuenta estas consideraciones, los autores del informe aplican un tipo medio de defraudación en el entorno del 25%. Así, "la pérdida de recaudación se encontraría, con todas las cautelas, en torno a los 26.000 millones de euros después de realizar los necesarios ajustes".

La "patata caliente" de la amnistía fiscal

El texto de la sentencia que ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2012 deja claro que el fallo no puede tener efecto sobre los contribuyentes que se acogieron a aquella medida y cuyas regularizaciones ya sean firmes, por haber prescrito.

Según el exalto cargo de Hacienda Jesús Quintas, el ministerio tiene ahora ante sí la “patata caliente” de fijar cuál es el efecto que tendrá la sentencia para los contribuyentes cuya regularización aún no es firme por haber sido objeto de una investigación posterior.

Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, la conclusión es que el nivel de fraude fiscal en España no es tan elevado como se piensa. "Estamos hablando de un nivel de fraude en torno al 2,5% del PIB", afirma. "Poco bien se hace a Hacienda y a mejorar la moral de cumplimiento con afirmaciones de que el fraude fiscal es de 75.000 ó 100.000 millones" se afirma en el estudio. La crítica hace alusión a las voluminosas estimaciones de otros informes previos, como el elaborado por el profesor Richard Murphy para el Parlamento Europeo en el 2012 o los desarrollados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha en el 2011 y el 2014. 

"Estamos a niveles de fraude perfectamente comparables con países como Alemania o Canadá, que son poco sospechosos. Incluso a veces por debajo de algunos países escandinavos", ha resumido Quintas.

PROPUESTAS

Los expertos del Consejo General de Economistas han elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude fiscal, entre las que se encuentra "potenciar la utilización de medios de pagos electrónicos" que faciliten el control de operaciones, así como mejorar la forma de trabajar de la administraciones tributarias, instruyendo expedientes administrativos "más sólidos", y facilitar las regularizaciones "espontáneas", reduciendo los recargos y sanciones para las declaraciones que se presentan fuera de plazo.

Igualmente, se ve necesario potenciar la educación ciudadana para mejorar la percepción del 20% de los españoles que consideran justificado el fraude en ciertas ocasiones, así como intensificar la cooperación internacional o  intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión de los expedientes.

Para Valentí Pich, "en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales" como la eficiencia en el gasto o los casos de corrupción de responsables políticos, "y otros más tangibles", entre los que ha citado la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos.