Vecinos del edificio Venus reclaman una indemnización por daños y perjucios al Consorci de La Mina

Diez años de suciedad en los patios, cañerías reventadas, ascensores estropeados  y cortes de luz constantes. Medio centenar de inquilinos del edificio Venus de Sant Adrià de Besòs han dicho basta y reclaman al Consorci del Barri de La Mina 100.000 euros para cada familia en concepto de daños y perjuicios por la demora en el realojamiento, a razón de 10.000 euros por año. El estado del edificio es “ruinoso e insalubre”, ha denunciado el colectivo de abogados que lleva el caso, Col·lectiu Ronda.

Unas 240 familias están malviviendo en el infelizmente conocido como “bloque maldito”, afectado por el Plan Especial de Reordenación y Mejora (PERM) del barrio de La Mina aprobado en el 2002. Este plan contemplaba el derribo y realojamiento de los vecinos del edificio Venus en diferentes bloques repartidos por el barrio. “Durante todo este tiempo, muy pocos se han ido. Aquí hay mucha gente mayor, mucho paro… Nos hemos quedado porque no tenemos otra opción”, explica Paqui Jiménez, portavoz de los inquilinos que han puesto la demanda al consorcio. Ella, y otros 56 vecinos, ha decidido denunciar su situación con la esperanza que un juez “un poco humano” les dé la razón. “No puede ser que por dejadez de las administraciones estemos viviendo así”, añade Jiménez.

Proyecto en punto muerto

Siete años después de la aprobación del PERM, el Consorci del Barri de La Mina –integrado por la Generalitat, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y de la capital catalana- puso en marcha el proyecto de expropiación pero los propietarios presentaron alegaciones, principalmente motivadas por el desacuerdo con la valoración de los inmuebles y el precio para acceder a los edificios construidos para acogerlos. “En mi caso, me daban 82.000 euros por el piso y me pedían 120.000 más IVA,  una cantidad que no podía pagar. Y como yo, casi todos los vecinos porque los bancos no les concedían las hipotecas”, recuerda Jiménez.

Estas alegaciones fueron desestimadas, recuerda en su comunicado el colectivo de abogados, y el consorcio estudió la posibilidad de rehabilitar los edificios en lugar de derruirlos, algo que iba en contra de los objetivos del PERM. A saber: la regeneración de la zona y la erradicación de la marginalidad en el barrio.

Col·lectiu Ronda también critica al consorcio por no haber tramitado el expediente de expropiación en el Jurat d’Expropiació de Catalunya, el órgano competente en la fijación de un precio justo que habría permitido desbloqueado la situación, y sostiene que esta "pasividad continuada" ha paralizado el proyecto de demolición.  Mientras, algunos de los pisos que se construyeron para alojar a los habitantes de Venus ya han sido ocupados por otras personas.

“Peligro para su integridad física"

La abogada de estos vecinos, Mariona Torra, asegura que las familias se han visto condenadas a vivir en un espacio “que no reúne las mínimas condiciones para una existencia digna y que, además representa un verdadero peligro para su integridad física”. Con el paso de los años la degradación del bloque ha adquirido proporciones dramáticas, “impropias de una ciudad del primer mundo”, apostilla la letrada del Col·lectiu Ronda.

El Síndic de Greuges de Catalunya emitió a finales del 2014 un informe favorable a la reivindicación de los inquilinos. En dicho dictamen se denunciaban las “condiciones infrahumanas” en las que se había obligado a vivir a los vecinos por la ausencia de mantenimiento del edificio. También se valoraba la posibilidad de abrir una línea especial de crédito y acompañar a los vecinos para conseguir estos préstamos o constituir avales para acceder a los mismos, algo que no prosperó y los vecinos siguen esperando.