La prohibición de las habitaciones turísticas en domicilios de Barcelona divide al ayuntamiento

El futuro de los llamados hogares compartidos (habitaciones de alquiler por días a turistas en domicilios particulares) en Barcelona debe quedar resuelto antes de agosto, cuando finaliza el plazo establecido por el Govern para que los ayuntamientos regulen la actividad ya autorizada por el Govern. Pero la comisión de Ecología y Urbanismo celebrada este martes ha dejado clara la brecha municipal que ha abierto el tema en la capital catalana, enfrentando incluso a los socios de gobierno, Barcelona en Comú y el PSC. El equipo de Colau ya presentó hace semanas sus planes de prohibición, abanderados por la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que en términos morales ha salido derrotada esta tarde ante la propuesta de JxCat para regular con limitaciones en lugar de prohibir, como también prefieren los socialistas, PP, C's y BxC.

Sanz recordó hace unos días que la actualización del plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT) de Barcelona aprobado inicialmente a principios de este año incorpora una moratoria que blinda cualquier nueva licencia, incluidas las habitaciones para turistas en casas de particulares. Y está por encima de las recientes sentencias contra el PEUAT original. Pero la mayoría de partidos sostienen en la recta final para la regulación municipal que los hogares compartidos no deben meterse en el mismo saco de la prohibición, sino que proponen regular una oferta que ya existe hace años alegalmente (se estima que hay unos 7.700 anuncios al respecto) con las necesarias limitaciones e inspecciones, ha enfatizado el portavoz de Junts, Jordi Martí.

Derecho y precios

Su propuesta ha prosperado con los mencionados apoyos, aunque no es vinculante y solo le autoriza moralmente a congratularse de "forzar a los 'comuns' a regular" el tema. Una presión que Sanz parece no acusar, ya que ha insistido en "defender la vivienda para vivir" y ha puesto el dedo en la llaga al insistir en que durante su mandato fue CiU quien "liberalizó" los pisos turísticos con manga ancha. También ha sacado pecho por una sentencia reciente que avala la estrategia del ayuntamiento de haber puesto coto a los pisos turísticos para primar el derecho a la vivienda. En la misma línea, desde ERC, Eva Baró cree que si se alquilan habitaciones por días (menos de 31) a turistas se está perjudicando el acceso a la vivienda en un momento de crisis y se está empujando hacia arriba el precio de las habitaciones. Y aunque su postura inicial no era la prohibición sino la limitación, ven menos malo posicionarse en este sentido que abrir la veda a la regulación que defendía Martí.

Del mismo modo que los particulares que ejercen de anfitriones reclaman el derecho a la actividad para poder llegar a fin de mes o poder pagar el alquiler, o que los hoteleros la rechazan de plano porque creen que será un coladero de pensiones encubiertas y usos lucrativos por parte de no particulares, los grupos del ayuntamiento hacen lecturas muy dispares del fenómeno urbano que cada ciudad enfrenta como puede, pero no prohíbe de raíz, han insistido los partidarios de encajarla. Para Martí, es necesario "dialogar y llegar a un acuerdo" que permita esa supuesta redistribución local de los ingresos turísticos. Lo mismo sostiene en este caso el PSC, como ha reivindicado Rosa Alarcón: "Un PEUAT sin hogares compartidos no contribuye a descentralizar el turismo". Y serviría para regular la gran oferta ahora alegal, ha rematado.

En el toma y daca, Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, ha llegado a tildar de "incoherente" la propuesta de los 'comuns' y ha defendido que las habitaciones por días permitirían una mejor integración del visitante en los barrios, añadiendo "seguridad jurídica" ante el riesgo de que los afectados demanden al consistorio, como ya han hecho otros operadores. En este bando, también Maria Luz Guilarte (C's) ha valorado los hogares como "herramienta social" para ciudadanos que encuentran aquí un escape económico.