DERECHO A LA VIVIENDA

Desahucios en Sant Gervasi: una realidad de la que no se libra ni la zona alta

  • Pese a que cuantitativamente las cifras son incomparables, ni los barrios más acomodados se libran de los desalojos.

  • Desde el Sindicat de Cassoles, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, han trabajado este mayo para detener cuatro lanzamientos.

Olga, que carga una mochila ya con tres intentos de desahucio.

Olga, que carga una mochila ya con tres intentos de desahucio. / ÀNGEL GARCÍA (Àngel García)

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Helena López
Helena López

Redactora

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El día antes de su primera fecha de desahucio, el 8 de octubre del año pasado, Olga estaba haciendo cajas, derrotada tras haber llamado a cientos de puertas cerradas, cuando sonó su móvil. “¿Tú no tenías un desahucio mañana? No te vamos a dejar sola”, le dijo una voz. Era alguien del Sindicat d’Habitatge de Vallcarca, espacio al que se había acercado una sola vez -de ahí que tuvieran su teléfono y su fecha de lanzamiento-, pero al que no había vuelto. No lo había hecho porque estaba nerviosa, agobiada y superada por la situación y porque, subraya convencida, "por aquel entonces no era consciente de las cosas que podíamos conseguir". A la mañana siguiente y sin que les hubiera convocado, no solo aparecieron en su puerta para arroparla varios activistas de Vallcarca. También lo hicieron miembros del entonces recién creado Sindicat de Cassoles, para cubrir Sarrià-Sant Gervasi, distrito en el que se encuentra el local en el que Olga, siete meses después de aquel primer intento de desahucio, sigue viviendo con su hijo de 19 años y un trastorno del espectro autista.

Este jueves, 20 de mayo la mujer y su hijo tenían un tercer lanzamiento, aplazado esta semana casi en tiempo de descuento gracias a la ayuda de un abogado del Sindicat d’Habitatge de La Sagrera, quien se ofreció sin pedirle nada a cambio para pedir la intervención de la ONU, recurso que el juez que lleva su caso está estudiando. “Desde la mañana en que me ayudaron a parar el primer desahucio milito en los dos sindicatos, en el de Vallcarca y en el de aquí, que entonces ni sabía que existía, como le pasa a tantísima gente en situaciones parecidas a la mía, que no sabe dónde acudir”, señala esta vecina de Sant Gervasi de 53 años, quien acabó viviendo en el almacén que había alquilado para el negocio de comercio electrónico que montó, tras tener que dejar el piso en el que vivía cuando su situación económica se torció.  

Expulsiones silenciosas

El caso de Olga y de su hijo es uno de los 10 en lo que trabaja el Sindicat de Cassoles, que se reúne en un ‘casal’ abierto en una exoficina de una entidad bancaria ocupada por un grupo de jóvenes del barrio en el 60-66 de la la calle de Madrazo. En los barrios más acomodados de la ciudad también se desahucia. Obviamente en menor medida que en los territorios económicamente más deprimidos, pero aquí también hay familias que lo pasan mal, sobre todo tras el impacto del covid. Y, a diferencia que en zonas con un tejido vecinal mucho más organizado -porque a la fuerza ahorcan- aquí es más frecuente que la gente abandone sus hogares de noche para los que sus vecinos no vean que les han echado. “La semana pasada hubo cinco desahucios en el distrito y no nos enteramos”, afirma Lluís, jovencísimo miembro del Sindicat. “Sí hay casos en los que hay vergüenza, pero también hay mucho desconocimiento de que hay lugares así a los que ir y dónde te pueden ayudar. A mí me pasó. Por eso una de nuestras campañas ahora es dar a conocer en el barrio el trabajo del sindicat. Que la gente que se encuentre en esta situación venga y se organice”, apunta esta madre hoy empoderada, cuya imagen dinamita cualquier prejuicio desde el minuto uno. 

Olga recuerda con especial rabia que el día de su segundo lanzamiento su hijo estaba confinado por covid. “Le enseñé el papel del colegio y el del CAP a la comitiva judicial, pero me dijeron que ese no era motivo para pararlo. Se paró porque no tenían efectivos policiales y gracias a la mediación del Sindicat y de la mediadora de la unidad antidesahucios del ayuntamiento”, explica sentada junto a Christina, su vecina, quien también tiene un desahucio previsto para el próximo jueves, en su caso todavía vigente.

Sin constancia

Christina ha llegado casi sin aliento al local del Sindicat. Sufre fibromialgia y problemas respiratorios y el pequeño paseo hasta aquí se le ha hecho un mundo. Se quita un momento la mascarilla e inhala una dosis del ventolín que lleva en el bolso. “Ya me desahuciaron una vez y tengo claro que no pienso volver a pasar por eso”, se presenta la mujer, quien trabajaba de figurante. Antes del covid, claro. El desahucio que lleva a sus espaldas, fuera de Barcelona, sí se ejecutó, dejándola literalmente en en la calle, situación que se niega a volver a vivir. “El primer lanzamiento en el piso en que vivo aquí llegó sin que yo me hubiera enterado. La orden no era contra mí, era contra el chico que me alquiló la habitación”, apunta Christina, quien lo paró sola, pasándolo fatal y tras enseñarle a la comitiva judicial la bombona de oxígeno que debe ponerse cuando está en casa y mostrar que la denuncia no iba a su nombre. “Yo ya lo perdí todo una vez. Solo necesito tiempo para poder volver a trabajar y recuperarme un poco”, repite la actriz, quien todavía no pierde la esperanza de que los juzgados suspendan el lanzamiento y no tener que volver a llegar a puerta.

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Si no lo logra, esta vez, la tercera en este piso, al menos, no le cogerá por sorpresa ni estará sola. El segundo intento lo pasó avisando por whatsapp a sus compañeros del sindicato cuando oyó subir a la comitiva judicial ("tampoco había recibido ninguna notificación", añade dolida). Estos, que en ese momento estaban deteniendo otro desahucio también en el barrio -los juzgados funcionan así, concentran todas las órdenes en la misma zona para el mismo día-, tuvieron que correr. Lo hicieron y lo pararon, algo que están dispuestos a hacer tantas veces como haga falta hasta que su compañera encuentre una solución. 

Una moratoria con muchas lagunas

Las realidades que se viven y escuchan todas las semanas en los grupos de defensa de la vivienda de los distintos barrios de la ciudad y de los distintos pueblos y ciudades chocan con las declaraciones oficiales en las que se asegura que los desahucios han estado parados durante la pandemia. El pasado 14 de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en el Congreso la ampliación en tres meses tanto de la prohibición de los desahucios de familias vulnerables que viven de alquiler, como de la posibilidad de que este tipo de hogares obtengan un aplazamiento o condonación en el pago y una extensión del plazo de vencimiento del arrendamiento. Estas medidas fueron aprobadas en marzo del año pasado tras el estallido de la pandemia y se han prorrogado y ampliado en varias ocasiones, pero estaba previsto que venciesen el 9 de mayo con el final del estado de alarma. Finalmente se prorrogaron tres meses más, pero siguen dejando fuera a muchas familias que no entran dentro de los parámetros que plantea la norma. Por otro lado, desde los movimientos por el derecho a la vivienda están muy preocupados por qué pasará cuando esta moratoria termine y se sumen a los desahucios que se seguían ejecutando los que la moratoria sí paró, pero su finalización vuelva a activar.

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