Manifiesto colectivo

El regreso de la delincuencia fuerza a reabrir el segundo juzgado de juicios inmediatos en Barcelona

  • La Conselleria de Justícia ha solicitado la medida al TSJC, tras alcanzar los 100 días de espera por casos de hurtos

  • Los sectores económicos exigen más recursos judiciales para frenar los problemas de inseguridad tras la pandemia

Agentes de los Mossos patrullando por el paseo de Gràcia.

Agentes de los Mossos patrullando por el paseo de Gràcia. / Ferran nadeu

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Patricia Castán
Patricia Castán

Periodista

Especialista en Economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.

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La progresiva normalización de la actividad económica en Barcelona tras la última ola de la pandemia implica la recuperación de sectores que van de la hostelería, al comercio o el turismo, pero también algunos efectos colaterales no deseados. Y son estos actores de primera fila quienes llevan semanas alertando de que la delincuencia vuelve a estar muy activa en algunos puntos calientes y acaban de suscribir una contundente petición conjunta a la Conselleria de Justícia para exigir más recursos para desatacar los procesos judiciales. Esta, tras constatar el repunte de los actos delictivos tras la tregua que marcó la pandemia, ha solicitado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la reapertura del segundo juzgado de guardia para juicios inmediatos por delitos leves, como los hurtos. El presidente del TSJC ya ha trasladado a la Magistrada Decana la propuesta, que se espera que se haga efectiva en breve.

La presión para la reapertura de ese juzgado se debe a que el regreso de la delincuencia ha vuelto a demorar los juicios por delitos leves (menos de 400 euros) hasta 100 días en programarse. La Conselleria d'Interior lleva tiempo reclamándola también, dado que la presión policial no bastaba.

Cambiar el Código Penal

Recuperar el segundo juzgado para esos casos es una de las demandas más apremiantes desde los sectores del comercio, la hostelería y el turismo, pero también se reivindican más medios para poder acelerar los juicios rápidos (para delitos castigados con pena privativa de la libertad no superior a cinco años), que se aplican a robos con violencia o cuando lo sustraído supera los 400 euros y se produce la detención in fraganti. A nivel estatal, reiteran la petición de la modificación del código penal para abordar el problema de la multirreincidencia, que "comporta que algunos delitos no sean sancionados como debería ser" y se limiten a multas.

"Es imprescindible y urgente que las administraciones y la Justicia adopten medidas rápidas para disminuir las graves consecuencias de la inseguridad. Es una cuestión clave para la actividad económica y los ciudadanos de Barcelona y, de hecho, de toda Catalunya", recalcan.

La petición pública dirigida a Justícia y al 'president' de la Generalitat llega firmada por Foment del Treball, Cercle d’Economia, Cambra de Comerç de Barcelona, Turisme de Barcelona, Barcelona Comerç, Gremi Restauració, Gremi d’Hotels, Comertia, Barcelona Global, Barcelona Oberta y Associació Passeig de Gràcia. Pero en paralelo algunos de los afectados también habían enviado cartas reclamando ese segundo juzgado al presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Delegada del Gobierno en Catalunya, la Consellera de Justicia, la Delegada del Gobierno en Catalunya, la decana de los Juzgados de Barcelona, el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y el 'president' Aragonès. En la nota de este jueves, consideran que los "esfuerzos policiales" de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, con un "incremento de efectivos y detenciones", no se corresponden con "el sistema judicial".

Datos alterados por la pandemia

El colectivo empresarial enfatiza que "la ley prevé que este tipo de juicios inmediatos se celebre antes de 10 días desde la comisión del delito". Lamenta que en 2018 "ese plazo llegó a ser de once meses", hasta que se logró crear un segundo juzgado en febrero de 2019. Con esta herramienta y ante la caída de los delitos durante la pandemia, a mitad de 2021 se alcanzó el tiempo previsto por la ley. Sin embargo, por decisión del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y previo aval de la Conselleria de Justícia, en septiembre ya se suprimió ese juzgado al no verse necesario, pese a las críticas de sindicatos y abogados.

La tesis de los comerciantes es que los delitos (robos de relojes, móviles, hurtos al despiste y otros) se han incrementado con el regreso de la delincuencia tras la pandemia, lo que ha vuelto a elevar las esperas para la celebración de las vistas hasta tres meses. También dicen que en el caso de los juicios rápidos se supera el año, como si fueran ordinarios.

Según los datos de Justícia, el pasado agosto la espera para los inmediatos era de 14 días, mientras que ahora se ha pasado a 90-100 días. En estos momentos, una detención de estas características se salda con una citación para final de mayo. Por ello, el lunes solicitaron al TSJC la reactivación de dicho juzgado, presentando un informe al respecto. La 'conselleria' es quien aporta los recursos humanos para su funcionamiento.

El presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, ha trasladado a la juez decana la propuesta de activación para que la someta a la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción, es el paso previo necesario.

Justícia añade que los rápidos tienen ahora una espera de 11 meses, aunque la Oficina de refuerzo con dos jueces implantada en enero han reducido la espera a cinco meses para los casos nuevos.

Preocupación ciudadana

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Las patronales creen que los altos índices de delitos por habitante en Barcelona que reflejan los últimos informes del Ministerio de Interior y el hecho de que la inseguridad sea el principal problema apuntado por la ciudadanía en las últimas encuestas municipales justifica una mayor implicación del Govern en los recursos para afrontar el problema de los robos, que deber ir en paralelo a la reforma del código penal estatal que dé solución a la delincuencia reincidente que se ceba en Barcelona. Destacan que no solo afecta a la imagen de la metrópolis y su atracción o no de turismo de calidad, sino también al día a día de los barceloneses y los visitantes del área metropolitana.

Una de las entidades más implicadas en esa causa es la de Passeig de Gràcia. Su presidente, Luís Sans, ha sido muy beligerante con el tema porque es testigo directo de la delincuencia organizada en ese y otros ejes céntricos. Las tiendas de lujo, las salidas de los hoteles o el párking, son puntos donde operan multirreincidentes, donde las detenciones son "diarias, pero los delincuentes vuelven a la carga en cuestión de horas". Sans pone como ejemplo el caso de un robo violento a un trabajador de un hotel de lujo en pleno paseo ocurrido (y resuelto al momento) el pasado junio, y con fecha de juicio para el próximo verano.