NUEVO EPISODIO EN LA MAYOR privatización hecha en catalunya
El Govern alerta de que Agbar tampoco podría gestionar ATLL
El Ejecutivo insiste en el «error manifiesto» de cuestionar el concurso
Nada es sencillo en derecho. Y menos cuando está en juego la mayor privatización de la Generalitat, por 1.000 millones. Si finalmente Acciona se quedara sin gestionar Aigües Ter Llobregat
(ATLL), tampoco Aigües de Barcelona (Agbar), la perdedora del concurso, podría hacerse automáticamente con las riendas de la empresa que abastece agua a 4,5 millones de habitantes.
Así lo afirman los servicios jurídicos de la Generalitat en el recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el rechazo a suspender la invalidación de apartar a Acciona de la gestión como decidió un organismo de la propia Administración, el OARCC. En el texto insisten en el «error manifiesto» del OARCC, que dejó en el aire el pasado 3 de enero el concurso y en defender el contrato ganado por el consorcio encabezado por Acciona.
Para cuestionar la decisión recuerdan que «la oferta de Agbar tampoco cumple los parámetros establecidos por el OARCC, de manera que tampoco se le podría adjudicar el contrato». El motivo por el que Acciona no debería haber ganado (excederse en el horizonte temporal de inversiones) afectaría también a Agbar, afirman fuentes oficiales.
Los servicios jurídicos, que dependen de Presidència, recuerdan que el plan de obras no tenía carácter vinculante en la licitación, como afirmaba Agbar y como le aceptó el OARCC. Acciona no obtuvo puntuación en este apartado y Agbar sí.
En resumen, apartar a Acciona de la gestión que realiza desde el 1 de enero tendría efectos nocivos. La Generalitat no solo debería pagar indemnizaciones sino que podría ver cuestionado el déficit del 2012. Aunque solo cobró 296 millones, se anotó la totalidad del precio de la concesión, por 50 años, lo que permitió reducir en cinco décimas del PIB sus números rojos.
La Generalitat reitera que la oferta del grupo encabezado por Agbar tendría un coste adicional de 956,3 millones, «que tendría que ser sufragado por los usuarios domésticos e industriales».
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