Navidades en esa familia llamada Ciutat Meridiana

Un bebé de un año y medio corretea entre las mesas plegables llenas de objetos de segunda mano colocadas en la zona del mirador de la plaza del metro de Ciutat Meridiana. Su madre y su hermano mayor intentan seguirle la pista y el ritmo mientras charlan con las vecinas y juegan con otros de los niños reunidos en la plaza en esta soleada aunque ventosa mañana de martes, en la que la animada música que sale de un gran altavoz entre las mesas y las dos grandes ollas de chocolate deshecho humeantes no dejan lugar a dudas: esto es una fiesta. Como intentan hacer cada 28 de diciembre, aunque la puñetera pandemia lleva dos años dinamitando planes, los vecinos del barrio se reúnen para celebrar la Navidad en familia, lo que son tras la cantidad de penurias pasadas juntos y la ingentes dosis de apoyo mutuo dado y recibido.

La imagen de ese bebé que hoy juega sonriente con su madre bajo ese gorrito de oso sacudió conciencias hace poco más de un año, cuando apenas tenías tres meses y fue desalojado en medio de un gran dispositivo de Mossos d'Esquadra ya oscuro, en pleno estado de alarma junto a sus dos hermanos mayores, también unos niños. Tras pasar aquella primera noche en la pensión de la calle de Balmes que les proporcionaron los servicios sociales municipales, la presión del barrio logró algo inaudito: que la familia pudiera volver al día siguiente al piso del que había sido desahuciada 24 horas antes. El gran revuelo generado por la dureza de las imágenes hizo que el BBVA, propietario del piso que okupaba la familia, les devolviera las llaves y se comprometiera a ofrecerles un contrato de alquiler social que, más de un año después, siguen esperando.

Promesas incumplidas

Ruth, su pareja y sus tres pequeños siguen en el piso y en el barrio, arropados por el vecindario que hoy comparte chocolate, canciones y risas pese a todos sus males, pero continúa con la incertidumbre de que cualquier día pueda volver a aparecer la policía por la puerta. "En Habitatge nos dicen que el BBVA vendió el piso antes de que llegáramos a firmar el alquiler social", resume esta mujer valiente de 32 años y origen bolivariano, quien llegó a Barcelona con 18, a servir interna en casa de una familia de la Bonanova que no cumplió con su palabra de regularizar su situación administrativa. 14 años después y con tres hijos nacidos aquí sigue batallando por sus papeles.   

Como el resto de vecinos reunidos en este mercadillo solidario, Ruth insiste en que sin el apoyo del barrio no sabe qué habría hecho. "Cuando alguno tiene un problema lo pone en el grupo y siempre, siempre, hay alguien que sale en su ayuda. Yo recuperé el piso por ellos", señala convencida.

Tras cada una de las vecinas que remueve la olla de chocolate, corta el pastel casero o cuida de un puesto de juguetes de segunda mano hay una historia singular, aunque con muchos elementos en común. Suanny, por ejemplo, vive también en un piso propiedad del BBVA, o eso creía. "Me habían aceptado en el Reallotgem [el programa de la Generalitat para pagar el alquiler de familias vulnerables con una orden de desahucio sobre la mesa]. Estábamos muy contentos porque era el primer caso de la plataforma que entraba en el Reallotgem y me iban a hacer un contrato de cinco a siete años. El último lanzamiento, que era el séptimo, el 10 de octubre, se paró precisamente porque me habían aceptado", recuerda esta madre sentada en uno de los bancos de la plaza. Pero el pasado 21 de diciembre, a cuatro días de la Navidad, recibió un correo de su abogado con una nueva fecha de desahucio, la octava, para el 7 de febrero. Cuando estaba mentalizada de que, tras siete desahucios, cinco parados en la puerta, había logrado un alquiler social para ella y sus hijos, recibía como un mazazo la nueva fecha.

"Me dicen que el piso tiene un nuevo propietario, con lo que toca volver a empezar. No te puedes ni imaginar lo que es vivir con esa agonía, ese estrés, esa sensación tan rara por todo el cuerpo", prosigue la mujer.

María, a su lado, entiende perfectamente de qué habla. "El día del desahucio tuvimos que llamar a una ambulancia porque a mi hija le dio un ataque de ansiedad", relata esta madre, quien, con el apoyo de sus vecinos, logró parar su desahucio el pasado 10 de diciembre pero tiene una nueva orden para el 26 de enero. Vive junto a su hija de 13 años, su pareja y los dos hijos de este, de 10 y 12 años, en un piso de la avenida de Rasos de Peguera, una de las calles de Barcelona que concentra un mayor número de desahucios.

"Yo no sufro por mí, sufro por los niños. Mi hija lo ha pasado muy mal durante todo el proceso, tiene 13 años, está adolescente y le genera mucha angustia pensar que nos podemos quedar en la calle. Ella no pide mucho, pide tener su habitación con su camita y un escritorio para hacer los deberes", narra la mujer, quien subraya que lo que quiere es regularizar su situación con un alquiler social. "Por eso luchamos todos los que estamos aquí", prosigue antes de añadir que son una piña. "Tenemos mucha suerte de contar los nos con los otros y de darnos aliento. Eso es lo que nos salva", zanja esta mujer luchadora, quien no paró hasta lograr un abogado de oficio.

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