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Las subidas y reformas de impuestos aportarán 7.000 millones más

La reforma fiscal de sociedades y los aumentos del alcohol y el tabaco supondrán 4.800 millones adicionales

Un proyecto de ley incluirá limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros para frenar el fraude

Agustí Sala Rosa Maria Sánchez

Montoro sube 7.500 millones los impuestos para cumplir con Europa. / D. CASTRO / ATLAS VÍDEO

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un conjunto de reformas, subidas tributarias y medidas contra el fraude con el fin de lograr 7.000 millones de euros adicionales en el 2017 y lograr así rebajar el déficit público desde el 4,6% del PIB con que se prevé cerrar este año al 3,1% el año próximo. Aunque en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el Gobierno estimó en 7.500 millones la recaudación adicional, en la posterior nota oficial los redujo en 500 millones.

Pese al compromiso del PP de no subir impuestos y de, en todo caso, bajar el impuesto sobre la renta, lo cierto es que una buena parte del ajuste del 2017, unos 4.800 millones, provendrán de nuevo de una mayor fiscalidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno retomará su promesa electoral en cuanto pueda: "Estamos empezando la legislatura. Que no quepa la menor duda de que cumpliremos nuestro proprama electoral, que es reducir el IRPF".  

El ajuste del nuevo Gobierno en minoría se ha hecho, en cierto modo, a la medida del PSOE (subiendo impuestos y sin recortes) y forma parte de un acuerdo más global con los socialistas que incluye la subida del salario mínimo, un mayor déficit para las autonomías o el primer paso en el destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. Montoro ha subrayado que el ajuste recae esencialmente sobre las grandes empresas, a las que se ha pedido que hagan "el mayor esfuerzo", ha afirmado.

QUEJA DE LOS EMPRESARIOS 

La parte más importante del alza impositiva procede de una reforma en el impuesto de sociedades para reducir la maraña de deducciones fiscales del tributo que debería aportar unos 4.650 millones, según los cálculos definitivos de Hacienda. Estos cambios entran en vigor este mismo año, aunque se notarán el próximo, cuando se presente la declaración del impuesto. Las deducciones recortadas afectan a la exención por dividendos, la reversión de los deterioros de valor de participaciones y la limitación a la compensación de bases imponibles negativas.

La respuesta de la patronal CEOE ha sido contundente y ha asegurado que esta medida, que se suma a la reciente aplicación de un tipo mínimo de pagos fraccionados sobre el resultado contable, lastrará la competitividad de las empresas y afectará al empleo. Los sindicatos, por su parte, aunque consideran insuficientes las subidas fiscales, las aplauden, si bien mantienen sus movilizaciones contra el Gobierno.

ALCOHOL DE ALTA GRADUACIÓN Y TABACO

Además, Hacienda espera recaudar 150 millones más por las subidas de los impuestos especiales sobre el tabaco (100 millones) y las bebidas alcohólicas de alta graduación (50 millones). Quedan excluidas de este alza del 5% el vino y la cerveza. El Gobierno recuerda que la fiscalidad de estos productos "sigue siendo de las más bajas de la UE".

Las medidas sobre el impuesto de sociedades y los impuestos especiales han sido incluidas en un decreto-ley cuya entrada en vigor será inmediata, en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente este fin de semana. 

El resto de las medidas se incluyen en un proyecto de ley que deberá tramitar el Parlamento. Así, se prevé obtener otros 200 millones ligados al nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas y carbonatadas que quiere implantar el Gobierno central y que choca con el mismo gravamen incorporado por la Generalitat en el proyecto de Presupuestos para el 2017. A su vez, el Ejecutivo estima en otros 2.000 millones los que podrá obtener con distintas medidas contra el fraude fiscal.

MEDIDAS ANTIFRAUDE 

Entre estas últimas destaca la rebaja de 2.500 euros, aprobada en el 2012a 1.000 euros del límite de los pagos en efectivo. La medida  se incluirá en un proyecto de ley, cuya tramitación es más lenta y puede incorporar nuevas medidas acordadas con los grupos parlamentarios.

Otras medidas antievasión fiscal consisten en obligar a las grandes empresas --unas 62.000, que suponen el 80% de la facturación del IVA-- a comunicar a Hacienda en tiempo real las facturas de IVA que emitan. La intención del Gobierno es implantar el conocido como suministro inmediato de información (SII) a partir del 1 de julio del 2017, que consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registros del IVA de las empresas.

El impacto económico de este sistema se estima en 700 millones, repartidos por igual entre el 2017 y el 2018. Se incluirán obligatoriamente en el sistema las empresas inscritas en el registro de devolución mensual del IVA (Redeme), las que facturen más de seis millones de euros anuales y los grupos de IVA. También se endurecerán los aplazamientos de deudas tributarias.