La lenta agonía de las casitas obreras de Barcelona: “Jamás pensamos que sería tan duro”

Quizá choque la franqueza con que todos expresan que no existe motivo para la añoranza. En realidad, solo puede sorprender si se ignora la obstinada lentitud con que la burocracia ha solido despacharse en Barcelona cuando se trata de conjugar vivienda y dignidad en sus periferias. 

“Si lo paro a pensar, no encuentro nada que eche en falta de la casa”, se percata Paquita Delgado, presidenta de la Asociación de Vecinos del Bon Pastor. Vivió durante seis décadas a ras de acera en las Casas Baratas, en el 32 de la calle Tallada, antes de mudarse a uno de los bloques que el ayuntamiento ha promovido. Queda alguno por rematar y también los cuatro que deben aún erigirse en la quinta fase, la definitiva de una transformación absoluta que se ha alargado desde 2003 en uno de los extremos de la ciudad subestimados durante largo tiempo. 

La diminuta morada que estrenaron los abuelos de Paquita -“Fueron los primeros de la calle... Mi abuelo vino a hacer los techos de cañizo”- es una de las 784 de idéntica factura que albergaron a familias trabajadoras en la franja que se asoma al Besòs. Los realojos acarician ya el fin: en noviembre pasado, arrancó el plazo para deshabitar 124 hogares de planta baja, postergados a la última etapa de la remodelación. Casi todas las familias ya poseen las llaves para el traslado. A lo sumo, podían ser una treintena las que les faltaba completarlo la semana pasada, calculan en la oficina del Pla de Barris. 

El antiguo domicilio de la líder vecinal, vacío desde hace cinco años, es uno más de los que perduran en pie tapiados, a expensas de que se derriben unas manzanas casi despobladas, salvo por unos contados moradores, incluidos algunos ocupas, aseguran en el vecindario. No hay fecha precisa para la demolición. "Es primordial que se terminen las viviendas que se están construyendo, que se acelere el reparto de pisos sobrantes y que el derribo de las casas sea inmediato. Las tenemos muy cerca y pueden perjudicar con mal vivir y mala convivencia a algunos vecinos", advierte Delgado.

Los viejos hogares pintan ahora inhóspitos. Las tapas del alcantarillado y del contador se han saqueado al borde de la puerta emparedada por la que Paquita salía cada mañana a regentar su bar, ya desaparecido. El rastro de una hoguera ennegrece la fachada de la esquina. Hace mucho, los vecinos atravesaban un vehículo justo ahí, en medio de la calzada, para cerrar el paso antes de sacar las mesas y las sillas para celebrar la verbena de Sant Joan. 

El incordio del aislamiento

La vida en la calle -también con sus incomodidades nada idealizadas- fue apagándose a medida que el éxodo hacia los pisos se sucedía a oleadas. “El traslado se veía tan cercano que se hacía el mínimo de inversión. Las casas se fueron deteriorando”, alega Delgado, que conoció el aislamiento creciente de quienes se vieron relegados a dar el esperado paso a una fase tardía: “No me vi capaz de vivir en aquella zona desértica… No se pudo hacer como se pensó al principio, para que todos los vecinos nos fuéramos juntos a la nueva construcción y, entonces, derribar la manzana entera. Quedó más bien como un queso gruyer”. 

La desbandada empujó a la dirigente vecinal a aprovechar la primera oportunidad que se le presentó para hacer valer el derecho a realojo y huir del hogar en el que creció y crio a los hijos. En todo caso, la ocasión se hizo de rogar: llegó en 2018, 15 años después de que se firmara el convenio que sentenciaba las casitas para suplirlas por inmuebles entonces por edificar. “Jamás nos imaginamos que el proceso iba a ser tan largo y tan duro. Nos hemos encontrado inconvenientes en cada fase. Se hablaba de un máximo de 10 años de duración del proyecto y nos hemos ido a 20”, enfatiza. 

Hace algo más de un mes que Cristóbal Baños pasó de las Casas Baratas al piso. Se declara satisfecho. “Es otro mundo para los que habíamos vivido siempre igual. Solo la terraza vale más que la casa entera”, suelta el vecino, que nació en el domicilio de unos 40 metros cuadrados que compartió con su esposa hasta hace pocas semanas. 

La mudanza es tan reciente que Cristóbal aún trajinaba con pertenencias de una vivienda a otra la semana pasada. “Nos dijeron muchas fechas de cuándo podríamos hacer el cambio, pero todo se ha ido retrasando”, comenta. “En cada fase se iba diciendo que la casa la daban en un año, pero luego tardaban dos... Es verdad que aún no están todos en el bloque y algunos están todavía con papeleos. Pero, dentro de lo que cabe, no nos quejamos”, resuelve.

Reducto en Les Corts

A nueve kilómetros de las Casas Baratas, otro reducto de la Barcelona menestral acusa un prolongado ocaso. El Camp de la Creu, en el distrito de Les Corts, lleva inmerso un par de décadas en un proyecto urbanístico que reduce buena parte de los domicilios añejos a escombros. Mientras que el rastro de la cercana Colònia Castells ya se ha desdibujado, numerosos domicilios con orden de ser derruidos permanecen tapiados al otro lado de la calle Entença. Las prendas al sol y el destello de alguna bombilla revelan que unos pocos han seguido poblados. 

Según el recuento del consistorio, 11 familias han quedado colgadas aguardando las llaves para acceder a un edificio próximo. Se preveía que las recibieran el año pasado, pero el tránsito se ha desencallado ahora. El ayuntamiento alude a trámites administrativos para justificar la demora, aún más enredada si cabe porque los domicilios fueron asaltados. Tras la irrupción, el portal quedó taponado con ladrillos hasta hace unos días. Las contrariedades han indignado a los afectados, ancianos en su mayoría.  

“Hace años que los pisos están acabados pero nosotros nos hemos quedado donde siempre. Nos han hecho sufrir muchísimo. Parece que lo hayan hecho expresamente para ver si desaparecíamos”, se desahoga Carme, 87 años y afincada hasta esta semana en la casa baja en la que nació. Sabe desde hace años que se tirará abajo su hogar, igual que ocurrió con la mercería en la que atendió durante 33 años. “Me entristeció, porque era un centro de convivencia. Éramos un barrio obrero y te podías fiar de los vecinos, nos apoyábamos en todo. Eso se ha acabado”, evoca. 

Carme ya no siente pena. “La casa está tan desmontada que tengo ganas de marcharme. En julio del año pasado, nos enseñaron los pisos y nos hicimos esperanzas de que nos íbamos ya. Empecé entonces a hacer paquetes y a desmontar cosas”, expone. Carme ha convivido durante más de medio año con un revuelo de cajas y trastos listos para abandonar de inmediato la vivienda, que dejó de tener sentido reformar en profundidad desde que fue condenada a la piqueta.

“Mi hermano, que es un manitas, ha ido haciendo apaños, porque se iba deteriorando… Se tendría que haber medido mucho que los pisos de protección oficial que van a entregar son para gente mayor, que no podía esperar. Mi padre ha muerto antes de verlo”, recalca Maribel, hija de Carme. “No puede volver a ocurrir. Nadie más tiene que sufrir lo que ellos han pasado”, insta la presidenta de la Coordinadora Vecinal de Les Corts, Adela Agelet.

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