El exarquitecto jefe barcelonés Acebillo se querella contra Colau por las 'superilles'

El que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona en la época de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferrán Grasas han presentado en los juzgados de la capital catalana una querella contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la teniente de alcalde del área de ecología y urbanismo, Janet Sanz, por un delito urbanístico y otro de presunta malversación en relación con las 'superilles' o ejes verdes del Eixample, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Esta querella se interpone a los pocos días que la fiscalía archivara las denuncias interpuestas por estas tres mismas personas y la plataforma Salvem Barcelona.

Los querellantes reclaman al juzgado como medida cautelar la paralización de las obras de las 'superilles' en el Eixample para, sostien, "evitar la plena consumación" de los delitos que consideran que se puedan estar cometiendo y los perjuicios que se pueden directos que pueden ocasionar y que cifran en más de 100 millones de euros. Recalcan que "nos hallamos ante una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos". En su opinión, también afecta al erario público, "pues solo el concepto de arrancado del asfalto y su eventual reposición" supondría unos gatos de 100 millones de euros.

La querella también se dirige, de forma general, contra todos los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento que votaron a favor de la aprobación definitiva de los proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados con los ejes verdes del Eixample en la sesión del 26 de mayo del 2022, salvo que hubieran efectuado reserva al emitir su voto sobre la legalidad de los acuerdos. En ese aspecto, se añade a los funcionarios que hayan informado favorablemente con informes técnicos sobre las 'superilles'. Acebillo y los dos abogados aseguran en su texto que para la realización de una ordenación de este espacio público, en la forma establecida por esos ejes, se precisa previamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM).

Proyectos de reurbanización

En la querella se expone que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó unos acuerdos sobre “proyectos ejecutivos de reurbanización del ámbito alrededor de la nueva plaza situada en el cruce de los nuevos ejes verdes”, que hacían referencia a la Calle Consell de Cent, entre la Calle Vilamarí y el Passeig de Sant Joan, así como a otras calles transversales entre la Diagonal y la Gran Vía,, una operación integrada en el "programa Superilla Barcelona". A través de estos acuerdos, relata, "se están transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad".

El escrito añade que se está promoviendo "un cambio radical en la vialidad y en el sistema de movilidad" en el centro de la capital catalana, "eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas". Pese a esa trascendencia y "su evidente impacto" en las personas, bienes y negocios, este proyecto se ha tramitado como si "se tratara de simples obras ordinarias de urbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que tal decisión tiene" y que "obligaban a una previa o simultanea modificación del Planeamiento Urbanístico vigente, concretamente del PGM". Y recalcan que la actuación municipal también "contraviene" la ley del suelo que reserva a los PGM el "trazado y características de la red viaria",

Los demandantes critican la decisión de la fiscalía de archivar las diligencias de investigación que se abrieron a raíz de su denuncia y exponen que el ministerio público "se ha limitado durante 10 meses de supuesta tramitación" a "efectuar una pseudoindagación jurídica, pidiendo al propio Ayuntamiento de Barcelona, en concreto a Janer Sanz, que informara sobre las razones que motivaban la implantación de las 'superilles' del Eixample. "Es decir que en lugar de recibirle declaración en condición de denunciada, el fiscal le pide que elabore un informe jurídico, que evidentemente ni da explicación alguna, no es otra cosa que un alegato auto exculpatorio". La fiscalía también pidió un informe a la Generalitat.

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