Pugna normativa
La anulación judicial del plan de alojamiento no afectará al blindaje de Barcelona
La justicia rechaza el recurso contra la anulación del PEUAT, pero el veto a hoteles céntricos y pisos turísticos se mantiene con la moratoria de licencias y el nuevo plan modificado
Patricia Castán
Periodista
Periodista en El Periódico de Catalunya desde 1996. Ha ejercido de redactora y jefa de sección en Gran Barcelona. Especializada en los ámbitos de economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.
Patricia Castán
La justicia ha ratificado lo que muchos afectados por el plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT) de Barcelona (2017) habían reclamado con una ofensiva de demandas: la anulación de la ambiciosa regulación municipal del entonces creciente pastel turístico. El desenlace abre algunas dudas sobre la futura ordenación, pero el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado este jueves que los dos salvavidas lanzados hace unos meses -en forma moratoria de licencias y de la aprobación inicial del plan modificado- bastan para mantener a raya dos de sus pilares como son la prohibición de nuevos hoteles en el centro o de apartamentos turísticos en toda la ciudad.
El último episodio de esta compleja historia urbanística la ha escrito el Tribunal Superior de JustÍcia de Catalunya (TSJC) al no admitir a trámite el recurso de casación que el consistorio interpuso contra la sentencia que lo anulaba en 2019, esencialmente por no incluir una memoria económica. Esta debía amparar potenciales indemnizaciones vinculadas a medidas como la reducción de plazas en caso de reformas hoteleras en las zonas más saturadas, o la agrupación de los pisos turísticos en edificios completos para ese uso en Ciutat Vella.
Sin embargo, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha salido a la palestra para asegurar que el plan sigue "vigente" porque el consistorio aprobó inicialmente una actualización del PEUAT a principios de año que se acompañó de una moratoria temporal de nuevas licencias que blinda cualquier intento de tramitación. El 'plan 2.0', de hecho, incorpora las modificaciones que alegaba la sentencia. Ya se pueden realizar rehabilitaciones sin decrecer plazas en el centro de la ciudad, como pedían los hoteleros, por ejemplo. La concejala ha subrayado que la justicia no cuestiona las prohibiciones de nuevas camas en las zonas masificadas y la limitación del crecimiento, sino solo cuestiones "formales" ya corregidas.
Sin fecha para la aprobación definitiva
Algunos abogados consultados por este diario y que representan a afectados por el plan especial original (tanto por sanciones como por perjuicios al ver frustrados proyectos turísticos) discrepan de la solidez de este relevo normativo, pendiente de resolver alegaciones y de llegar a la aprobación definitiva (sin fecha aún) en un pleno municipal, e incluso de la moratoria. Pero los servicios jurídicos del consistorio aseguran que mantiene el cerrojazo a nuevas plazas hoteleras en puntos calientes, a nuevos pisos turísticos y a convertir viviendas en cualquier tipo de alojamiento. Sanz destaca que Barcelona fue pionera en Europa este tipo de regulación y que sus objetivos están avalados política y socialmente. Asume los "riesgos" y ve normal tener que corregir sobre la marcha diversos aspectos. Saca pecho porque el plan "ha conseguido evitar el colapso turístico".
La responsable de Urbanismo destaca que el PEUAT modificado ha permitido también novedades, como cerrar el cupo a nuevas camas en zonas donde inicialmente sí se podía crecer (el 22@), o vetar las habitaciones turísticas en domicilios particulares por menos de 31 días, entre otros aspectos ya anunciados en enero. "Se ha anulado el plan pero se ha reconocido la capacidad de Barcelona para hacerlo", ha enfatizado.
En un comunicado, el grupo municipal de ERC ha reprochado al gobierno de Comuns y PSC el desenlace de la regulación de 2017. "Quien tenía que hacer el trabajo no lo ha hecho bien", han manifestado. Defienden un PEUAT "adaptado a los nuevos tiempos", consensuado con el sector y la ciudadanía" y que garantice el derecho a la vivienda y turismo de calidad.
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