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SENTENCIA EUROPEA

Las reformas para mejorar el despido de los temporales se ralentizan

La comisión de expertos todavía no se ha creado tres semanas después del acuerdo de constitución

La Abogacia del Estado recurre un fallo de Madrid a favor de los interinos mientras los sindicatos asesoran a los afectados

MERCEDES JANSA / MADRID

Empleadas de la función pública se manifiestan contra los recortes de la Generalitat, el pasado mayo.

Empleadas de la función pública se manifiestan contra los recortes de la Generalitat, el pasado mayo. / RICARD CUGAT

Tras la tempestad viene la calma. El caso de los empleados con contrato temporal y los interinos de la Administración pública que deben ser indemnizados como los fijos cuando acabe su relación laboral pegó un acelerón al conocerse las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Superior de Madrid para después frenarse en seco. Y así está, en espera de que el Gobierno nombre a sus dos expertos de la comisión que resuelva cómo aplicar decisiones judiciales y de que se solvente el recurso presentado por la Abogacía del Estado que no hace sino retrasar aún más la resolución del caso.

En el supuesto de que los expertos tengan una propuesta en el plazo establecido (un mes desde que se constituya la comisión, que ya lleva un retraso de tres semanas), después el Ministerio de Empleo deberá proponer cambios en la ley y enviarla al Congreso. Allí, el PP no cuenta con mayoría suficiente por lo que deberá pactar. Pero en eso ya hay algo adelantado. En el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy, firmado con Ciudadanos, se establecía un contrato de interinidad con indemnización creciente de 12 a 20 días por año, y es la solución que defiende la ministra Fátima Báñez. Entre el debate y aprobación del tema las Cortes pasarán varios meses, por lo que, con suerte, el tema podría estar resuelto para el verano del 2017.

En todo caso, los cambios serán para el futuro ya que no resuelven la situación de miles de trabajadores con contrato temporal y los interinos que han sido despedidos sin indemnización y que deberán acudir a los tribunales para tener sentencias, como las dos ya existentes, que les permitan cobrar. Eso si el recurso de la Abogacía lo permite ya que para algunos letrados, su presentación ha paralizado el cobro de las cantidades ya reconocidas, como en el caso de la trabajadora del Ministerio de Defensa amparada por la sentencia de Madrid.

SOLUCIONES

Por eso los sindicatos han puesto sus servicios jurídicos a disposición de los trabajadores afectados. La indemnización de los 300.000 interinos existentes podría suponer unos 4.000 millones para las arcas públicas, a las que hay que sumar el efecto de la sentencia europea en los cuatro millones de empleados eventuales.

Igual que la ministra ya tiene la solución, los sindicatos aportan las suyas. La más inmediata pasa por una regularización urgente de los trabajadores precarios y con sustituciones indebidas en las administraciones para que sean fijos, lo que rebajaría las altas tasas de interinidad, situadas ahora en el 11% de media, pero que sube al 20% en enseñanza y sanidad.

A medio plazo, los sindicatos quieren negociar una nueva temporalidad tanto para el sector público como para el privado para acabar con situaciones como la del 2015, cuando se firmaron 17 millones de contratos temporales que tuvieron una duración media de apenas 53 días.  

Para la comisión de expertos, CCOO y UGT han designado a dos profesores universitarios de Derecho del Trabajo, Joaquín Pérez Rey y José María Miranda Boto, respectivamente. Por el contrario CEOE y CEPYME han elegido a sus responsables de relaciones laborales, Jordi García Viña y Teresa Díaz Terán, respectivamente. 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha situado el "empleo de calidad" como un reto en la nueva legislatura y se ha comprometido a solucionar la adecuación a las sentencias europeas que afectan a la legislación laboral en España. "Lo vamos a hacer en el marco del consenso y el diálogo compartido" y con los objetivos de "dar seguridad jurídica a las empresas y mejorar la protección social de los trabajadores".

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