Vecinos de Barcelona y otras ciudades advierten de estas 'lagunas' en la regulación del alquiler

A partir de febrero Barcelona y otros 159 municipios catalanes podrán aplicar una limitación de precios en los nuevos contratos de alquiler de vivienda, basados en un índice de referencia que muy pronto hará oficial el Gobierno. Sin embargo, entidades vecinales de la ciudad, de Catalunya y del resto del Estado tienen claro que la medida y, en general, la nueva Ley de Vivienda se ha dejado en el tintero muchos cambios necesarios para frenar la crisis de la vivienda. Tras análisis y reuniones, recogen sus conclusiones en la Declaración de Barcelona sobre vivienda, que toma el nombre de la capital catalana porque fue la instigadora: Desde políticas antigentrificación, a regulación de los alquileres temporales, reforma de la fiscalidad o propuestas para frenar la especulación y ampliar la oferta, que harán llegar a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, a la que han pedido una reunión urgente.

La Declaración que este lunes se ha presentado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya suma el trabajo de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB). La suscriben entidades de diversas urbes y comunidades autónomas: Madrid, Barcelona, València, Córdoba, Zaragoza, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Murcia, Valladolid, Gijón, Vigo, La Coruña, Bilbao, Elche y Catalunya que comparten el problema del acceso a la vivienda y los precios disparados.

Catalunya es la única comunidad que se acogerá a la regulación de precios, pero incluso con esta medida en marcha, la FAVB urge a introducir otras muchas políticas que supongan cambios en la demanda. Y es que el sector inmobiliario pronostica una caída en picado de la ya escasa oferta pisos en alquiler (que se desviarán al temporal o la venta) en cuanto se ejerza un control de precios. Desde la comisión de Vivienda de la federación barcelonesa, Jaume Artigues defiende que el tope en los precios estabilizará precios y también contratos, ya que muchos propietarios preferirán las prórrogas a los cambios de inquilino, como ya sucedió cuando Catalunya implantó su propia y efímera limitación, pero que no bastará.

Decálogo principal y muchas acciones

Entre las muchas propuestas de la declaración, destacan algunas acciones. Para empezar, reclamar al Gobierno central que inicie ya la aplicación de la Ley de Vivienda. Urgen también a las comunidades autónomas a declarar las zonas tensionadas, algo que han descartado muchas, especialmente si las gobierna el PP. Piden que se impulsen proyectos de vivienda protegida invirtiendo el 2% del PIB. También que se impulsen ayudas a la rehabilitación en barrios vulnerables hasta el 3% anual.

Otro punto es "proteger el 30% de vivienda asequible" en los planes urbanísticos. Así como prohibir la venta en el mercado privado de suelo e inmuebles públicos. Artigues ha hecho hincapié en la necesidad de "eliminar las exenciones fiscales de las SOCIMIS y SICAVS", ya que las condiciones ventajosas que encuentran incentivan sus inversiones y alteran la demanda natural de vivienda, inflando los precios.

La criticada Golden Visa, que permite la residencia a extranjeros que compran viviendas de más de 500.000 euros también es rechazada y se plantea que se exijan cuatro años para la adquisición de un piso. Se reclama la regulación de los alquileres de uso turístico, temporal y de usos comerciales. Y mejorar el sistema de registro de contratos y de vivienda vacía.

La Dreta de l'Eixample destina cada mes una finca completa a pisos de lujo

Más allá del decálogo, el documento disecciona decenas de acciones concretas que plantean en materia urbanística, fiscal y de colaboración entre administraciones. Para Anna Menéndez, vicepresidenta de la Favb, sobre la profunda crisis de la vivienda flotan los conceptos clave de gentrificación y especulación sobre todo "ligados a la turistificación" de muchas zonas. Artigues, que también es presidente de la asociación de vecinos de la Dreta de l'Eixample, ha subrayado que los precios de la vivienda cabalgan al ritmo de hace más de una década y se ceban en las clases medias y bajas.

Cree que hay que introducir la gentrificación y el derecho al realojamiento en las regulaciones, prohibiendo usos turísticos si afecta a la pérdida del parque de vivienda, ha subrayado, tras alertar de la "Barcelona en venta", un mapa que recoge casos de "desahucios invisibles", no por impagos sino mediante 'mobbing' y no renovación de contratos cuando se producen ventas de edificios a grandes fondos e inversores.

Las confederaciones han criticado duramente que la escasa dotación presupuestaria para vivienda(0,5% en España) y pedido la creación de empresas público-privadas, derecho de tanteo y retracto y cesión de suelo a entidades sin ánimo de lucro.