Consumo perseguirá el 'greenwashing': expresiones como 'verde' o 'eco-friendly' pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comenzado la tramitación de una Ley de Consumo Sostenible con la apertura de una consulta pública previa. La que será la primera norma centrada en fomentar el consumo sostenible contemplará el análisis caso por caso de las declaraciones medioambientales que se hagan de productos para evitar el 'greenwashing' e incluirá, también, un índice de reparabilidad de los electrodomésticos para que los consumidores conozcan la duración de los productos, según ha avanzado este viernes la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea.

A propósito de la nueva norma, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha lanzado, además, una guía con consejos sobre buenas y malas prácticas para las empresas sobre sus comunicaciones sostenibles. El ministerio abvierte de que abusar de generalidades como 'verde' o 'eco-friendly' puede conllevar multas. La sanción representa el caso extremo de que una comunicación sea considerada como práctica desleal por infringir la normativa de consumo, lo que conllevaría multas de hasta 100.000 euros, que podrían ser sobrepasadas hasta alcanzar entre "cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido".

La intención de la nueva ley, así como de la guía, es advertir a las empresas de que "no se puede comunicar así como así" que un producto es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Recomienda evitar generalidades y apostar por un lenguaje "claro, simple y específico", incluir información que sea relevante y útil y no ocultar datos. También que la información sea actualizada, sustentada en estudios y no incluir como ventaja algo que exige la ley.

Puedan parecer obviedades, pero el 80% de las webs, tiendas online o anuncios incluye información sobre su impacto en el planeta que "no siempre es clara y substanciada, pudiendo incurrir en prácticas engañosas para el consumidor", según un estudio de la Comisión Europea citado en la guía. De hecho, el ministerio advierte de una proliferación de malas prácticas, algo que quedó reflejado en un informe elaborado por la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor, que analizó 344 informaciones y concluyó que el 42% eran dudosas y 57,5% no dan información suficiente para verificar si es cierto.

Nueva directiva

Más allá de la normativa vigente y de los códigos éticos, la Comisión Europea trabaja en una directiva sobre la "justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas" según la cual todas las empresas (salvo las microempresas) tendrán que "demostrar y verificar que es cierto todo lo que se dice en sus alegaciones medioambientales".

Entre los principales cambios de esta directiva destaca que las generalidades sobre el impacto medioambiental serán consideradas prácticas comerciales desleales "en cualquier circunstancia". Es decir, estarán sometidas a sanciones de forma directa, sin necesidad de realizar un análisis del caso, como ocurre ahora. Además, también plantea "la posibilidad de que se confisquen los ingresos de la comercialización de productos que no cumplen con los criterios establecidos en la directiva", "la exclusión temporal de los procesos de contratación pública y del acceso de financiación pública como licitaciones, subvenciones o concesiones" y, en algunos casos, de fijar multas de "al menos el 4% del volumen de negocios anual".

"El objetivo de las futuras directivas es que las sanciones sean efectivas y disuasorias. Se busca privar de sus beneficios a quienes cometan infracciones", explica el Ministerio de Consumo. Según este departamento, el 72% de la población española afirma que los certificados ecológicos y sociales influyen positivamente en sus compras y aunque el etiquetado es la principal fuente de información para todas ellas, el 20% considera que su información es confusa o ininteligible.

Ejemplos

Entre las recomendaciones de Consumo se citan muchos ejemplos, como evitar calificar un producto como "sostenible" para en su lugar decir que "ha sido cultivado sin pesticidas" o que "ha sido recolectado y elaborado a menos de 100 kilómetros" o especificar a qué parte o partes afectan estos beneficios. Por ejemplo, cambiar la descripción de una etiqueta de una botella en la que se lea "material 30% reciclado" por "envase producido con 30% de material reciclado".

También, precisar cuándo se trata sobre las actuaciones de una empresa y cuándo de las que afectan al ciclo de vida de un producto o que las empresas sean más concretas y cuando pongan "nueva fórmula más sostenible" lo cambien por "nueva fórmula: reduce un 3% la toxicidad", por ejemplo.