La familia desahuciada por los Mossos d'Esquadra podrá volver a casa

Una familia con tres niños, el menor, de apenas tres meses, ha dormido esta noche en una pensión en Barcelona, tras ser desalojada en medio de un gran dispositivo de los Mossos d’Esquadra cuando ya había caído la noche del piso en el que vivían desde hacía dos años, en Ciutat Meridiana, propiedad del BBVA. 

La madre de familia llegó a su casa el mediodía de ayer y se encontró con la cerradura cambiada sin que nadie le hubiera notificado nada. Llamó a la asociación de vecinos -institución en el barrio en la defensa de la vivienda- y Filiberto Bravo, Fili, siempre de guardia, le dijo que llamara a su abogado de oficio, a ver qué había pasado. El abogado, explica Fili, le respondió que él tampoco tenía ninguna información de ningún desahucio; así que la mujer reabrió la puerta y entró, haciendo saltar la alarma que por la mañana la propiedad había instalado en el piso después del lanzamiento judicial, que se produjo sin que ni la familia, insisten, ni los servicios sociales municipales tuvieran constancia.

A las pocas horas se presentaron en la vivienda familiar, en la avenida Rasos de Peguera -conocida por ser una de las calles de la ciudad en la que se han vivido más desahucios en la última década- primero los trabajadores de la empresa de alarmas y después, numerosas patrullas de los Mossos d’Esquadra. "Yo conté 20 furgonetas e incontables coches policiales", recuerda el activista por el derecho a la vivienda, casi sin voz.  Pese a que en pocos minutos se reunieron frente a la puerta decenas de vecinos para intentar parar un desahucio que se producía cuando ya era de noche, en pleno estado de alarma y a pocas hora del toque de queda, no lo lograron y la policía se llevó a la familia hasta el centro de emergencia de Llacuna, desde donde les llevaron a una pensión.

Situación de absoluta indefensión

"Como la madre no les abría, los Mossos se pusieron a aporrear la puerta, con los críos dentro, en medio del estado de alarma. Lo que ha pasado este jueves ha sido vergonzoso. Vergonzoso. A los vecinos que estábamos resistiendo en la puerta nos sacaron violentamente. A una chica le rompieron la camiseta", prosigue el relato Fili, quien añade que este viernes han ido a los juzgados a denunciar la mala praxis del abogado de oficio de la familia, quien, según apunta el líder vecinal, sí tenía la orden judicial, pero olvidó notificárselo. "No nos han aceptado la denuncia", prosigue enfadado el portavoz vecinal, quien insiste en que no entiende cómo en plena pandemia los jueces siguen echando a la gente a la calle.

La misma pregunta se la hace la concejala de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, quien confirma que ningún servicio municipal había tenido conocimiento previo del desahucio. "En plena pandemia, con menores y tratándose del piso de un banco. El ‘conseller’ tendría que dar muchas explicaciones", ha apuntado Martín, quien ha añadido, señalando esta vez al gobierno español, que es imprescindible una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables. 

"Restituir la propiedad"

Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, ha confirmado este viernes en la cadena SER que los Mossos ejecutaron el desahucio por la tarde sin orden judicial. "El desahucio con orden se produjo por la mañana y por la tarde estas personas volvieron a ocupar la vivienda, por lo tanto estábamos ante un delito flagrante y por eso actuamos, para restituir la propiedad", ha afirmado.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido este viernes un comunicado sobre los hechos en el que indica que la ejecución del lanzamiento del jueves por la mañana fue "debidamente notificado a las partes personadas". "Al comprobar que la vivienda estaba vacía se cambió la cerradura y se entregaron las llaves al legítimo propietario [el BBVA]", prosigue el texto oficial. En cuanto al operativo policial de la tarde, desde el TSJC indican que "tienen conocimiento" de que, horas después de haberse producido el lanzamiento, la familia entró en la casa y "empieza entonces otro procedimiento que no tiene nada que ver con la parte civil y que provoca la actuación de los cuerpos de seguridad", concluyen.

Este era el cuarto intento de desahucio de esta familia con tres hijos por parte del BBVA. El tercero, previsto en marzo, se paró por el primer estado de alarma, en el que, al cerrarse los juzgados, sí se detuvieron las expulsiones.

Tras la polémica que han levantado las imágenes de unas criaturas expulsadas de su casa por la policía de noche en pleno estado de alarma, una portavoz del BBVA asegura que desconocían que los ocupantes del piso eran una familia vulnerable -"de haberlo sabido lo hubiéramos parado, no desahuciamos a familias vulnerables", dice- y que están tramitando que puedan volver. El consistorio, en cambio, afirma haber intentado con anterioridad negociar con la entidad un alquiler social para esta familia. La concejala de Vivienda afirma que el 12 de marzo desde la Oficina de Vivienda de Nou Barris se hizo un requerimiento por escrito a la propiedad para que aplicara del decreto 17/2019 (en el que se indica que los grandes propietarios deben ofrecer un alquiler a las familias vulnerables antes de desahuciarlas). Del mismo modo, Martín confirma que la entidad sí se ha puesto en contacto con ellos la mañana de este viernes para gestionar, ahora sí, un alquiler social.

Concentración de repulsa

Esta tarde los movimientos por el derecho a la vivienda de Nou Barris han convocado una rueda de prensa frente a la vivienda y una concentración de repulsa. 

Desde IRIDIA Centre per la Defensa dels Drets Humans señalan al conseller de Interior. "Ante la entrada de la familia al que había sido su hogar durante los últimos dos años, los Mossos podían haber dado parte a la autoridad judicial o desalojar sin orden judicial, medida que consideran de dudosa legalidad ante un domicilio estable. Eligieron la segunda opción y es intolerable. Son necesarias medidas garantistas, de acuerdo con un estado democrático y de derecho", señalan. Por su parte, desde el Observatorio DESC añaden que actuaciones como la de este jueves de los Mossos d'Esquadra en Ciutat Meridiana son "el paradigma de como no ha de actuar la policía en un desalojo de una familia vulnerable". "Se está vulnerando jurisprudencia internacional y la Ley 23/2015, entre otros derechos", denuncian.