efectos de los prespuestos del 2017
CCOO y UGT impulsan con el PSOE una proposición no de ley contra los recortes en Correos
Los sindicatos instan a las administraciones locales a hacer frente común para evitar la ofensiva del Gobierno contra un servicio público básico
Eduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
EDUARDO LÓPEZ ALONSO / BARCELONA
El recorte de las transferencias públicas a Correos previsto en los Presupuestos generales de este año ha puesto en pie de guerra a los sindicatos. CCOO y UGT anunciaron este jueves que han impulsado a través del Grupo Parlamentario del PSOE, una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para rechazar el recorte de 60 millones de euros a Correos (al pasar de una aportación pública de 180 millones en el 2016 a 120 millones este año).
En la primera reunión de la ronda parlamentaria iniciada por CCOO, el Grupo Socialista ha aceptado registrar esta proposición, que recoge la mayoría de las propuestas presentadas por CCOO y UGT, que quieren contrarrestar el recorte de la financiación como consecuencia de la reducción de la valoración del servicio público postal que ofrece Correos prevista para este año. Los sindicatos proponen la creación de un plan estratégico que permita al ente público empresarial asegurar la vertebración territorial, social y económica de sus servicios a un precio justo.
El recorte realizado por Fomento de 60 millones se suma a la penalización sufrida por Correos por la aprobación de la Ley 39/2015, que le obliga al reparto de notificaciones sin ninguna contrapartida presupuestaria, y que comporta un coste de cerca de 100 millones de euros.
El sindicato ha vuelto a advertir de que iniciará un "proceso de movilizaciones en toda España para lo que tratará de sumar al resto de organizaciones sindicales nacionales e internacionales, así como de concienciación a través de ayuntamientos, parlamentos, ciudadanos, organizaciones de consumidores, si el Ejecutivo continúa con el tijeretazo a la financiación del servicio postal público que presta Correos".
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