Hacienda limita a 2.500 € el pago en efectivo de compras y servicios

El pago en efectivo de compras y servicios se limitará a 2.500 euros. Siempre que una de las partes sea un profesional o empresa, el pago por encima de esa cantidad tendrá que dejar rastro mediante transferencia bancaria o tarjeta.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer, durante la sesión de control en el Congreso, que esta medida se incluye en el plan contra el fraude fiscal que aprobará el Consejo de Ministros de mañana. La sanción en caso de incumplir este precepto será equivalente al 25% de la cuantía del pago.

El anuncio se produjo la víspera de que el Congreso convalide la primera amnistía fiscal en más de 20 años, con la que los defraudadores se librarán de sanción con el pago de un peaje del 10%. El Gobierno pretende dar ahora signos de que equilibra la balanza y combate el fraude.

Para poner una cifra a partir de la cual no se podrán realizar pagos en efectivo Hacienda se ha inspirado en las recientes experiencias de Francia, que puso el umbral en 3.000 euros (1.500 en el pago de nóminas y a partir de 750 euros en las operaciones entre empresas o profesionales y 450 en la prestación de servicios) e Italia, a partir de 1.000 euros. Se trata de aflorar dinero que deja de tributar en operaciones comerciales por circular en efectivo, en general mediante billetes de 500 euros.

Con esta obligación se pone un obstáculo a las empresas para evitar que evadan impuestos. Se dificultarán por ejemplo las facturas falsas. Con esta modalidad, una empresa o autónomo que tributa por el IRPF y el IVA mediante el sistema de módulos emite una factura por un servicio no prestado para que otra compañía pueda desgravarse un IVA que, en realidad, no ha pagado.

PLAN DE CONTROL / El Gobierno pretende recaudar con la lucha contra el fraude un total de 8.171 millones en el 2012, según se anunció al presentar hace unos meses el plan de control tributario. En este se incluyen medidas que van desde la vigilancia «de la importación y venta de mercancías procedentes de terceros países, fundamentalmente Asia», o la indagación «sobre signos externos de riqueza» hasta la visita a polígonos industriales para aflorar actividades económicas ocultas.

Las transacciones en dinero en efectivo se han asimilado con frecuencia a la economía sumergida, aquella parte de la actividad económica legal -excluidos, por tanto, los negocios criminales como droga o proxenetismo- pero que se sustraen a la inspección de Hacienda. Lo más habitual, para no dejar rastro, es utilizar dinero en efectivo, sin facturas, cuentas corrientes o tarjetas de crédito. El tamaño de esta actividad ha sido sujeto de muchos trabajos. Uno de los más completos es el realizado por un grupo de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para la Fundación de la Cajas de Ahorros. Fue presentado en junio del 2011 y el período estudiado comprendió desde 1980 hasta el 2008.

La principal conclusión fue que cuanto más crece la economía española, más lo hace la actividad que escapa al control fiscal. En síntesis, mientras que el PIB se ha duplicado, la economía sumergida se ha multiplicado por cuatro. En porcentajes del PIB, el volumen de la producción escondida ha pasado del 12,5% entre 1980 y 1985 al 22,5% en el 2008. En euros, el volumen ocultado el último año estudiado, el 2008, alcanzaría los 220.000 millones.

El mencionado estudio de Funcas indica que se podrían recaudar 31.000 millones de euros más al año. Si se parte de la premisa de que si todo el mundo pagara impuestos, la presión fiscal sería menor, la presión fiscal podría bajar el equivalente a 4,5 puntos del PIB.

En cuanto al número de personas con trabajos no declarados a Hacienda, la cifra también crece exponencialmente. Si en los años 80 se creía que había 1,4 millones de personas dedicadas a la economía sumergida, en el 2008, la cifra podría alcanzar a 4 millones de personas. Este dato tiene una salvedad importante: hay muchos empleos que son solo parcialmente ocultados al fisco, y también hay trabajadores que ejercen simultáneamente trabajos declarados y no declarados. Tampoco se especifica la calidad de los empleos.

En cuanto a colectivos defraudadores, según un estudio del 2006 del Instituto de Estudios Fiscales, el principal grupo (47%) son los empresarios, seguidos de autónomos y profesiones liberales. En la misma encuesta se enumeran muy diversas causa del fraude fiscal, desde la falta de civismo hasta la impunidad, la necesidad de trampear o la discrepancia de los servicios que se reciben con los impuestos pagados.