INVESTIGACIÓN EN LA AGÈNCIA CATALANA DE L¿AIGUA

Fondos de la UE en riesgo

Las irregularidades en algunos contratos de depuradoras ponen en peligro ayudas europeas

Coste para el erario 8 Depuradora de Llimiana en el Pallars Jussà, ayer.

Coste para el erario 8 Depuradora de Llimiana en el Pallars Jussà, ayer.

SALVADOR SABRIÀ
BARCELONA

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Cuando se usan fondos europeos hay que ser muy cuidadoso, o las esperadas ayudas de la UE para pagar parte de un proyecto pueden perderse. Es el «riesgo» que ha denunciado la Sindicatura de Comptes tras analizar la contratación de cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) por parte de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en el 2008, a petición de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

De las obras investigadas, la depuradora de Llimiana (Pallars Jussà) ha resultado contener un cúmulo de «irregularidades en la práctica contractual» que se han saldado con un coste final de la obra mucho más caro del presupuestado y, que  «además, representan un eventual riesgo de descertificación de los fondos de la UE que cofinancian la actuación y que se prevén en un máximo de 180.000 euros», según concluye la Sindicatura.

La investigación requerida por la OLAF sobre estas depuradoras se enmarca en un expediente abierto en otra autonomía sobre ciertas estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) de tipo compacto. Su construcción es más barata que la de las no compactas, pero con un coste de funcionamiento mucho más caro por su elevado consumo eléctrico.

En muchos municipios que habían instalado EDAR compactas se dejaron de utilizar por su excesivo coste. En cambio, en el caso de la de Llimiana, sucedió al revés. Se adjudicó el proyecto de una depuradora no compacta por 422.820 euros; se solicitaron los fondos europeos FEDER para pagar una parte y, posteriormente se cambió al sistema de depuradora compacta, más barata.

Sin embargo, el coste final ascendió a 502.730 euros.

El órgano fiscalizador hace constar que el cambio se hizo «sin formalizar la modificación del proyecto» y añade que las certificaciones  de hasta el 99,7% del presupuesto se hicieron como si las obras «correspondiesen a las de una EDAR no compacta».

La ACA abrió un expediente en mayo del 2012 y llegó a conclusiones similares a las de la Sindicatura. El final del cuento puede ser un nuevo coste para el erario, en este caso solo el catalán.