La sentencia a favor de Airbnb no afectará a la ofensiva de Barcelona contra la ilegalidad turística

La batalla contra los apartamentos turísticos ilegales en Barcelona sufrió un duro revés el pasado enero cuando el Tribunal Supremo (TS) anuló una orden de la Generalitat de enero de 2015 que obligaba a Airbnb a dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Catalunya, lo que servía para acreditar su legalidad como vivienda turística. Esa herramienta había sido clave en el control de la actividad sin licencia en la capital catalana. No obstante, los servicios jurídicos del ayuntamiento han estudiado la sentencia y concluyen que no afectará a los procesos en curso del consistorio contra la plataforma, ni a las inspecciones que se realizan al respecto.

El Ayuntamiento de Barcelona se ha ayudado durante años de dicho mecanismo (que corta de raíz la promoción de los pisos turísticos no legales, de modo que no tienen vías de difusión) para combatir su actividad. En la sentencia, los magistrados recordaban que el Govern ordenó a Airbnb "bloquear, suprimir o suspender definitivamente" de la web el contenido relativo a la publicidad de empresas o establecimientos de alojamiento turístico localizados en Catalunya, en el que no constara el número que los acredita. Además, el tribunal anulaba una sentencia del TSJC de diciembre de 2019 que obligó a Airbnb a dejar de anunciar dichos inmuebles.

El consistorio ha llegado a la conclusión, según explica a este diario, de que el procedimiento seguido para sancionar a esta plataforma y a Homeaway es diferente al de la Generalitat. Así, el Govern ha tratado a Airbnb como una empresa turística, aplicándole la ley de turismo de Catalunya, mientras que la estrategia municipal ha consistido en considerarla una "empresa de intermediación prestadora de servicios de la sociedad de la información".

Las mismas fuentes detallan que a un prestador de servicios de este tipo no se le puede encargar una función inspectora y controladora de los contenidos, por lo que primero deber haber "una declaración administrativa previa de ilicitud y orden de retirada de anuncios concretos". Es precisamente lo que ha hecho el ayuntamiento barcelonés: requerimientos tras comprobaciones, e inicio de procedimientos cuando no se han retirado.

En cambio, la Generalitat trabajó con la retirada en genérico. Ambos procesos perseguían lo mismo, pero la vía elegida por el consistorio queda excluida de los efectos de la nueva sentencia, según defienden los servicios jurídicos municipales. De hecho, fuentes de la Direcció General de Turisme indican que el Govern seguirá a partir de ahora esa misma dinámica, inspeccionando uno a uno los casos particulares irregulares para actuar contra ellos y reclamar la retirada de sus anuncios posteriormente.

Contundencia contra las irregularidades

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, apela igualmente a la "corresponsabilidad" de la plataforma para no publicitar la ilegalidad. "Si lo hacen, seguiremos exigiendo su retirada y actuando de forma contundente", añade. La concejala enfatiza que la actividad turística ilegal "no tiene cabida en Barcelona" porque "va en contra de la convivencia ciudadana, de los barrios, de los precios del alquiler, del derecho a la vivienda y de la calidad de vida de vecinos y vecinas". Por ello, seguirá actuando de forma "inflexible".

Sanz invita también a la Generalitat a modificar legislaciones de turismo y urbanismo para tener más contundencia legal, sin que sean los municipios los que tengan que desplegarse para combatir un fenómeno global.

El plan de choque de 2016 contra este fenómeno suma 17.737 expedientes disciplinarios, derivados en 7.488 órdenes de cese y 9.171 sanciones. Además, 2.821 pisos que alojaban turistas sin licencia han pasado al uso residencial. En lo referente a la actividad legal, se han tramitado 1.663 multas a pisos con licencia pero que producen molestias ciudadanas.

En el marco de toda Catalunya, el pasado lunes el Departament de Empresa i Treball, CONFECAT, PIMEC Turisme, Foment, Acave, Turalcat y la Federació Catalana de Càmpings publicaron un manifiesto contra la sentencia del TS. Destacan que la orden de 2015 supuso la obligación de eliminar más de 14.000 anuncios de viviendas turísticas entonces no inscritas en el Registre de Turisme de Catalunya, y en estos años ha sacado de circulación decenas de miles de casos ilegales. Y consideran que la sentencia "afecta negativamente a las empresas que realizan su actividad de forma legal, las comunidades locales, los propios turistas y las administraciones", al creer que la exigencia no suponía un "control excesivo" sobre la plataforma.

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