El IMET ingresó 800.000 euros con la tasa a las VTC anulada ahora por el TSJC

El Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ingresó entre 2022 y 2023 un total de 794.000 euros gracias a la tramitación de las solicitudes para obtener una licencia de vehículo de alquiler con conductor. La cifra, facilitada a este diario por el propio organismo, es ostensiblemente inferior al cálculo que aportaba el propio sector, 1,5 millones de euros y 3.000 demandas. En total, este ente público tramitó 1.588 tasas a autónomos o empresas que pidieron la autorización para realizar esta actividad de carácter urbano, es decir, dentro del ámbito de los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La ordenanza fiscal que avalaba este canon ha sido anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, sin embargo, no obliga a la Administración a devolver el dinero. Tampoco a los que se les fue denegada la licencia, cosa que sucedió en 623 ocasiones con un total de 311.500 euros embolsados. Todo unido alumbra otro dato importante, el de las credenciales aprobadas y que, por ende, circulan por el AMB con la licencia urbana. Son 965.

A este millar habría que añadir un número indeterminado de licencias (debería ser una cifra muy residual) que todavía no han dado el salto al permiso urbano porque todavía gozan de la moratoria del decreto estatal que debería vencer ahora. Aquella norma, aprobada en septiembre de 2018, daba cuatro años de margen para ponerlo todo en orden y abría la puerta al doble permiso: el del Ministerio de Transportes y el de las autonomías o entes metropolitanos, como ha sido el caso del AMB a través del IMET. Así nació la controvertida tasa de 500 euros, una cifra muy superior a lo que se cobra en el resto del España (entre 20 y 50 euros).

La justificación

La sentencia anula la ordenanza fiscal aprobada a mediados de 2022 porque, entre otras cosas, no considera acreditado el sobrecoste teniendo en cuenta que debía responder a unas inversiones que no se hicieron. Como la contratación de un 'software' que finalmente no llegó o el fichaje de más efectivos para asumir las solicitudes. El IMET asegura que sí hubo un "refuerzo de personal". "Hizo falta que se dedicaran hasta seis personas más de forma expresa". Eso, sin embargo, no implica un incremento de la plantilla, sino un traslado de funciones.

El propio organismo lo confirmaba a este diario en noviembre de 2022, cuando, por cierto, se aseguraba que eran cerca de 3.000 las solicitudes (entonces sí cuadra ese millón y medio denunciado por la asociación VTC Gran Turismo) y no las 1.588 que afirma ahora el Instituto Metropolitano del Taxi. Maria Teresa Carrillo, gerente del IMET, explicaba entonces a este diario que casi la totalidad de los empleados del ente público estaba trabajando en la tramitación de las credenciales, pero nada comentó sobre ampliar el equipo.

Sobre la posible devolución de la tasa, el IMET no tiene intención de reembolsar los 500 euros, entre otras cosas, porque la sentencia del TSJC que anula la ordenanza fiscal no obliga a ello. Y en cualquier caso, detalla un portavoz, el cobro era por los trámites, no en función de si se obtenía o no la licencia. Josep Duran, miembro de la junta directiva de VTC Gran Turismo, entidad que representa a unas 500 credenciales de alquiler de vehículos con conductor, ya avanzó en este diario su voluntad de impulsar una demanda colectiva, sobre todo por parte de los que pagaron y vieron cómo su solicitud era rechazada. "Si pides un permiso de obra, solo pagas si realmente te lo dan. Aquí debería ser lo mismo", resume.

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