El gobierno de Collboni aprueba la tasa de terrazas en Barcelona con una rebaja a las más pequeñas

El Ayuntamiento de Barcelona ha allanado el camino este miércoles para que la nueva tasa de terrazas entre en vigor. Si bien el gravamen sube tras estar bonificado en un 75% como compensación a la pandemia, la recaudación estimada se reduce de ocho millones de euros previstos en 2020 antes de la irrupción del Covid a una suma entre 4,5 y 5,5 millones de euros en 2024. Tras superar el corte de la aprobación inicial en el pleno municipal de noviembre, el gobierno en minoría del PSC encabezado por el alcalde Jaume Collboni contó con el apoyo de Junts -con quien pactó una rebaja centrada en las terrazas más pequeñas-, PP y Vox en la comisión de economía, paso previo a la ratificación en el pleno de la semana que viene, cuando se formalizará la aprobación definitiva. Barcelona en Comú y ERC han votado en contra.

Los grupos municipales han trasladado de urgencia el debate sobre la ordenanza fiscal a la comisión tras cerrarse el período de alegaciones. El Ayuntamiento ha desestimado los recursos presentados por el consejo de gremios de comercio, servicios y turismo, el gremio de churreros y la asociación de la Fira de Santa Llúcia, que defendían mantener la bonificación vigente desde 2020. El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha argumentado que no procedía porque la subvención se amparaba en la alerta instaurada por la pandemia, ya levantada.

También se han desechado las alegaciones de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB). Entre los distintos motivos que el movimiento vecinal aducía, Valls ha desechado que la reducción de la tasa comprometa la estabilidad financiera del Ayuntamiento. “Hablamos de 4,5 a 5,5 millones de euros sobre un presupuesto de 3.500 millones”, ha distinguido.

El teniente ha defendido que la ordenanza de terrazas es “equilibrada” y contiene un “principio de progresividad importante”. La concejal Victòria Alsina (Junts) ha señalado que la entente por la tasa “da solución al incremento desorbitado de 2020”, “ayuda a pequeños negocios a evitar el cierre” y concede “tiempo para trabajar en una buena ordenanza” de cara a 2025. 

En cambio, Janet Sanz (BComú) ha afeado al PSC que tire adelante “un acuerdo con la derecha de la ciudad”. “Trasladamos la presión de la especulación a nuestra calle, privatizando en exceso las calles, sin poner precios que justifiquen el uso del espacio público. Como dice la FAVB, es un privilegio injustificable”, ha opinado. Jordi Castellana (ERC) también ha juzgado demasiado bajo el precio de la tasa “en una ciudad densa con competencia por el espacio público”.