Frente común del Govern y el sector contra la sentencia de los pisos turísticos de Airbnb

El Govern de la Generalitat y el sector turístico catalán han mostrado este lunes su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que exime a Airbnb de eliminar anuncios de viviendas turísticas ilegales. El Departament de Empresa i Treball, CONFECAT, PIMEC Turisme, Foment, Acave, Turalcat y la Federació Catalana de Campings han manifestado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que anula la orden de la Direcció General de Turisme de 2015 que obligaba a Airbnb a eliminar más de 14.000 anuncios de viviendas turísticas que no estaban inscritas en el Registre de Turisme de Catalunya. El número de registro es obligatorio según la normativa catalana para identificar a los establecimientos y como garantía de legalidad.

El sector turístico y el Govern consideran que la sentencia "afecta negativamente a las empresas que realizan su actividad de forma legal, las comunidades locales, los propios turistas y las administraciones", al considerar que la exigencia no suponía un "control excesivo" sobre la empresa.

El Govern considera que la obligación de publicar el número de identificación del Registre de Catalunya como marca la ley catalana es una medida adecuada ya que ese código de la inscripción es un certificado de legalidad. Mientras el marco legal se ha aplicado se ha requerido la retirada de decenas de miles de anuncios a los operadores. Asimismo, ha abierto 1.706 expedientes sancionadores a personas que llevaban a cabo su actividad de alojamiento en viviendas de forma irregular. De éstos, 1.530 fueron resueltos con imposición de multas de entre 3.001 y 30.000 euros, con una cuantía total que supera los 9,2 millones de euros.

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En el ámbito normativo, el Govern anuncia que "defenderá la posición catalana en los cambios que se están realizando en la futura ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act) que modifica la Directiva de Comercio Electrónico 2000/31 a la que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo". También en el campo normativo defenderá que la futura regulación europea de los alojamientos de corta duración "defina condiciones equitativas y justas para todos los actores económicos".

Para la 'conselleria' es básico que las regulaciones europeas y estatales se doten de principios que velen por que las administraciones regionales y locales tengan los instrumentos para ordenar la actividad en su territorio. En este sentido, opina que los futuros cambios normativos tendrán que velar por este encaje dado el impacto real que tiene el alquiler de viviendas turísticas. La Direcció General de Turisme anuncia que seguirá poniendo en conocimiento de las plataformas los contenidos ilegales que alojan siguiendo la fórmula que ha marcado el pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo e insistirá en que la plataforma asuma la retirada de estos contenidos.