Excluidas de las medidas contra la subida del alquiler en BCN: "Me piden 200 euros más al mes"

El ruido de las obras que rodean las inmediaciones de Glòries se cuela por el balcón del piso en que Éricka vive de alquiler en Barcelona desde hace unos 10 años. Firmó entonces un contrato por 600 euros mensuales, una cuantía improbable de hallar ahora en la capital catalana. “Cuando llegué, era la zona más asequible del Poblenou, pero últimamente han llegado a pedir 1.600 euros al mes. Ha dejado de ser un barrio de almacenes viejos y abandonados y, con las nuevas empresas y la ‘superilla’, ha pasado a ser el distrito tecnológico de la ciudad. Buscan gente que gane mucho dinero para que viva aquí”, se percata la inquilina, que pone rostro a los afectados por la escalada aguda del alquiler en la ciudad. 

Las medidas del Gobierno español para paliar el contagio de la inflación a los arrendamientos no impedieron que Barcelona cerrase 2022 con un promedio de 1.066 euros al mes para costear una vivienda en la urbe, la cota más alta jamás registrada. A Éricka, con el contrato vencido desde noviembre, le instan a abonar 1.069 euros para permanecer en el bloque que posee un gran propietario de domicilios. El incremento rebasa los 200 euros al mes: cuando renovó en 2017, aceptó sellar un nuevo contrato por 750 euros, si bien ha desembolsado entre 824 y 866 euros a lo largo del último año.  

“Cuando alguien se va en la escalera, reforman la vivienda y la alquilan por un coste superior. La última fue por 1.100 euros. ¿Cómo pretenden cobrarme lo mismo por un piso roñoso? La intención es echarme”, concluye la mujer. Convive con su hijo, de 15 años, y siente que los expulsan del barrio, de Barcelona y su conurbación. “He mirado precios en otras zonas de la ciudad. También en Badalona y el Maresme. Allí están igual de altos”, observa la madre, que flirtea con la idea de mudarse lejos, a Gijón. “Allí un piso vale 60.000 euros… En un caso extremo, me iría, pero no estoy sola y no puedo desarraigar a mi hijo. Tenemos la vida hecha aquí”, resuelve, embargada por la incertidumbre. 

El tope del 2%

El escudo social del ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de inmunizar a los alquileres del alza del IPC no ha resguardado a Éricka. El tope del 2% a los incrementos, prorrogado a 2023, se aplica a las actualizaciones de las cuotas, pero no alcanza a los nuevos acuerdos. “No pude entrar porque, en mi caso, me hallaba en una finalización de contrato”, comenta la inquilina. El Sindicat de Llogateres recibe “mensajes casi a diario” de arrendatarios que se enfrentan a revisiones por encima del límite fijado, asegura Enric Aragonès, portavoz de la organización. “Les dicen que el decreto no se aplica a propietarios particulares ni a inquilinos sin condiciones de vulnerabilidad. Son mentiras absolutas”, sostiene. 

El límite a las subidas tampoco ha protegido a Margarita y su marido, afincados en Gràcia desde hace 22 años. El propietario -posee nueve habitáculos, a uno solo de ser catalogado de gran tenedor de viviendas- plantea al matrimonio que rubrique un nuevo contrato por 900 euros. El encarecimiento se encadena a los que la pareja ya ha afrontado desde que el edificio cambió de manos. pasaron de abonar 550 euros hasta 2018 a ampliar la estancia por 700 euros; en las últimas mensualidades, han sufragado 746 euros, ya con el acuerdo expirado. 

“Dicen que lo suben por la zona que es y porque todo está más caro”, responde la vecina. Igual que en el inmueble en que Éricka se aloja en la Llacuna del Poblenou, los domicilios de la finca en que Margarita reside se remodelan cada vez que un vecino se va. “Lo hacen para alquilar por un precio mayor. De las ocho viviendas, solo quedamos tres inquilinos antiguos. El resto son nuevos. Van y vienen”, atestigua.

Sin renovación automática

Éricka y Margarita tampoco se benefician de la renovación automática por medio año y sin cambio de condiciones que la coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó la última semana de diciembre. La excepción ya rigió durante la crisis de la pandemia; ahora se ha retomado para los contratos que se extingan desde que el decreto entró en vigor, el 28 de diciembre, y hasta el 30 de junio. 

El plazo excluye a Éricka, cuyo contrato finalizó el 23 de noviembre. “Estamos desvalidas”, lamenta la inquilina, que tira sola del hogar con 1.072 euros al mes. Se dividen en una nómina de poco más de 300 euros que se puede permitir en un negocio de clases de yoga que no ha recuperado la cifra de inscritos previos a la pandemia y una pensión compensatoria que su expareja transfiere. “Si aceptara el aumento del alquiler, me quedarían solo dos euros”, repara la vecina, quien asume un gasto añadido de 1.200 euros mensuales por el local en el que trabaja. 

Éricka muestra un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. El estudio solicita que la propiedad valore concederle un alquiler social “ajustado a sus ingresos para evitar la aparición de nuevos problemas” de liquidez en el hogar. También ha recabado un dictamen del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que concluye que el riesgo de exclusión residencial atosiga a la familia. La madre asegura que los informes no han bastado por ahora para rebajar las pretensiones de la propiedad. “Uno de sus últimos correos dice que no acepta ninguna negociación y que, si no cumplo con los requisitos, abandone el domicilio”, revela.

Margarita no se ve capaz de costear más de 800 euros al mes y así lo ha trasmitido a representantes de la propiedad, que ha interpuesto una demanda que puede desembocar en un desahucio. La última prórroga de su contrato se agotó en verano. “No quieren renovarme, aunque hemos pagado todos los meses”, se queja.

“El caso más frecuente ahora en las asambleas del Sindicat de Llogateres son subidas del 30%, el 40% o el 50% al finalizar el contrato”, asegura Aragonès. Cree “insuficientes” las políticas para contener alzas mientras sigue pendiente de aprobar la Ley de Vivienda, que la plataforma exige que regule los precios del alquiler. “No veíamos subidas tan altas desde 2019. Nunca había sido tan caro vivir de alquiler en Catalunya y en Barcelona como ahora”, diagnostica.