MEMORIA PÉTREA

Patrimonio de Barcelona en el limbo

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capilladef / PAU VINYES ROIG

Natàlia Farré

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Barcelona tiene una relación extraña con su patrimonio. Durante años la ciudad denostó el modernismo. No le gustaba. Así que no hizo nada o muy poco para conservarlo. A inicios de los 40, la piqueta arrasó la planta baja de la casa Lleó Morera. A Gaudí, sin ir más lejos, no se le empezó a rehabilitar hasta finales de los 50. Y a finales de los 60 aún se derribaban joyas. Ahí estaba Can Trinxet, cuya firma, Puig i Cadafalch, y tesoros interiores, unos magníficos murales de Joaquim Mir, no la salvaron de la tragedia.

Algunas de las intervenciones urbanísticas del 92 tampoco fueron mucho más amables con el patrimonio barcelonés. El derribo de los baños de Sant Sebastià es un ejemplo; la desaparición de la casa Pau Ramon con las pinturas de Pere Pau  Muntanya es otro. En este último caso, un atentado contra el barroco, que no pasa por ser uno de los movimientos preferidos de Barcelona. La apertura de la Rambla del Raval tampoco fue para echar cohetes patrimonialmente hablando: ¿Alguien se acuerda de la farmacia Sastre i Marquès o de las casas Buxeres? Y ¿qué decir del inabarcable obituario de los comercios barceloneses enviados al sumidero de la  memoria patrimonial?

La ciudad tampoco tiene muy claro qué hacer con lo más contemporáneo. Y la cosa se complica cuando el patrimonio es privado. Aquí los intereses pueden colisionar y las indemnizaciones públicas a pagar pueden ser elevadas (7,4 millones ha costado al ayuntamiento salvar las casas de Encarnació). Además, los criterios sobre qué es y qué no es patrimonio   evolucionan y acaban chocando con el catálogo. Así la huella de la memoria ahora es tan importante como la piedra. Y ha aparecido con fuerza el verde, que así es como denominan desde el consistorio los jardines y patios ciudadanos. Elementos antaño prescindibles y ahora vitales en la  revisión del catálogo de Gràcia.

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Así las cosas, con las contradicciones de una ciudad que arrastra un pasado destructivo. vive turísticamente del modernimo que otrora denostó y lucha por adaptarse a los nuevos criterios patrimoniales, tres nuevos casos de desaparición (o no) monumental han saltado esta semana a la palestra.

La legalidad de destruir Subirachs

El más mediático lleva la firma de Josep Maria Subirachs, escultor de prolífica carrera eclipsada (y crucificada) por la construcción de la fachada de la Passió de la Sagrada Família. Subirachs realizó numerosas intervenciones ciudadanas a lo largo de su carrera, muchas en colaboración con arquitectos del momento, entre ellas la del edificio Mercurio, en la Via Augusta. Vestíbulo de cerámica vidriada y caduceo de hierro forjado en el  terrado.

Los dos elementos han desaparecido durante la mutación que vive el inmueble a pisos de lujo, y Òscar Dalmau (autor de 'Barcelona retro') alertó de ello vía redes sociales el sábado. Las primeras noticias fueron desalentadoras, se especulaba con su destrucción. De haber sido así, nada habría pasado. No es ilegal destrozar dichos elementos ya que no son patrimonio protegido. Aunque la cosa no parece haber llegado tan lejos. Judit Subirachs, hija del escultor y custodia de su legado en el <strong>Espai Subirachs de Poblenou,</strong> no tiene pruebas de su conservación pero sí la palabra de la empresa que rehabilita el edificio de que se han retirado y se repondrán.

Menos suerte tuvieron las cerámicas que formaban la barandilla del párking de paseo de Gràcia. Desaparecieron, estas de verdad, en el 2014. Tampoco estaban protegidas. El ayuntamiento intentó subsanar  su falta de sensibilidad patrimonial recuperando unas cuantas baldosas que ahora lucen en el sótano del aparcamiento como recuerdo de lo que fue. Y  está por ver qué pasará con los relieves de la planta baja de la plaza de Francesc Macià, 7. El local está en venta y la conservación de las obras dependerá de la sensibilidad de los nuevos propietarios, pues tampoco están catalogados. "Es preocupante. Son obras muy vulnerables porque son privadas aunque estén en el espacio público", sostiene Subirachs.

La historia olvidada

Peor suerte ha sufrido la capilla de la Clínica Sant Jordi. De su total demolición alertaba el historiador Pau Vinyes Roig el  lunes. Tampoco hay delito, porque tampoco estaba catalogada. Pero sí hay un sentimiento de indignación en el barrio de Sant Andreu. "Contenía mucha memoria histórica, ahí nacieron muchos vecinos del barrio, y además era bonita", afirma Vinyes. El espacio formaba parte de la residencia de la familia Cararach, cuyo edificio principal sí está protegido. "Su conservación hubiera sido posible si los intereses económicos y de ciudad hubieran tenido en cuenta que el patrimonio tiene un valor", argumenta el historiador.

La clínica es propiedad del grupo HM Hospitales que contempla su ampliación. De ahí la desaparición de la capilla. Los acuerdos firmados con el ayuntamiento en el 2014 hablan de la cesión al consistorio del edificio protegido, aunque de momento sigue en manos privadas.

Vecinos y obispado, intereses contrarios

Privado y protegido es el tercer inmueble protagonista de un conflicto patrimonial esta semana. Can Capellanets, propiedad del arzobispado, es el antiguo seminario de Les Corts: un gran solar con edificio y jardín protegidos. Ayer la comisión de urbanismo dejó pendiente, a falta de la votación definitiva en el pleno municipal, el proyecto que el obispado tiene en marcha en el espacio. Se trata de la construcción de un nuevo edificio que será residencia privada para la tercera edad.  ¿El problema? Se come parte del jardín protegido y desvirtúa el edificio protegido. "Tiene un impacto muy importante en los ámbitos patrimonial, urbanístico y ecológico", afirman desde la plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts. Los vecinos entienden que es una propiedad privada y que esta tiene sus derechos, pero también entienden que "los políticos están para defender el patrimonio" y que pese a lo poco claro de la ficha patrimonial del espacio, "la ley es clara: frente a la duda hay que tender a proteger".

Aseguran no estar en contra de una residencia para la tercera edad, pero sí del cómo. También reclaman diálogo para llegar a un acuerdo satisfactorio para el barrio y la Iglesia. El arzobispado responde con silencio. Y nada se sabe de la comisión prometida por el distrito, en el 2017, para estudiar el proyecto.  Mientras, el edificio protegido sigue vacío y languideciendo. Dos datos: la ley permite derribar parcialmente cuando hay ruina; y el obispado tiene un primer proyecto más agresivo aprobado en el 2015.