ICO e ICF prestarán 140 millones a cooperativas para hacer 1.000 pisos en Barcelona en 10 años

El gobierno de Ada Colau ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con el Institut Català de Finances (ICF) para que abran una línea de crédito de 140 millones entre ambas entidades. La suma se dedicará a obras de rehabilitación y construcción de vivienda social en formato de alquiler y covivienda en suelo municipal y serán promovidas por entidades sin ánimo de lucro: fundaciones y cooperativas, que son las que recibirán los préstamos. El problema de la vivienda en la ciudad es evidente, y la tendencia es que haya cada vez más demanda de alquiler y que los precios sean más caros.

El convenio ha sido firmado y anunciado este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona, y la previsión es que con los 140 millones se construyan y rehabiliten 1.000 viviendas en un periodo máximo de 10 años en la capital catalana.

La pesadilla de los inquilinos: menos pisos de alquiler y cada vez más caros en Barcelona

99 años de cesión

Según el acuerdo, un 60% de los pisos se destinarán a alquiler asequible, un precio medio entre el de mercado y el de vivienda social, y el 40% restante a covivienda. En el primer caso, una entidad sin ánimo de lucro promueve las viviendas y las oferta en alquiler a un precio que está en un punto medio entre el de mercado y el social. En concreto, a 7,5 euros el metro cuadrado. La idea es que esa promotora no gane dinero, y que no lo pierda.

Los inquilinos pagarán un alquiler de 7,5 euros por metro cuadrado, no podrán tener otro piso y deberán estar inscritos en el registro de solicitantes de vivienda protegida-

La covivienda prevé que un grupo de personas se una para afrontar desde su planificación una promoción determinada en la que residirá. Al igual que en el otro caso, los inquilinos afrontarán un alquiler de 7,5 euros por metro cuadrado. En las dos fórmulas, los vecinos potenciales tendrán que reunir ciertas condiciones: no tener una vivienda y estar inscritas en el registro de solicitantes de vivienda protegida-

En ambos casos, el suelo nunca llegará a privatizarse, como sucedía en el pasado, cuando la obra pública de las administraciones de toda España era generalmente de venta y perdía la protección pasado un periodo. En estos casos, la cesión del uso del suelo es por 99 años. Pasado ese periodo, el consistorio deberá decidir si recupera la gestión de las viviendas o prorroga la cesión.

Suelo y financiación

Las 1.000 viviendas pasarán a engrosar el parque público municipal, en crecimiento considerable desde que Colau llegó al gobierno pero todavía muy lejos de alcanzar las cifras que se consideran necesarias. De hecho, al ritmo actual faltan décadas para que esos números sean significativos en el doble sentido en el que se espera que lo sean: proveyendo de vivienda pública a las familias que no la tienen e influenciando con su oferta al sector privado para que los precios bajen.

Al iniciarse el acto de presentación del acuerdo, la alcaldesa ha recordado que Barcelona en Comú se encontró un 1% de vivienda pública. Resultado de la política antes citada, de la que participaron las administraciones de todos los signos políticos, que no apostaron por conservar a la larga la vivienda que construían con recursos públicos. Colau ha subrayado que los obstáculos para que el objetivo avance  suelen ser el suelo y la financiación, que el convenio garantiza para las entidades. "Es un paso de gigante con el que abrimos camino”, ha dicho sobre el convenio.

Devolución en 30 años

Colau ha presentado el pacto junto con Rosario Casero, directora general de Negocios del ICO, y Jordi Òliva, consejero delegado del ICF. La fórmula supone una muestra de colaboración público-privada. Según las condiciones que se han conocido hoy, la financiación cubrirá el 100% de los proyectos, con un máximo para 2022 de 120.000 euros por vivienda. Las entidades podrán devolver el préstamo en un periodo de hasta 30 años. Las condiciones (Euríbor+2%) se pueden consultar en detalle en vivienda.social@ico.es.

Òliva ha agradecido al ICO un acuerdo previo que permite que el ICF reciba fondos para afrontar la línea de crédito. Casero ha explicado que el procedimiento administrativo de la cesión de suelo del ayuntamiento lleva aparejada la solvencia de las entidades que asumirán la empresa de hacer las viviendas.  

Convenio ESAL

Casero se refería al convenio ESAL, en el que participan la Asociación de Gestores de Vivienda Social, la Federación de Cooperativas de Vivienda HABICOOP, la Red de Economía Social y Solidaria, y la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social COHABITAC.

El convenio prevé la cesión gratuita por parte del ayuntamiento de suelo y edificios municipales a rehabilitar en derecho de superficie a 99 años (es decir, uso por ese tiempo antes de que vuelva a estar a disposición del consistorio) y otorga subvenciones municipales (entre el 7% y el 15% del coste de construcción o rehabilitaciones) a promotores sociales, cooperativas en cesión de uso y fundaciones, para la construcción o rehabilitación de vivienda en régimen de alquiler y de covivienda.