Dinero pasado por agua

El Govern necesita fondos «con urgencia» para cubrir gastos sociales y relacionados con la función pública. Así lo reconoce en el decreto ley que transfiere competencias de saneamiento al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que publicó ayer el Diari Oficial de la Generalitat. De hecho vincula el cobro de unos 800 millones de euros por esta operación, aprobada por el Ejecutivo catalán el martes pasado y que requiere negociar un convenio entre la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y el AMB, a poder pagar gastos «con una fuerte incidencia social, como los de carácter sanitario, social o los ligados a la función pública». La alternativa serían nuevos recortes, añade.

La necesidad de acelerar las negociaciones entre las partes implicadas en este proceso, entre ellas el sector financiero, para poder ingresar los 800 millones antes de que acabe el año, ha hecho que el Ejecutivo catalán recurra a la «facultad legislativa excepcional del decreto ley». Para negociar y conseguir que la Generalitat reduzca el déficit en la cantidad prevista y contar, a su vez, con los 800 millones de tesorería es preciso tener aprobada la norma que transfiere competencias al AMB, que a su vez traspasará a la sociedad mixta que controla Aigües de Barcelona (Agbar) con el 85%; y a la que prevé asimismo cederle un porcentaje del canon del agua que se recauda en el territorio metropolitano durante unos 30 años.

Críticas

La operación ha sido criticada por entidades como Aigua és Vida, que afirma que el Govern «privatiza el canon del agua» y deja «inviable» la ACA, a la que quita buena parte de su principal fuente de financiación. La ACA ingresa unos 400 millones al año, de los que unos 150 provienen del área metropolitana de Barcelona. En esencia, la Generalitat traspasa una parte de los ingresos previstos por el canon del agua durante 30 años para que el beneficiario, la sociedad de AMB y Agbar, pueda obtener recursos para poder pagarle 800 millones con los que salir del paso para reducir déficit. Y eso sin afectar las cuentas del Área, que también es un organismo público.

En el decreto ley, la Generalitat asegura que ha optado por acelerar esta operación al ser «la única alternativa viable» a «una primera opción» que consistía en ceder en gestión la red de depuradoras de Catalunya y que hubiera generado un ingreso de «importe más elevado». El problema es que muchas de las estas 450 instalaciones afectadas no son propiedad de la Generalitat y otras están cedidas en gestión. El Govern considera que «sería posible» trasladar el modelo que se aplicará con el AMB «a otros ámbitos territoriales catalanes».

El Govern aprieta el acelerador porque el tiempo apremia para conseguir los más de 2.300 millones presupuestados este año en ingresos extraordinarios. Hasta hoy, solo ha recaudado unos 60 millones por ventas de inmuebles, y espera llegar a 300. A ello habrá que sumar los 800 millones previstos con esta última operación. Aún así todavía se quedará a medio camino de la suma total prevista.