Admitida a trámite una querella de taxistas contra VTC por "trampear" las ITV

El juez de Instrucción número 7 de Madrid ha citado a declarar como querellados al fundador de Tuenti, Alexander Dentzel Zaryn, y al cofundador del Grupo AURO, Hugo Arévalo, en relación a una querella interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Taxi Project contra una docena de empresas de VTC por presuntamente "trampear" ITV.

En un auto dictado el pasado 3 de mayo, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acepta a trámite la querella y acuerda citar a declarar a una serie de empresarios como Hugo Arévalo, Félix Ruiz Hernández y Alexander Dentzel Zaryn. Los señalamientos están fijados para los próximos días 4, 6 y 7 de julio.

Las asociaciones- de taxistas denuncian que una docena de empresas de VTC trampeaban las ITV y empleaban vehículos de 'renting' con los que poder lucrarse. Según la querella, "las empresas sorteaban sus revisiones obligatorias, con el consiguiente peligro para los usuarios".

A todos ellos, las entidades del taxi les acusan de "adscribir vehículos a las autorizaciones sin cambiar su código de clasificación en la ficha técnica y en el permiso de circulación".

Tal y como señalan, esta práctica fraudulenta consiste en un doble juego "ilegal a corto y largo plazo". Así, explican las asociaciones del taxi que, por un lado, las VTC sortearían las revisiones anuales obligatorias de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el pago de estas.

Por otro, estarían usando vehículos de 'renting' con un código de clasificación "trampeado". Una fórmula "que les permite ahorrarse un 60% de las inspecciones comparándolas con el sector del taxi", afirman las entidades denunciantes.

Práctica insegura e ilegal

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), ha recordado que "con estas prácticas, las administraciones han recaudado menos tasas y, además de ser una práctica fraudulenta, ponen en peligro la seguridad de sus pasajeros".

Ante esa mezcla "entre inseguridad e ilegalidad", advierte Sanz, "si un vehículo de estas plataformas sufre un accidente, sería muy complicado que los usuarios tuvieran garantizados los derechos que la normativa exige".

Así, entre las empresas señaladas por la FPTM y Taxi Project en la querella se encuentran Radio Taxi Barcelona, Freetown Business, Nextband, Autos Lavapiés y VTC Felp Transfer, además de una serie de directivos del Grupo AURO, que trabajan con Uber, Cabify y Bolt.

Desde la FPTM recuerdan que este grupo cuenta con el agravante de que fue elegido por la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad en junio de 2022 para el servicio de traslado de sanitarios, "lo que supuso un desprecio al sector del taxi tras su labor de traslado de facultativos durante los meses más duros de la pandemia".

"Pasotismo" de las instituciones

Por su parte, el coordinador de Taxi Project, Alberto Álvarez, ha señalado el "hartazgo" y la "absoluta perplejidad" ante el "pasotismo de ciertas instituciones" en lo referente a la seguridad de sus ciudadanos.

Así, denuncia "el visto bueno de la administración de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía hacia las prácticas de los VTC que, cada vez más, campan a sus anchas como Vehículos Temerarios Consentidos".

Aseguran ambas asociaciones que este es "el principio de una serie de denuncias que se interpondrán contra estas plataformas, que incumplen de manera sistemática la normativa de transporte en la gran mayoría de Comunidades Autónomas".

Taxistas de Barcelona celebran la noticia

El portavoz de la asociación profesional Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, ha asegurado a los medios que esta noticia es una "bomba" que representa "un antes y un después en la lucha contra los especuladores de las VTC".

El sector del taxi en Barcelona lleva tiempo en pie de guerra contra las plataformas digitales de VTC como Cabify, Uber o Bolt. Reclaman al Govern que se den un máximo de 1.800 licencias a estos operadores, para evitar "la formación de oligopolios y monopolios”; y también piden que estas aplicaciones se regulen como operadores de transporte del taxi para que no encuentren "vacíos legales" para poner los precios que ellos quieran y saltarse la tarifa regulada, algo que para ellos es "la ley más sagrada".