POBREZA ENERGÉTICA
El Gobierno planea ligar el bono social a los ingresos bajos
El sistema actual de la ayuda no tiene en cuenta la renta de los beneficiarios
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, planea modificar el bono social para que llegue realmente a las personas afectadas por pobreza energética. Para ello, prevé cambiar la ley de manera que los requisitos para ser beneficiario de la ayuda (un 25% de descuento en la factura de la luz) pasen a tener en cuenta los ingresos de los hogares. Así se lo ha trasladado este jueves a los grupos parlamentarios, que en general ven con buenos ojos la idea, según ha podido saber este diario.
Desde su creación en el 2009, solo han podido beneficiarse del descuento los hogares con todos los miembros en paro, las familias numerosas, los pensionistas con la prestación mínima, y las viviendas con potencia contratada inferior a tres kilovatios. Ello provoca, por ejemplo, que una pareja con muchos hijos y una renta muy alta se pueda acoger. El bono beneficia a 2,42 millones de hogares (unas 7 millones de personas), de los que las eléctricas, que llevan años reclamando el cambio que planea Nadal, calculan que unos 800.000 no lo necesitan.
Fuentes parlamentarias explican que Energía estudia ligarlo a los ingresos de los clientes "con distintos baremos" aún por desarrollar. También contempla eliminar el criterio de la potencia contratada, el que menos tiene en cuenta la situación económica de los hogares. Ello rebajará el coste actual de la ayuda (unos 180 millones de euros al año, que podrían bajar a unos 100 millones) y dejaría margen para que no paguen nada los consumidores en situación más extrema (entre 200.000 y 300.000 con un gasto de entre 18 y 24 millones de euros, según el sector).
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Energía también contempla crear un código de buenas prácticas, similar al que se hizo para evitar las ejecuciones hipotecarias, por el que las eléctricas se comprometan a no cortar la luz a personas en situación de necesidad. Las empresas podrían apuntarse al mismo voluntariamente, pero el incentivo sería grande porque de lo contrario quedaría socialmente señaladas.
Lo más urgente, empero, es solucionar la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo que consideró injusto y discriminatorio que solo una parte de las eléctricas financien el bono social. Los grupos parlamentarios han apoyado el plan de Nadal de hacer pagar a todas las comercializadoras para salvar este escollo. El ministro va a pasarles un borrador de real decreto y quiere llegar a un acuerdo cuanto antes, porque tiene que mandar una propuesta urgente a la Comisión Europea. El objetivo es que esté en vigor antes de que empiece 2017 para no tener que pagar el bono social vía Presupuestos o una subida del precio de la electricidad.
Las fuentes confirman que el Gobierno ha pedido en el Tribunal Constitucional la nulidad de la sentencia para ganar tiempo, no porque tenga muchas esperanzas de ganar. El Ejecutivo, añaden, cree que no tendrá que devolver los 500 millones aportados por las eléctricas para el bono social desde el 2014, sino solo la parte que habrían asumido las comercializadoras que van a pasar ahora a financiarlo también (unos 30 millones, que podrían pagarse con la tarifa).
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