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RESCATE FINANCIERO

¿Dónde están las ayudas a la banca?

De los 53.553 millones inyectados en el sector financiero tan solo se han recuperado 2.686 millones

No se reingresarán más de un tercio de las aportaciones y todo dependerá de como se privatice Bankia

Olga Grau

El rescate del sector financiero siempre ha sido un tema incómodo para el Gobierno y una bala en la recámara para la oposición. El Ejecutivo, ahora en funciones, ha pasado de afirmar que se recuperarían todas las ayudas a la banca a una deliberada ambigüedad sobre las pérdidas para los bolsillos de los contribuyentes. La realidad es que en la actualidad tan solo se han devuelto 2.686 millones (un 5,3% del total) y que la única baza para recuperar una pequeña parte del rescate reside en el éxito o fracaso de la incierta privatización del 65% de Bankia en manos del Estado y en muy menor medida de Banco Mare Nostrum (BMN).

Bankia recibió un rescate de 22.424 millones de euros y hoy vale 8.937 millones de euros en bolsa, si el Estado vendiera ahora tendría unas pérdidas monumentales. BMN recibió ayudas por valor de 1.645 millones de euros y su valoración actual no ha trascendido porque no está cotizada, aunque diversas fuentes lo sitúan por debajo de los 1.600 millones. Excepto lo que se pueda recuperar de estas dos desinversiones, más unos 991 millones de euros pendientes de devolución por parte de Caja3 y Ceiss, el resto son pérdidas sin vuelta de hoja.

El chorro de dinero público a la banca desde mayo del 2009 sumó 61.495 millones de euros. Esta cantidad estratosférica supone 2,6 veces el presupuesto anual catalán de este año (22.884 millones de euros) o equivale a un desvío de seis puntos de déficit sobre el PIB (cada punto de desvío sobre el PIB equivale a unos 10.000 millones de euros). A menudo, cuando se habla de ayudas públicas a la banca se mezclan conceptos diversos como capital directo público, dinero que proviene de la hucha de los propios bancos, avales públicos, o garantías futuras concedidas a los bancos que se han quedado cajas quebradas por si afloran agujeros.

Desde que se inició la crisis financiera, el sector financiero ha recibido 172.390 millones de euros. Pero una parte muy importante de esta cantidad fueron avales (110.895 millones) que ya se han cancelado.

De los 61.495 millones de euros restantes, una parte importante (7.942 millones) los aportaron los propios bancos a través de una hucha constituida durante los años en los que obtuvieron beneficios conocida como el fondo de garantía de depósitos (FGD), por lo que no se pueden considerar ayudas a cargo del erario público. El resto, un total de 53.553 millones de euros, es dinero público procedente de los bolsillos de los contribuyentes y una parte muy relevante (40.000 millones de euros) se tuvieron que pedir prestados a Europa en el 2012 pasando a engordar la deuda española que supera el 100% del PIB (más de un billón).

La realidad es que hasta el momento tan solo se han recuperado 2.686 millones de euros, cantidad a la que deberían sumarse los 1.394 millones de euros obtenidos por la venta del 7,5% de Bankia pero que todavía están en el balance de BFA, su matriz participada en un 100% por el Estado. “La mayor parte de las ayudas que se han inyectado en el sector financiero se destinaron a salvar los depósitos de las cajas de ahorros para que no quebraran y luego se adjudicaron a bancos para que siguieran su actividad; no se subastaron con la condición de devolver este dinero”, explican fuentes del sector.

Cuando el BBVA pagó 782 millones de euros por Catalunya Banc fue la mejor oferta presentada para hacerse con una entidad que había recibido un rescate público de 12.052 millones de euros. Cuando Banc Sabadell absorbió la CAM por 1 euro asumió una entidad que previamente había sido saneada con 5.249 millones de euros. En ambas transacciones no tan solo se asumió en el pliego de condiciones que no habría devoluciones futuras sino todo lo contrario. En las dos operaciones el Estado se concedió garantías para enjugar futuras pérdidas si afloraban agujeros imprevistos. Por este concepto ambas ya han empezado a pasar la factura al FROB, según fuentes de la institución. Los 783 millones de euros que pagó el grupo venezolano Banesco por las antiguas cajas gallegas, ahora Nova Galicia Banco, son lo único que el Estado ha recuperado de los 9.052 millones con los que reflotó la entidad.

DESINVERSIÓN EN BANKIA

Por lo que atañe a Bankia y BMN, la ley 9/2012 de resolución de entidades de crédito obliga al Estado a desinvertir en estas entidades a finales del 2017 tras un periodo de cinco años. Pero la ausencia de Gobierno desde hace ocho meses junto al castigo en bolsa que sufre el sector bancario dificulta que se puedan cumplir los plazos sin malvender el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. Fuentes del sector financiero aseguran que lo más lógico es que el futuro Gobierno modifique la legislación para poder ampliar los plazos de venta de Bankia. Su acción cerró el pasado viernes en 0,77 euros con lo que el valor en bolsa asciende a 8.937 millones, con una pérdida de valor del 27,4% en lo que va de año. El 10 de marzo del 2014 la acción del banco valía 1,60 euros, un nivel que se ve difícil de repetir a corto o medio plazo. Una de las opciones que se ha analizado y que de momento está paralizada es la fusión de Bankia con BMN para una posterior privatización conjunta. 

Otros posibles recargos

El rescate de la banca no solo ha costado las cantidades que se han inyectado en las antiguas cajas si no que supondrá una factura mucho mayor que no se puede todavía cuantificar. En las subastas de las nacionalizadas, el Estado concedió garantías parciales a determinadas carteras crediticias e inmuebles adjudicados por si afloraban pérdidas futuras. El Banco de España reconoce que pueden dar lugar a pérdidas que no se podrán determinar hasta el final del período de vigencia de cada uno de los citados esquemas (la estimación de pérdida esperada se revisa anualmente).

A 31 de diciembre de 2015, el valor de la pérdida de estas garantías alcanzaba 10.390 millones. Hasta la fecha, se han desembolsado fondos en los casos de Caja Castilla-la Mancha (CCM) y Cajasur, en los que se anticiparon importes a expensas de la liquidación final de la garantía, y en el EPA concedido a la CAM, en el que, en febrero de 2016, el FGD realizó un primer pago por importe de 826 millones de euros. 

Además, dentro de los procesos de desinversión en entidades se han concedido otras garantías a las entidades adquirentes. La finalidad de estas coberturas, habituales en este tipo de operaciones, es limitar la responsabilidad del nuevo adquirente sobre determinadas contingencias previamente identificadas.  El valor total estimado de estas contingencias es de 19.226 millones de euros, del que se han desembolsado 1.182 millones.

Finalmente, hay que hacer constar la aportación de fondos públicos a Sareb (el banco malo inmobiliario) a través del FROB que ascendió a 2.192 millones de euros, así como los avales públicos concedidos por el Estado a la deuda emitida por la Sareb por un importe de 43.476 millones de euros. Los resultados negativos de la Sareb hacen por ahora muy difícil recuperar esas cantidades