Los bares del Raval alertan de una eclosión de botellones por sus recortes horarios

Considerada zona tensionada, la calle de Joaquim Costa y las del entorno de la sala de fiestas La Paloma, en el Raval, suman varios meses de recortes horarios y reglas del juego específicas aplicados por el ayuntamiento para reducir el ruido y mejorar el descanso vecinal en la zona. El balance de esas limitaciones, según se queja el Eix Comercial Raval, es una reducción mínima de dos decibelios, acompañada de una caída de la facturación de más de 5.000 euros mensuales por local, el despido de una quincena de trabajadores y el fomento del botellón en la zona y su perímetro, una vez cierran los bares a las dos de la madrugada, o las terrazas a las 23.00 horas. Así lo han denunciado este jueves durante la presentación del Plan de Pacificación para conciliar a vecinos y negocios, donde se ofrecen a trabajar por la convivencia de actividades, ante la "no acción" del consistorio, ha lamentado su presidente, Jordi Bordas, que alerta del aumento sin tregua de 'lateros' y consumo de alcohol en calles y plazas.

La delimitación de las zonas tensionadas de ruido provoca algunos efectos secundarios que el colectivo ha denunciado hoy. Para empezar, que al doblar la esquina de una calle con limitaciones el horario de cierre en fin de semana pase a ser ya las 3.30 horas, lo que perjudica a los pequeños empresarios del ojo del huracán, creen. El cliente a veces elige los que cierran más tarde, u opta por seguir en la calle cuando se baja la persiana de las 2.00 horas. "Los lateros se frotan las manos", dice Bordas. Y una masa de gente se desplaza a puntos como la plaza de Aureli Capmany.

El barrio ha sido objeto de reiteradas quejas por ruidos de los residentes en las zonas más concurridas de noche, y la afluencia se multiplica los meses de verano.

"Somos los primeros interesados en una buena convivencia, porque muchos también vivimos en el barrio", apunta el empresario Federico Quintanilla, quien se queja de que el ayuntamiento ponga el foco en los locales, en lugar de poner medios para que no haya ruido en la calle. El eje comercial cuenta con 132 asociados, de los que 68 son bares y restaurantes. En la zona tensionada se concentran 16 bares (incluida una coctelería considerada la séptima mejor del mundo), que en los últimos meses han encajado una treintena de sanciones, que Bordas considera que no deberían ser imputables a los locales. Así, la regulación de la zona en cuestión responsabiliza a estos de cualquier concentración de grupos a partir de las 20.30 horas si están a menos de 10 metros de un establecimiento. Grupos que fuman o que consumen latas de cerveza, por ejemplo. "Y no hay ni un solo bar que venda latas", critica. Además, sus porteros no pueden intervenir en la vía pública.

Contra las decisiones municipales

Cree que se avecina un "verano muy caliente" porque la gente permanecerá en las calles y el efecto sobre el descanso vecinal será aún peor. Las soluciones que aporta el colectivo pasan por "diálogo con el ayuntamiento y acuerdos". Por ejemplo, se avienen a cerrar antes una parte de los negocios si se les compensa con alguna terraza en la confluencia de Joaquim Costa, donde hay espacio, dicen (una fórmula similar se hizo en Gràcia). U otros ajustes horarios "de microcirugía", según los casos. Hasta ahora, todas las decisiones del distrito de Ciutat Vella han sido "unilaterales". "Nos enteramos del recorte horario por la prensa", agrega.

En este escenario, los comerciantes advierten de la caída de facturación en las pequeñas estructuras empresariales de la zona tensionada, "el riesgo" de que sobrevivan, la pérdida de empleos y la posibilidad de que la oferta acaba en manos de grandes grupos empresariales, con más recursos económicos y jurídicos, dice Quintanilla. "Tal como se están haciendo las cosas desde las instituciones se provocará el cierre de negocios. Hay una amenaza para el comercio del barrio", añada el presidente, subrayando que no quieren "un vecino enfadado, sino un vecino cliente".

Para intentar que la cosa pase a mayores, han presentado un Plan de Pacificación, que abarca distintas vertientes. Para empezar, un servicio de mediación profesional y experimentado entre los locales y vecinos o comunidades quejosas, que ellos financiarán, tratando de buscar soluciones a problemáticas específicas antes de llegar a la denuncia policial o el "acoso", dicen. Ponen como ejemplo a un vecino que lanza sistemáticamente botellas de agua llena a los clientes que llegan a la zona.

Además, impartirán formación a todo el personal de la zona para "reaccionar ante situaciones de conflicto" de forma conciliadora, con los viandantes que generen ruidos, con clientes confictivos o con quejas. Esto incluirá convertir los locales en "puntos seguros" para mujeres y colectivo LGTBI donde se puedan denunciar situaciones de riesgo, los locales recibirán una distinción de Punto Lila.