26 feb 2020

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DÍA DEL TRABAJO

El programa electoral de los sindicatos para el 26-J

CCOO y UGT exigen al futuro Gobierno la derogación de la reforma laboral, el salario mínimo de 1.000 euros y una reforma fiscal

Antoni Fuentes Mercedes Jansa

Manifestantes en la marcha del Primero de Mayo en Barcelona. 

Manifestantes en la marcha del Primero de Mayo en Barcelona.  / JOSEP GARCIA

Las casi 80 manifestaciones convocadas por CCOO UGT en toda España han servido para fijar el programa electoral de los sindicatos para las próximas elecciones generales que se celebrarán el 26 de junio. Los deberes que los sindicatos han puesto a los condidatos incluyen como puntos principales la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en el 2012, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros junto con una nueva renta de ciudadanía así como una reforma fiscal para taponar el fraude y la elusión y, de paso, obtener más recursos para la Seguridad Social.

Marcha atrás al marco laboral de la crisis

Los líderes sindicales se han mostrado frutrados ante el fracaso de las negociaciones para formar un Gobierno de izquierdas. Después de tres huelgas generales infructuosas y de intentar frenar la reforma laboral del PP en la justicia, los sindicatos veían más cerca la posibilidad de lograr el principal objetivo de caza mayor de los últimos años. Pero la marcha atrás en la reforma laboral tendrá que esperar al resultado de las elecciones generales del 26-J.

"Hace falta un cambio radical de las políticas de los últimos años. Hay que derogar las reformas laborales y construir un nuevo marco de derechos laborales que garantice la estabilidad y el trabajo con derechos y seguridad y que refuerce la negociación colectiva", ha asegurado Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya, en su intervención al final de la manifestación unitaria del Día del Trabajo en Barcelona. 

Los puntos calientes del marco laboral modificados en los últimos años son la pérdida del control previo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por parte de la Administración, el abaratamiento del despido improcedente y la pérdida de poder de los negociadores de los convenios colectivos, especialmente los sectoriales y territoriales. En conjunto, los sindicatos exigen al futuro Gobierno que vuelva a equilibrar las fuerzas y quite poder a los empresarios en aspectos como la presentación de un ERE de despidos o de un expediente para rebajar los sueldos por causas objetivas. 

Ni las huelgas generales ni la estrategia de plantar cara en la justicia han revertido en su integridad la reforma laboral que aprobó en trámite de urgencia el Gobierno de Mariano Rajoy en febrero del 2012. Pero los sindicatos sí han logrado victorias parciales a través de sentencias judiciales que han interpretado la reforma laboral en un sentido más restrictivo de lo que había planificado el Ejecutivo. La anulación de algunos ERE como el de Coca-Cola o el reconocimiento de que los convenios se prorrogan sin límite si así se ha pactado han supuesto golpes al marco laboral con el que el Gobierno había declarado que quería fomentar la creación de empleo en las empresas.

Sueldo mínimo de 1.000 euros y renta de ciudadanía

Los sindicatos han desempolvado recientemente algunos carteles de la organización juvenil de la UGT de Catalunya Avalot con el lema 'Posa't a 1.000'. Se trata de una campaña del sindicato anterior a la crisis para conseguir que los convenios colectivos tuvieran un salario de ese importe mensual como categoría más baja. CCOO y UGT han recuperado ahora ese objetivo después de las rebajas salariales aplicadas en muchas empresas y del estancamiento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 655,20 euros mensuales.  

Los líderes sindicales han reiterado en las manifestaciones su mensaje dirigido a los partidos políticos de la necesidad de aumentar el SMI de forma progresiva en la próxima legislatura hasta que llegue al 60% del sueldo mediano, lo que supondría una renta de 800 euros el primer año. Pero además, los sindicatos han pedido a las administraciones que prediquen con el ejemplo y que adopten ese salario mínimo como referente para las contrataciones de servicios.

CCOO y UGT confían en el tirón que puede tener el SMI sobre los convenios colectivos como forma más efectiva para mejorar las retribuciones y la situación de pobreza que sufren un número creciente de parados y también de trabajadores que no llegan a fin de mes. 

Dentro de esa estrategia, las centrales han situado como otro de sus ejes prioritarios la aprobación de una renta de ciudadanía para personas sin ingresos. Por ello exigen el desbloqueo en el Congreso y el Parlament de sendas iniciativas legislativas encaminadas a poner en marcha esa renta.

Reforma fiscal para apuntalar la Seguridad Social

Los papeles de Panamá también han irrumpido en las manifestaciones del 1 de Mayo como la guinda del abultado fraude y elusión fiscal existente en España, que Josep Maria Álvarez ha cifrado en 80.000 millones anuales. Su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, puso en relación esa cifra con los 50.000 millones de reducción del gasto público en lospilares del Estado del bienestar. Los sindicatos han reclamado a los partidos políticos una reforma fiscal para taponar esa fuga de recursos y dedicar la mayor recaudación a mejorar servicios públicos esenciales. Para las centrales es imprescindible revertir la reforma de las pensiones del 2013 que supone un recorte en las actuales y en las futuras jubilaciones. Se aseguraría también la viabilidad del sistema público, cuyo mayor logro, el fondo de reserva, la llamada hucha de las pensiones se ha reducido a la mitad en los cuatro años de Gobierno del PP.

Para ello la política fiscal debería jugar un papel importante para aumentar las trasferencias de fondos a la Seguridad Social. El déficit del sistema se ha agravado en los últimos años pese a que ha aumentado la contratación. La precariedad de los  contratos y la escasez de los salarios conllevan mínimas bases de cotización que reducen los ingresos del sistema de protección.