UGT Andalucía dice que una norma justifica que se quedaran el 20% de las subvenciones

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha esgrimido este viernes la normativa andaluza que desde 2009 regula la concesión de subvenciones para justificar que el sindicato se quedara con el 20% del dinero recibido en ayudas públicas para formación y lo destinara entre otros gastos a personal, según desvela el sumario sobre la presunta financiación irregular de la central. "La norma dice que hasta el 20% de los costes directos y asociados que están definidos en las subvenciones son legales", explicó, por lo que se remitió hasta conocer el contenido exacto del sumario y comprobar a qué tipo de subvenciones hacen referencia los agentes y "si podría absorber ese porcentaje".

Castilla, que asumió el cargo el pasado mes de enero supuestamente auspiciada por sus predecesores, Manuel Pastrana y Francisco Fernandez Sevilla --ambos dimitidos por directa o indirectamente por este escándalo-- según las tesis de la Guardia Civil, volvió a insistir en que se trata de actuaciones irregulares de anteriores dirigentes, y subrayó que si se demuestra que ambos (Pastrana y Fernández Sevilla) "son culpables, deberán responder ante la justicia". Asimismo, emplazó a que hayan podido conocer el sumario de la investigación policial en su integridad para adoptar cualquier tipo de medidas desde el sindicato, aunque auguró que éstas llegarán "en breve".

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se ha saldado con registros de la sede de UGT Andalucía y empresas colaboradoras y una veintena de detenciones, mantiene imputados a los responsables del departamento de contabilidad de la central en los últimos años. Según los agentes, el sindicato levantó "una estructura empresarial creada ex profeso supuestamente para justificar el presunto desvío de fondos públicos supuestamente malversados", y aunque la investigación se centra en el periodo 2008 a 2011, las sospechas se extienden a más de una década, coincidiendo con toda la etapa de Pastrana al frente de la federación andaluza.

Entre otras prácticas irregulares, las diligencias ponen de manifiesto cómo el sindicato se quedaba el 20% del dinero de las ayudas para sus gastos internos y usaba el resto para pagar a los proveedores, o cómo negociaba con estos un descuento de gran cliente --el denominado rappel-- de hasta el 15%, una rebaja que quedaba como "bote" para gastos sindicales y que no era repercutida en las facturas que se justificaban ante la administración andaluza. Estas actuaciones se llevaron a cabo con el conocimiento de toda la ejecutiva regional, según han declarado varios testigos e imputados, que incluso cobraba sobresueldos de entre 900 y 3.000 euros con esos jugosos ingresos extras.

La Junta de Andalucía aún no ha decidido si se personará en el caso como acusación particular, como le exigió de nuevo ayer el PP, aunque valora la "celeridad" de la investigación para ajustar las responsabilidades que correspondan. Sus socios de gobierno lamentaron que prácticas "no deseables e impresentables" enturbien "el prestigio de unas siglas". Incluso el sindicato Manos Limpias, impulsor de la judicialización del caso, reclamó este jueves que el Ejecutivo autonómico no conceda ayudas al sindicato en tanto se aclara el presunto fraude masivo, y exigió la suspensión cautelar del sindicato además el cese del responsable nacional, Cándido Méndez.