Las VTC de Barcelona estudian una demanda colectiva para recuperar el dinero de la tasa anulada del AMB

En el fútbol se habla del 'entorno' cuando se quiere hacer referencia a todos aquellos elementos que, de manera tangencial, afectan al desarrollo de un club. Si se usa, suele ser en negativo, no nos engañemos. Trasladado al mundo del taxi y las VTC, el entorno es la Administración pública y todas las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 15 años. Aunque es justo admitir que los 'jugadores' también han puesto, y mucho, de su parte para que el fuego no perdiera altura.

El último episodio es la sentencia que anula la tasa de 500 euros que el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) cobraba a los solicitantes de licencia urbana de VTC para poder operar dentro del ámbito de los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En noviembre de 2022, el propio IMET informaba de que tenía sobre la mesa unas 3.000 peticiones. Si cogen calculadora, les sale 1,5 millones de euros, cifra que el sector considera "injustificable".

Sin retorno

Especialmente sangrante les parece que el IMET no tenga intención de devolver el dinero ni tan siquiera a los que les fue denegada la credencial después de abonar ese pequeño dineral. "Es un auténtico pelotazo", denuncian los afectados. Por todo ello, barajan la posibilidad de "presentar una demanda colectiva" para recuperar el dinero que en su momento abonaron para poder operar sus coches de alquiler con conductor.

La sentencia, analizada al dedillo por este diario pero avanzada el miércoles por 'La Vanguardia', no compra el argumento de la "vulneración del principio de igualdad" esgrimido por las distintas empresas demandantes, entre ellas una filial de Cabify, que advertían en su escrito al juez de que esta tasa, en la mayoría de ciudades españolas, oscila entre los 20 y los 50 euros. Lo que sí considera demostrado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es que esos 500 euros no tienen una base legal: "Es por ello que la insuficiente justificación de los valores de mercado en el estudio económico financiero que justifiquen el importe de la exacción, como así acontece en el presente supuesto, supone un vicio de nulidad que afecta a la propia ordenanza fiscal".

Plantilla y 'software'

Es decir, las razones que dio el IMET para imponer esa cuantía no se han cumplido, como un programa informático que al parecer era necesario pero jamás se compró o un incremento de la plantilla que no se produjo. Ni el IMET ni el AMB presentaron recurso (cosa insólita, pues siempre suelen contratacar en estos casos), con lo que la decisión ya es irrevocable y la tasa queda anulada. ¿Significa esto que se van a devolver los 500 euros? Según la entidad pública, el TSJC "se limita a pedir la nulidad de la ordenanza fiscal, sin incluir ninguna petición de nulidad de las liquidaciones de tasas". O sea, que por parte del IMET, aquí paz y después gloria. Ni los que obtuvieron un 'no' por respuesta verán su dinero, si no hay cambio de parecer.

No lo ve igual la asociación VTC Gran Turismo, que concentra unas 500 licencias clásicas, las que ya funcionaban antes de la irrupción de plataformas como Uber, Cabify o Bolt. Josep Duran, miembro de la junta directiva, no descarta vestir una demanda colectiva para reclamar el dinero a la Administración. "Sobre todo por parte de las personas que pagaron y les fue denegada la licencia", sostiene.

Porque, a su modo de ver, al no haberse podido beneficiar de la transacción, y una vez el juez anula la tasa al no considerarla ajustada a ley, "no hay ninguna razón para que no se les devuelva la inversión". El propio Duran pidió tres licencias y le dieron solo una, así que en su caso reclamaría, como mínimo, 1.000 euros. Según el IMET, "la declaración de nulidad de una disposición general, tal y como ha asegurado el Tribunal Supremo reiteradamente, no comporta la anulación de los actos dictados en aplicación de la misma que sean firmes y consentidos". O sea, el abono de la tasa era por la solicitud, no por la concesión.

Doble credencial

Este diario ya les contaba en noviembre que el IMET tenía sobre la mesa cerca de 3.000 solicitudes. Lo confirmaba la propia institución, que puntaliza que llegaron antes de la aprobación de la tasa. En caso de haber prosperado todas, saldría ese 1,5 millones de euros que advierte el colectivo.

La cosa nace con la doble credencial que un decreto estatal estableció en 2018 (con cuatro años de moratoria): la licencia del propio ministerio y la que podrían establecer los gobiernos autonómicos o metropolitanos, como fue el caso de Barcelona. De ahí que el AMB, a sabiendas del aluvión de peticiones que se le vendría encima con la llegada de 2023, creara esta nueva tasa de 500 euros que ahora queda anulada. A todo esto hay que sumar un par de decretos catalanes que han limitado mucho el negocio en cuanto al tipo de vehículo, acreditación de veteranía o condiciones de explotación: reserva anticipada o el veto a circular de vacío por la calle en busca de clientes.