Barcelona suspende las licencias para alquilar habitaciones por días en pisos

La reciente ordenación por parte del Govern de los hogares compartidos con turistas, o lo que es lo mismo, de las habitaciones alquiladas por días a viajeros en la casa donde reside el propio anfitrión, todavía tiene un largo recorrido antes de hacerse efectiva con garantías. Así lo ve el Ayuntamiento de Barcelona, que ha pedido hoy martes a la Generalitat que "rectifique" e incorpore herramientas que permitan a los municipios un control real de la oferta que pueda eclosionar. El consistorio teme que la actividad genere un efecto especulativo y para empezar acaba de aprobar la suspensión de licencias de este tipo durante un año prorrogable, de modo que no haya picaresca antes de las reglas del juego definitivas. Turisme descartó horas más tarde cualquier rectificación.

El decreto aprobado a principio de agosto tras cinco años de estira y aflojas reconoce una actividad hasta ahora alegal y atribuye a los ayuntamientos la capacidad de desarrollar cada normativa local, con división de opiniones tanto políticas como de ciudad. El gobierno de Colau había pedido en numerosas ocasiones el máximo margen de maniobra para actuar, pero ahora no está de acuerdo en el resultado. Para la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, han faltado tanto un análisis a fondo del sector y sus consecuencias en el mercado de la vivienda, como una regulación vía ley que permita -con garantías jurídicas- la tarea inspectora a los municipios. Y ha recordado que Barcelona ya gasta un millón de euros anuales en el control de los apartamentos turísticos.

Cambios posibles

Con las habitaciones el asunto se complicará, argumenta, porque no se puede entrar en domicilios particulares y comprobar cuántas habitaciones o no se destinan a viajeros. El decreto que recoge esta figura de alojamiento (y que entra en vigor mañana, aunque da  un margen de un año a los consistorios para orquestarlo por vía de ordenanzas o planes urbanístos) establece un máximo de cuatro plazas turísticas y periodos inferiores a 31 días seguidos, aunque a lo largo de todo el año sin restricciones.

Para Sanz, se ha perdido la ocasión de establecer una temporalidad (un máximo anual) de las estancias y de las licencias, y evitar que los hogares compartidos con turistas entren en competencia con los hogares compartidos por estudiantes o personas que lo necesitan, ya que los primeros serán mucho más rentables y alentarán, opina, negocios especulativos en muchos casos. "No se trata de enfrentar el derecho a la vivienda con el turismo, sino con la especulación", dice, decepcionada por la escasa repercusión que ha tenido la crisis en la rebaja del precio de los alquileres, como avanzó este diario. 

La concejala cree que el Govern está a tiempo de introducir cambios y mejorar la legalización del sector teniendo en cuenta sus afectaciones en toda Catalunya.

Con la moratoria de licencias aprobada el lunes en comisión de Gobierno extraordinaria, según ha anunciado, se pretende blindar un posible coladero de peticiones que luego se conviertan en recursos contencioso-administrativos que "algún juez" pudiera acabar reconociendo dentro de un tiempo, como ha sucedido con apartamentos turísticos. El ayuntamiento quiere paralizar cualquier petición hasta tener controlados los nuevos mecanismos de licencia. 

De nuevo, ha acusado a la Generalitat de "limitarse a determinar que la actividad (las habitaciones por días en domicilios) existen y a liberalizarlas", pero "al servicio de plataformas como Airbnb".   

Cambios descartados

El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha asegurado horas después a EL PERIÓDICO que el Govern no rectificará el  decreto, que viene precedido de «diálogo y consensos», que recoge la exigencia del equipo de Colau de poder para las administraciones locales y que cuenta con recursos económicos de la tasa turística, porque Barcelona percibe unos 20 millones de euros al año y contempla este uso. 

Bono cree que la ordenación de esa «realidad» que en la ciudad sumaba unos 9.000 viviendas era «necesaria» y que el decreto ya refuerza la capacidad inspectora del municipio. Y recuerda que otras voces, como  las plataformas de anfitriones o la Autoritat Catalana de la Competència  consideraron, en cambio, «excesiva» la regulación.