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medida contra la pobreza energética

El Gobierno reacciona por fin y prohibirá los cortes de luz a los hogares más pobres

El PSOE anuncia que está ultimando un pacto con el Ejecutivo que podría cerrar este miércoles

El plan requiere colaboración autonómica por lo que podría tratase en la conferencia de presidentes

P. ALLENDESALAZAR / P. SANTOS / MADRID

El portavoz socialista, Antonio Hernando.

El portavoz socialista, Antonio Hernando. / JUAN MANUEL PRATS

El Gobierno va a tomar por fin medidas contra la pobreza energética, aunque solo la extrema, después de casos tan dramáticos como el de la anciana de Reus que murió en un incendio provocado por una vela después de que le cortasen la luz. El Ejecutivo y el PSOE ultiman un pacto para prohibir que se suprima el suministro a los hogares “muy vulnerables”. Es decir, no a todos los que sufren pobreza energética (unos cinco millones), sino a los que estén en mayor riesgo de exclusión social (algunas fuentes los cifran en 800.000, pero dependerá de cómo se defina a ese colectivo).

El anuncio no lo ha hecho el Gobierno sino el PSOE. El Ejecutivo ha cedido el protagonismo porque todavía trata de ganarse el apoyo de los socialistas para los presupuestos del 2017. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se reunirá este miércoles con el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, para cerrar el acuerdo. Ciudadanos lo ha apoyado tras admitir que, una vez más, el Gobierno no le ha incluido en la negociación pese a su pacto de investidura. Podemos lo ha criticado pero se ha congratulado de marcar agenda: “Llega tarde y mal, pero nunca hubiese llegado sin Podemos”.

La medida que PP y PSOE planean poner en marcha es cambiar el artículo 52 de la ley del sector eléctrico, que establece los "suministros esenciales" que no se pueden cortar, como el alumbrado público, las cárceles o los hospitales. Se trata de añadir otro punto para que los hogares en situación de pobreza energética extrema identificados por los servicios sociales de comunidades y ayuntamientos también se vean beneficiados de esa protección. Una medida permanente que va más allá de la tregua navideña reclamada en los últimos años.

CUESTIÓN DE COMPETENCIAS

Nadal, que en las últimas semanas se había mostrado partidario a pactar algún tipo de medida, ha aceptado la  iniciativa del PSOE. A cambio, los socialistas van a apoyar el proyecto del Ejecutivo de que el bono social (descuento del 25% del recibo para ciertos colectivos vulnerables) lo paguen todas las comercializadoras, pero no otras compañías como la semipública Red Eléctrica. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo había anulado el sistema actual por el cual lo financiaban solo parte de las empresas.

Si este miércoles cierran el acuerdo, se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes o del siguiente y llegará al Congreso y el Senado a finales de enero para su convalidación. El proyecto enfrenta algunas dificultades, ya que la protección social es competencia autonómica. Nadal ya pidió la semana pasada a las comunidades “generosidad” y que cedan algunas competencias para, por ejemplo, elaborar una definición homogénea en toda España de consumidor vulnerable o coordinar mejor la comunicación entre los servicios sociales y las empresas.

FINANCIACIÓN

Para solventar este escollo, el PSOE ha propuesto llevar el asunto a la conferencia del presidente del Gobierno y los de las comunidades del próximo 17 de enero para acordar que los Ejecutivos regionales y también los locales participen en el desarrollo reglamentario de la ley, que es donde se fijan los aspectos más concretos. Carles Puigdemont ha repetido que no piensa acudir. Catalunya, precisamente, ya cuenta con una ley de pobreza energética que prohíbe los cortes de suministro a personas vulnerables, pero no tiene desarrollo reglamentario porque el Gobierno recurrió la parte de la norma que trata sobre la vivienda.

Nadal, por otra parte, ya adelantó la semana pasada su voluntad de que las eléctricas cofinancien el coste de evitar los cortes de la luz, unos pagos a las empresas que ahora asumen en solitario los servicios sociales. Su intención es que parte de la aportación que las eléctricas hacen para costear el bono social, financie las ayudas de forma conjunta con ayuntamientos y comunidades. Paralelamente, el ministro quiere ligar el bono social al nivel de ingresos de los beneficiarios, ya que considera que el sistema actual (hogares con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensionistas con la prestación mínima, y viviendas con potencia contratada inferior a tres kilovatios: 2,42 millones de hogares y unas 7 millones de personas) incluye a perceptores que realmente no lo necesitan. Este cambio liberará recursos que se podrán destinar a costear el evitar los cortes. 

¿Qué es el bono social?

El bono social es un mecanismo regulado por el Gobierno que buscaba proteger a consumidores vulnerables con menores posibilidades económicas. Consiste en la aplicación de un 25% de descuento sobre el total de la factura de ciertos clientes acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. 

El Tribunal Supremo consideró en octubre que su sistema de financiación no es legal, al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. La sentencia consideraba que el coste de ese descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan (las verticalmente integradas, es decir, las que tienen generación, distribución y comercialización) y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

En dos sentencias, los jueces declaran inaplicable el bono social establecido en el 2013 y los principales artículos de la reforma del 2014 que desarrollaban la citada ley, estimando los recursos interpuestos por EON España y Endesa.

El bono social alcanza actualmente a unos 2,4 millones de hogares y unos 7 millones de personas, y supone un coste de unos 200 millones de euros anuales, que sufragan las compañías eléctricas. Estas han reclamado siempre que esa subvención debe asumirla la Administración, por lo que llevaron el asunto a los tribunales. Endesa aporta 77 millones, Iberdrola 71 y Gas Natural casi 28 millones.

La medida supone un ahorro medio de 180 euros anuales para los abonados que se benefician de ella. Se aplica automáticamente a todos aquellos hogares habituales con una potencia contratada inferior a tres kilovatios. También se puede solicitar en hogares con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios siempre que cumplan con unos requisitos; en términos generales pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad y familias numerosas o aquellas en las que todos sus miembros estén en situación de desempleo.