Los colegios blindan el menú escolar contra el efecto de la inflación

Las primeras que han levantado la voz han sido las familias de las escuelas públicas de Terrassa, que vienen denunciando, desde que empezó el curso escolar en septiembre, la escasa calidad de los alimentos y las pobres raciones de los platos de sus hijos en el colegio. El ayuntamiento de la ciudad, que es el encargado de convocar el concurso del comedor escolar en el municipio, ya ha enviado una carta a la empresa concesionaria, Mediterrània de Càtering, comunicándole que si no rectifica, el siguiente paso será la apertura de un expediente.

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¿Es posible que el eterno problema que para muchos padres (y para muchos alumnos también) supone el comedor escolar se haya convertido, con el impacto de la inflación y la subida de precios de los alimentos, en un problema aún más acuciante? "Depende de las empresas que prestan el servicio. Lo que hemos visto es que cuanto más grande es esa compañía menos atención se presta a la calidad de la comida y, en contrapartida, cuando la gestión la hacen las propias familias, por sí mismas o a través de empresas de proximidad, mejor comen los niños", responde Belén Tascón, presidenta de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (Affac).

El problema, lamenta Eduardo Montero, portavoz de la federación de consumidores y usuarios CECU, es que el presupuesto sigue siendo, en la mayoría de los casos, el principal criterio que aplican las administraciones públicas (y también las entidades privadas) a la hora de adjudicar a una empresa u otra un servicio de comedor colectivo. "Las que ofrecen menús más baratos son las que suelen ganar esos concursos y, lamentablemente, eso va en detrimento casi siempre de la calidad del producto", coincide Montero.

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De momento, y salvo flagrantes excepciones como la de Terrassa, las escuelas catalanas aseguran que están consiguiendo contener el impacto del aumento del precio de los alimentos, sin tener que recortar ni en calidad ni en cantidad. "Bueno, es que no es tan fácil coger un menú escolar y cambiarlo de un día para el otro para así poder introducir alimentos más baratos", se defiende Froilán Salgado, director operativo de Fundesplai, una entidad del tercer sector que gestiona el comedor en unos 250 colegios en Catalunya y sirve unos seis millones de comidas cada año.

Entre otras razones, prosigue Salgado, "porque existen unos contratos anuales con proveedores, que no se pueden modificar tan fácilmente" y, en segundo lugar, "porque todos los menús están estudiados por dietistas, son equilibrados en cuanto a los alimentos que los componen, tienen en cuenta los alérgenos y las intolerancias y han sido pactados con las familias". "No hay margen para la improvisación y cualquier modificación en ese menú debería anticiparse con mucha antelación", agrega.

"Quienes hemos cargado con el impacto de la inflación hemos sido las familias", denuncia Tascón, tras recordar que el precio del menú escolar, que estuvo congelado durante 13 años, desde 2008-2009, empezó a escalar en 2021 y desde entonces acumula una subida de más de 11 puntos. En ese mismo periodo, sin embargo, el IPC de los alimentos ha subido más de 30 puntos. "La del comedor escolar es otra de las muchas cargas que hemos tenido que asumir las familias, en lugar de hacerlo la Administración", añade la presidenta de la Affac, que pide que la alimentación en los centros educativos, "debería ser universal y tender a la gratuidad".

La especificidad catalana

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, en Catalunya, entre un 50% y 60% de los comedores escolares están en manos de pequeñas y medianas empresas (en muchas ocasiones contratadas por las asociaciones de familias o por los 'consells comarcals'), según cálculos de la Acellec, la patronal del sector. Un 30% los gestionan entidades del tercer sector (como la ya citada Fundesplai o Pere Tarrés), y el resto (entre el 10% y el 20%) son las que están en manos de empresas grandes como Eurest (bajo el nombre de Scolarest), Serhs o Clece, una empresa multiservicios del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez.

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En el conjunto de España, el sector se encuentra bajo las manos de cuatro grandes empresas: Serunion, (que gestiona un tercio de los comedores de escuelas públicas españolas), Eurest, Aramark y Ausolan. Salvo la última, que pertenece al grupo Mondragón, las otras tres son filiales de distintos grupos empresariales extranjeros.

Contratación pública más saludable

Una de las pocas administraciones públicas que ha tomado medidas para poner coto a la situación es la Generalitat, que hace algo más de un año adoptó un acuerdo para que las empresas públicas y otras instituciones (como las universidades) incorporen cláusulas que permitan promover en los comedores colectivos una alimentación "saludable, ecológica, de proximidad y contra el desperdicio alimentario". A la iniciativa, que de momento es de adhesión voluntaria, se sumaron entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del año pasado un 62,3% de los contratos de servicios alimenticios que firmó la Generalitat y otros organismos adscritos.

En 2022, los departamentos de la Generalitat sacaron a concurso 144 adjudicaciones públicas relacionadas con productos de alimentación y servicios de hostelería, por un importe de 20,18 millones de euros. El año anterior, aún con el covid coleando, los contratos públicos de la administración autonómica en este ámbito fueron 117 y el montante de las adjudicaciones había ascendido a 11,25 millones.

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