Los pretorianos que le quedan a Ada Colau ante las municipales de mayo

De los 11 concejales que tomaron posesión por Barcelona en Comú en 2015, cuando la candidatura de Ada Colau ganó de forma imprevista las elecciones municipales, a la alcaldesa solo la acompañan en estos momentos en la gestión de la ciudad dos: Janet Sanz y Laura Pérez. Eloi Badia, que iba el 12º de la lista, no estuvo desde el principio, se sumó al grupo a medio mandato, cuando Raimundo Viejo se fue al Congreso. Es el tercer edil que sigue con Colau del periodo 2015-2019.

Después del anuncio de Badia y Pérez, que este miércoles han comunicado que renuncian a repetir como integrantes de la lista de los comuns, la última mohicana es Sanz, que de hecho gana a Colau por un mandato, el de 2011 a 2015, en el que representó a Iniciativa per Catalunya.

Eloi Badia y Laura Pérez se borran de la lista de los Comunes para las elecciones municipales de Barcelona

Los más próximos

Sin embargo, la alcaldesa tiene un grupo de pretorianos que han estado con ella desde el primer día de su periplo político, aunque todavía no como concejales, y en algunos casos con papeles menos relevantes, que siguen ahí y que en algunos casos han ganado peso por su labor en estos ocho años.

El primero de esa lista es Jordi Martí Grau, un veterano de la política municipal que tuvo una larga y sólida trayectoria en el PSC, durante años en labores vinculadas con la gestión cultural, después como concejal y finalmente como presidente del grupo municipal, tras la renuncia del exalcalde Jordi Hereu. Martí quedó tercero en las primarias que entronaron a Jaume Collboni como alcaldable y acabó alejándose de los socialistas.

De gerente a teniente de alcalde

Martí estuvo cerca del espacio político de ERC: figuró en el Moviment d’Esquerres, que se presentó con los republicanos a las municipales de 2015 en Barcelona, pero su fichaje como gerente municipal de Colau supuso un giro.

Como gerente, se fue convirtiendo en mano derecha de Colau, lo que quedó claro en 2019, cuando entró en la candidatura como número cinco. Para entonces, ya se había convertido en el negociador de la alcaldesa, aunque no al nivel en que lo ha sido en este mandato, en el que ha sido concejal de Presupuestos y, desde que Joan Subirats se fue al Gobierno de Pedro Sánchez para ser ministro, como teniente de alcalde de Cultura.

Presupuestos

Martí puede exhibir un resultado concreto de su gestión, ya que forma parte de su labor negociar los presupuestos, y el gobierno de la ciudad ha aprobado los cuatro de este mandato por mayoría absoluta mediante pactos con la oposición, una labor. Cabe recordar que en su primer mandato, Colau no logró sacar adelante las cuentas con acuerdos ni una sola vez.

Martí es considerado la mano derecha de Colau, pero se hace difícil asegurar que vaya a ser su sucesor cuando ella falte, es decir, en 2027. En teoría quien tiene más números para asumir ese papel es oficiosamente Janet Sanz.

‘Superilla Barcelona’

Como se ha dicho, Sanz no nace a la política con Colau. Es la única concejala de ICV que sobrevivió a la creación de Barcelona en Comú, con los ecosocialistas (ahora esa palabra parece designar a una comunidad extinguida) asumiendo que les tocaba desaparecer en aras del bien ‘común’.

Si Martí es el señor Lobo de Colau, Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, es la cara visible de una sus políticas clave, la más visible, elogiada y denostada: la política de recorte del espacio público al vehículo privado. La ‘Superilla Barcelona’ que tanto ha exacerbado a partidos de la oposición es el emblema de su gestión, y es también el objeto de las principales discrepancias de Barcelona en Comú con sus socios del PSC, que ahora cuestionan ampliar el plan de los ejes verdes.

Tiene sentido que Sanz mantenga su papel relevante (en 2019 subió del quinto lugar de la lista ocupado cuatro años antes al tercero) en la próxima candidatura, entre otras cosas porque prescindir de ella sería enviar un mensaje a los que la responsabilizan de que la ciudad tenga en obras algunas partes relevantes, esencialmente calles del Eixample y la Via Laietana. Está llamada a seguir siendo una de las pretorianas de la alcaldesa.

La gestión de la pandemia

No son pocos los que opinan que la gestión más efectiva del gobierno de Barcelona es la que ha efectuado la concejala de Salud, Gemma Tarafa. En el mandato anterior, era responsable de la misma cartera pero como comisionada. Por razones obvias, su papel se convirtió en decisivo en el segundo, al estallar la crisis del coronavirus.

Tarafa ha tenido en estos años un ojo puesto en la política social, o quizá es más acertado afirmar que ha combinado el acento social con las cuestiones vinculadas con la salud. En su debe, que el dentista municipal para colectivos no vulnerables sigue sin arrancar una muela a causa de frenos judiciales. En su haber: la rápida reacción de Barcelona durante la pandemia en general y el confinamiento en particular, para disponer de los recursos necesarios. Políticamente es discreta, no se percibe en ella la ambición que algunos de sus compañeros desprenden.

Derechos y subvenciones

El cuarto pretoriano de la lista es Marc Serra. Abogado, fue activista en el terreno de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo en ‘Tanquem els CIE’, y de 2015 a 2019 fue asesor del entonces teniente de alcalde Jaume Asens. En 2019 ocupó la novena plaza de la lista de Colau y en este mandato ha sido concejal de Derechos de Ciudadanía, Participación y Justicia Global así como responsable del distrito de Sants-Montjuïc.

Responsable de la vertiente jurídico-social del consistorio, ha intentado profundizar en la participación, un campo en el que los de Colau tienen margen de crecimiento. Serra ha tenido que dedicar un tiempo considerable de su gestión a la réplica del gobierno a una multitud de iniciativas judiciales contra su gestión. En su mayoría, las causas han sido archivadas, si bien la vinculada con subvenciones a entidades fue reabierta en noviembre. El concejal se ha encargado de desmontar acusaciones que a veces atribuían a Colau, con un gran éxito mediático, la concesión a dedo de cantidades millonarias sin más base que una denuncia presentada.