Vecinos de La Mina exigirán en el juzgado ser indemnizados por el deterioro del bloque Venus

El desalojo y posterior derribo del bloque más deteriorado del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, sigue pendiente 21 años después de planificarse. El Consorcio de La Mina -donde participan la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià- ha aprobado este lunes el proyecto inicial para expropiar el edificio, una etapa más y aún no definitiva en el enrevesado serial para tirar abajo un inmueble en que 244 familias permanecen atrapadas, tras soportar graves molestias mientras el realojo se posponía sin solución a la vista. Entre otros desvelos, han acusado humedades, apagones habituales en invierno, dejadez y los sinsabores debidos al mercadeo de droga, enquistado en algunos domicilios. 

Tras el enésimo compás de espera para los afectados, el acuerdo trata de enmendar los errores que obstaculizaron el realojo de la mayoría de los habitantes en 2010. Entonces se les ofreció por primera vez abandonar el inmueble, pero se vieron retenidos al no poder costear el gasto que se exigía a cambio de la nueva vivienda. En todo caso, parte de los vecinos de Venus exigen de nuevo que se les indemnice por las penurias que han sobrellevado mientras se atrancaba la operación para rescatarlos de unas condiciones de vida indignas.

En julio de 2019, una cuarentena de familias del edificio presentaron una reclamación por daños patrimoniales en el Consorcio de La Mina, por la que pedían ser resarcidos con 100.000 euros cada una. Ahora, tras ratificarse las bases del plan para deshabitar el inmueble, se preparan para personarse en el juzgado y reactivar la petición con la que ser compensados con la misma cantidad. 

"Trece años malviviendo"

“Desde que teníamos que salir hace 13 años y no pudimos, hemos padecido muchas circunstancias en este edificio que nos ha causado muchos males y psicosis, que han hecho que vivamos mal y a disgusto”, declara Paqui Jiménez, incombustible portavoz de los vecinos de Venus. Escépticos por fuerza tras tantos compromisos incumplidos, la desconfianza prevalece en el bloque, que somatiza los achaques que condicionan la vida en las calles más empobrecidas de La Mina.

“Llevamos 13 años malviviendo. ¿Si vemos ya el final? No. Esto no está tan cercano. Quedan años”, advierte Jiménez. En 2021, la Generalitat anticipó que Venus empezaría a vaciarse en 2023 y, tras un desalojo paulatino, el inmueble podría quedar desierto en 2026 para ser derruirdo. Aun con mucha cautela, el Govern mantiene que espera que los primeros realojos se den en "el último trimestre de este año" y que Venus se tire en 2027, un año más tarde de lo predicho.

Los vecinos del inmueble prevén iniciar los trámites este martes para interponer la demanda para cobrar indemnizaciones. El primer paso será solicitar acogerse al derecho a la justicia gratuita. Venus es una de las calles con menos renta por persona de Catalunya, con unos ingresos declarados de 6.405 euros por vecino en 2020. 

El plazo para presentar la demanda se agota en mayo, precisa Jiménez. La portavoz afirma que el Consorcio de La Mina ha manifestado a los vecinos que quiere alcanzar “un mutuo acuerdo”. En todo caso, no les satisface la cantidad que, de entrada, les ha propuesto abonar, unos 5.000 euros por demandante. “Admiten que hay un daño, pero que no son culpables de todo”, señala Jiménez. El consorcio aceptó a trámite la demanda de algo más de una veintena de vecinos y desestimó la de una decena. Ahora rogarán de nuevo que se les reconozca que también tienen derecho al cobro.  

A la espera de detalles

Los habitantes del edificio están a la expectativa de conocer las condiciones para abandonar el edificio. Resultará decisivo para que se decanten entre la opción de ingresar el importe de la expropiación o pasarse a una vivienda promovida por la administración en el barrio. “La mayoría sigue muy indecisa porque aún no sabe qué se le ofrece”, comenta Jiménez. La Generalitat debe aún empezar a erigir dos edificios donde instalar a los vecinos de Venus que quieran quedarse en La Mina. "La previsión es que estén construidos de aquí a cuatro años", confía el Departament de Drets Socials. Se desconoce con cuántas viviendas estarán dotados.

De todos modos, algunos compromisos introducidos en el plan de expropiación satisfacen demandas de los afectados. Ocurre con la posible aplicación del llamado decreto Haus, que abre la puerta a intercambiar la vieja vivienda por una nueva con los mismos metros cuadrados y sin coste añadido. La opción se denegó hace más de una década y propició el bloqueo que ha apresado a una multitud de vecinos en Venus, incapaces de sufragar la diferencia de valor entre ambos domicilios. En algunos casos, los gastos a asumir conllevaban una factura que rebasaba los 40.000 euros.

La cantidad era resultado ante todo de la disparidad entre las tasaciones de las viviendas antiguas -donde se asentaron numerosas familias procedentes de los núcleos de barracas de Barcelona- y las recién edificadas. Ahora la Generalitat reduce el margen, elevando la valoración de los hogares condenados a la piqueta: los de tres habitaciones pasan de estimarse en 79.340 euros a 97.450 y los de cuatro, de 98.851 euros a 121.514. 

La cuantía guarda interés para quienes prefieran percibir la indemnización por expropiación para adquirir un domicilio, presumiblemente fuera de La Mina. “Si no se aplican más conceptos, nadie se podrá comprar un piso con 97.000 euros”, advierte Jiménez. Drets Socials ha anunciado que garantiza vivienda a todas las familias del bloque que acrediten condiciones de vulnerabilidad, sin coartar el derecho en caso de no acreditar un título para alojarse en el inmueble. Además, amplía el abanico de supuestos para alojar a los afectados, incluyendo la compra de pisos de segunda mano o la adquisición mediante tanteo y retracto. 

Aparte, Jiménez no ve mal que la Generalitat se abra a compartir la titularidad con el particular. “Hay mucha gente que no tiene opción de hipotecarse”, enfatiza la líder vecinal. El motivo de fondo es que el Govern no puede deducir el IVA por la transacción del nuevo domicilio y que asciende de 15.000 a 20.000 euros. Se trata de “una cantidad que muchas familias no podrán afrontar”, admite el ejecutivo catalán. Los vecinos solo tendrían que sufragar el IVA en caso de vender el piso.