Les Corts resucita su lucha por Can Capellanets tras el parón pandémico

La lucha vecinal convierte a los ciudadanos, poco a poco y muchas veces casi sin ser conscientes, en urbanistas, abogados, historiadores, periodistas, políticos o investigadores privados, en función del día y del objetivo perseguido. No se trata en ningún caso y ni de lejos de intrusismo laboral sino, en la mayoría de ocasiones, de una cuestión de supervivencia. El 'enemigo' -ya sea la institución, una empresa privada o la alianza entre ambas- suele ser poderoso y contar con todo tipo de bien pagados asesores para defender sus posiciones. Charlando con el colectivo Salvem el Patrimoni de Les Corts se hace muy evidente que han tenido que remover cielo y tierra -y archivos y registros y catastros y leyes y normas y ordenanzas y planes urbanísticos- para defender algo que a primera vista, siguiendo el sentido común, parecería fácil de defender: que se proteja Can Capellenets y sus jardines, una finca de 1881 catalogada y del poco patrimonio que queda en pie en el casco antiguo de Les Corts. Un plan especial aprobado en marzo del 2015 -en las últimas semanas de Xavier Trias en Sant Jaume y Antoni Vives como concejal de Urbanismo y del distrito de Les Corts- permite ampliar el volumen del edificio protegido y levantar un edificio de cinco o seis plantas en los jardines (o lo que queda de ellos tras años de dejadez por parte de la propiedad, el Arzobispado de Barcelona).

El vecindario fue conocedor del citado plan especial cuando vio movimiento en la finca y empezó a investigar. "El plan inicial se aprobó sin ninguna participación vecinal, y solo con eso ya debería invalidarse, ya que la normativa municipal indica que debe hacerse", destaca Adela Agelet, una de las activistas vecinales más veteranas y tenaces del distrito, miembro de Salvem el Patrimoni de Les Corts, colectivo creado para defender Can Capellanets.

El primer destino que se le pretendía dar al edificio que históricamente había servido como residencia de curas mayores -de ahí el nombre con el que se le conoce popularmente- fue la construcción de una "residencia de estudiantes", que los vecinos, tirando un poco del hilo sobre quién había detrás y sus prácticas, tuvieron claro enseguida que se trataba de un hotel encubierto, con lo que centraron ahí la estrategia de su campaña de rechazo, que surgió efecto. Lograron que el proyecto acabara descartado.

Un largo camino

En este primer momento de la lucha desde la plataforma, conscientes de que se trataba de un edificio privado, no se metían en el futuro del equipamiento (siempre que no fuera ilegal), sino en la protección del edificio. Que, tuviera el uso que tuviera, se mantuviera el edificio original y se preservara el jardín, algo que el proyecto de 'residencia' incumplía. Su desestimación fue una primera victoria vecinal, pero Can Capellanets seguía (y sigue) desprotegido. A finales de enero del 2020, pocas semanas antes de que la pandemia lo parara todo, el pleno municipal aprobaba la modificación del plan especial para que el arzobispado pueda construir una residencia para la tercera edad en el antiguo seminario de Les Corts, con el voto favorable del gobierno municipal y la abstención de la oposición.

El pasado 19 de junio organizaron una consulta popular simbólica para preguntar a los vecinos qué les gustaría que fuera el espacio

Con el confinamiento pararon las acciones de protesta, pero no las cabezas de los vecinos, quienes, desde sus casas, siguieron buscando la manera de proteger su patrimonio. Fue entonces cuando desenterraron una vieja ordenanza municipal que abre la puerta a exigir la expropiación e iniciaron un nuevo giro en su estrategia. La Ordenanza sobre protección del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la ciudad de Barcelona señala que si un propietario ha malmetido una finca -en el caso de Can Capellanets se tiraron los tejados "para evitar okupaciones"- y no ha hecho nada por arreglarla en un periodo de cinco años -el tiempo que ha transcurrido desde que empezó la batalla por la vieja residencia- el consistorio puede expropiarla. Y eso es lo que ahora piden.

Necesidad de verde

El pasado 19 de junio organizaron una consulta simbólica frente al lugar para preguntar a los vecinos qué les gustaría que fuera Can Capellanets, espacio calificado urbanísticamente como equipamiento. Las respuestas del vecindario fueron variados, pero la gran mayoría coincidió en pedir que los jardines se rehabilitaran y abrieran al barrio. "Es totalmente incoherente que ahora que se habla tanto de refugios climáticos y de la necesidad de hacer las ciudades más verdes el ayuntamiento permita que desaparezcan estos jardines", concluye Agelet.

Fuentes municipales apuntan que el distrito abrió un expediente y ha ejecutado multas coercitivas por inacción de la propiedad en hacer el mantenimiento del edificio, pero aseguran también no ver la necesidad de la expropiación, "que tendría que justificarse por el interés para uso público".