Las consecuencias de una votación perdida

Ordenanzas de aplicación retroactiva: Barcelona explora una salida inédita para salvar el pacto de terrazas

La oposición tumba las ordenanzas municipales de Collboni y la tasa de terrazas

Collboni y la restauración alcanzan un acuerdo que evita otra guerra por las terrazas

Colau aprueba las ordenanzas fiscales por primera vez en cuatro años

Collboni, durante el pleno de este viernes.

Collboni, durante el pleno de este viernes. / Pol Solà / ACN

Toni Sust

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Jaume Collboni tiene desde el pasado viernes un plato indigesto sobre la mesa. El alcalde afronta el riesgo considerable de ser recibido con cierto mosqueo cada vez que se siente en la terraza de una bar o de un restaurante los próximos cuatro años.

Y eso podría sucederle si su gobierno no encuentra la manera de evitar que los establecimientos del sector de la restauración acaben pagando en 2024 una tasa de terrazas que multiplique por cuatro la que han estado abonando desde 2020. Porque eso es lo que pasará si nada cambia después de que el viernes en el pleno municipal todos los grupos rechazaran las ordenanzas en su globalidad y de la de terrazas en particular, en una votación separada.

Las ordenanzas de Colau

Ahora mismo, el Ejecutivo local analiza una opción que nunca se ha utilizado: aprobar las ordenanzas inicialmente a finales de noviembre y definitivamente con el 2024 ya iniciado, y lograr que sean de aplicación retroactiva, con fecha del 1 de enero. Algo sin precedentes y en principio no permitido, pero que el gobierno considera legalmente posible. Así lo confirman varios de sus interlocutores en este complejo proceso.

En sí mismo, que las ordenanzas no prosperen no es algo que tenga un efecto tremendo ni que no haya pasado otras veces. En su primer mandato, Ada Colau solo logró aprobar las primeras, las de 2016, pero no pudo evitar que la oposición tumbara las de 2017, 2018 y 2019. Como Collboni, tenía un equipo de gobierno exiguo, 11 concejales. De hecho, un edil más que el socialista. En ambos casos, muchos menos representantes de los que dan la mayoría absoluta: 21 de los 41 concejales que hay en Barcelona.

De dos a ocho millones al año

Pero la prórroga obligada de las ordenanzas de Colau no tuvo consecuencias llamativas, no afectó de forma decisiva a sector alguno. En cambio, el hecho de que las de 2024 no se aprueben impedirá que se oficialice el pacto alcanzado por el gobierno de Collboni con el Gremi de Restauració, y mantendrá vigentes las tasas de terrazas del 2020.

Esas tasas, fijadas en 2019, experimentaron un incremento significativo respecto de las anteriores, pero nunca se llegaron a aplicar, porque con la pandemia del covid, y amparándose en las normas aprobadas por el Gobierno central para compensar las pérdidas económicas provocadas por la crisis sanitaria, el consistorio optó por bonificar en un 75% el pago.

Al hacerlo eliminó en la práctica el aumento. Por las tasas de 2020, contando a todos los establecimientos de la ciudad, el consistorio debía recaudar ocho millones de euros al año. Tras la bonificación, el ingreso quedó en la cuarta parte: dos millones. Esto, que se ha contado ya mil veces en los últimos días, es el corazón del problema.

La negociación de Valls

Porque si la ordenanza se prolongara con la bonificación, el ayuntamiento ingresaría los dos millones anuales citados. Que es menos de lo que la lógica indica que debe percibir, a la vista de que el sector ha recuperado su actividad. Pero por lo menos se evitaría una nueva guerra por las terrazas. Si nada cambia el resultado del viernes, los restauradores tendrán que pagar los ocho millones nunca abonados, sin rebaja alguna.

Para evitar ese salto y a la vez dar por acabada la bonificación, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, propuso meses atrás una revisión de la ordenanza que implantaba un sistema progresivo por el que quien más mesas tuviera más pagara, y que dejaba la recaudación anual en 5,8 millones.

El pacto con el sector

Era una propuesta no acordada con el sector, con el que, finalmente, Valls cerró un pacto que rebajó el ingreso previsto a 4,6 millones anuales. Esta es la norma que debía pervivir si la oposición respaldaba la ordenanza.

El debate ya no es en este caso si los restauradores pagan demasiado o demasiado poco por las terrazas.dos posiciones que tienen sus defensores. Lo que es innegable es que para los restauradores pasar a pagar el 400% de lo que abonaban sería impactante y conllevaría un conflicto que no le iría muy bien a un gobierno como el de Collboni, pendiente de lograr apoyo para aprobar los presupuestos y de encontrar un socio entre Junts o Barcelona en Comú y ERC para que en la ciudad haya un gobierno amplio que gane las votaciones en el plenario. El grupo de Xavier Trias es, por cierto, a quien el gobierno de Collboni acusa de frustrar el pacto con el gremio y de dejar tirados a los restauradores, ya que confiaba en que apoyaría la norma.

Las opciones

Así las cosas, las opciones para deshacer el entuerto son pocas. Por un lado, está la solución propuesta por Junts: la convocatoria de un pleno extraordinario antes del 7 de noviembre para fijar en él una prórroga de la bonificación del 75% para 2024, es decir, seguir con los dos millones un año más.

Esa opción se juzga potencialmente inviable por dos motivos. Uno es que no hay norma estatal que sustente una bonificación así en función de la pandemia del covid, aunque hay dudas sobre si podría esquivarse esa restricción. Otra, que el consejo tributario debería hacer un informe sobre las ordenanzas antes del pleno extraordinario, y es probable que no haya tiempo ya para ello.

La subvención inviable

Otra opción teórica es crear una subvención para los restauradores que equivalga a la bonificación del 75% o a una compensación inferior que sitúe las cosas en los términos pactados por Valls con el sector. Pero eso es ilegal, sostienen fuentes conocedoras del asunto, que advierten de que en el pasado ha habido casos en los que medidas similares han tenido que ser anuladas.

La última salida, inédita, es la citada al principio. La aprobación inicial de las ordenanzas en su globalidad, o la de terrazas de forma aislada, en el pleno municipal de noviembre, lo que, dada la tramitación prevista, incluido el periodo de exposición pública, llevaría su aprobación definitiva a enero o febrero. Pero logrando que sean de aplicación retroactiva, con efecto del 1 de enero. Lo que, claro está, pasaría por un acuerdo por Junts, hasta ahora no alcanzado pero no imposible. Y si todo esto que suena tan complejo acaba siendo viable, Collboni podrá irse a una terraza a tomar un café o una ensalada sin temor a que le miren mal.  

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