El fiscal se opone a la suspensión de las obras de la 'superillas' del Eixample

El fiscal de Medio Ambiente Toni Pelegrín ha presentado en el juzgado un escrito en el que se opone a la suspensión de las obras de la 'superillas' o ejes verdes del Eixample solicitada como medida cautelar por el arquitecto jefe del consistorio en la época de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferràn Grasas en la querella presentada contra la alcaldesa Ada Colau y a la teniente de la alcaldía Janet Sanz. El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona abrió en marzo diligencias de investigación al considerar de que hay indicios de que podría haberse cometido un delito urbanístico y otro de malversación de fondos públicos, por lo que requirió expedientes y documentación al Ayuntamiento de Barcelona.

Fuentes de la Fiscalía de Barcelona han informado de que Pelegrín se ha opuesto a que se suspendan las obras porque él mismo y antes de que se admitiera la querella de Acebillo ya había investigado estos mismos hechos y decidió su archivo, al considerar que no existían "elementos bastantes" para estimarse que se haya cometido un delito contra la ordenación del territorio. Según la fiscalía, para la realización de una ordenación de ese espacio público, en la forma establecida por esos ejes, no es necesaria previamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), como defienden los querellantes. Su decreto de archivo exponía que no resulta necesaria la modificación del PGM para realizar la reforma las calles afectadas, "siempre y cuando se garantice el mantenimiento de su función como vías de la red local" y cuando no se modifique su "funcionalidad".

Joseo Antoni Acebillo y los dos abogados solicitaron en la querella contra Ada Colau y Janet Sanz que, como medida cautelar, se ordenada la paralización de las obras de las 'superilles' en el Eixample para, según ellos, "evitar la plena consumación" de los delitos que consideran que se puedan estar cometiendo y los perjuicios que se pueden directos que pueden ocasionar y que cifran en más de 100 millones de euros. En este sentido, la togada solicitó el parecer de la fiscalía.

Infracción normativa

Los querellantes sostienen que "nos hallamos ante una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos". En su opinión, también afecta al erario público, "pues solo el concepto de arrancado del asfalto y su eventual reposición" supondría unos gatos de 100 millones de euros.

El escrito añade que se está promoviendo "un cambio radical en la vialidad y en el sistema de movilidad" en el centro de la capital catalana, "eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas". Pese a esa trascendencia y "su evidente impacto" en las personas, bienes y negocios, este proyecto se ha tramitado como si "se tratara de simples obras ordinarias de urbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que tal decisión tiene" y que "obligaban a una previa o simultánea modificación del Planeamiento Urbanístico vigente, concretamente del PGM". Y recalcan que la actuación municipal también "contraviene" la ley del suelo que reserva a los PGM el "trazado y características de la red viaria".