La ONU interviene para paralizar desahucios en Barcelona

Le tiemblan las manos y las piernas. A ratos deja de hablar para centrarse en hacer respiraciones. "Es que no puedo seguir, la angustia me está ahogando", cuenta Lynda Seghali, una vecina de Sant Andreu (Barcelona) que junto a su marido y sus dos hijos afronta un desahucio en el piso donde llevan viviendo 11 años. Ni el certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales ni el certificado de salud del padre, que acaba de sufrir un ictus, ni tampoco un comunicado de las Naciones Unidas ha evitado que la comitiva judicial se presentara este martes para evitar el desalojo de esta familia originaria de Argelia. Finalmente el desahució se ha prorrogado. "A la próxima no iremos tan de buenas", advirtió el abogado de la empresa propietaria del piso.

Hidrus Consultoria Integral De Ingenieria Sistemas y Servicios. Esta es la compañía que en agosto del 2019 compró el piso donde viven Lynda, Abdelmalek y sus dos hijos de 9 y 13 años. Antes, y desde hacía 11 años, la familia pagaba un alquiler de 550 euros a la propietaria de la vivienda. "La mujer falleció y la familia vendió al piso a esta empresa. Para que veas lo que les preocupamos, jamás han entrado a ver el piso. Y nos reconocieron que les interesaba más tener el piso vacío que con nosotros dentro", cuenta el padre.

En febrero de 2020 venció el contrato de alquiler de la familia. Los nuevos propietarios de la vivienda les ofrecieron renovar el contrato por poco menos de un año. A cambio, les subieron la cuota a 750 euros. La familia se negó a pagar tal cantidad. "Si tenemos que pagar esto mis hijos no comen", asegura Abdel. Él se quedó en paro a inicios de 2020. Trabajaba en el sistema de residuos de una empresa subcontratada de unos grandes almacenes pero despidieron a toda la plantilla. La madre tampoco tiene trabajo. De hecho, la familia sobrevive con la prestación de 728 euros del paro del padre. "Ahora el tema está imposible", agrega Abdel.

"El juez dice que no somos vulnerables y ha querido hacer igualmente el desahucio", se queja la madre. El domingo por la noche, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se pronunció de forma muy explícita. Exigieron que se suspendiera el desahucio hasta que la familia no tuviera acceso a una "vivienda alternativa y adecuada a sus necesidades". La comitiva judicial se ha presentado igualmente, a petición del juez. También lo ha hecho la propiedad.

Este no es el único desahucio en el que se ha personado la ONU. También Alejandro Jorge, un vecino de 84 años del barrio Gòtic de Barcelona, cuenta con este apoyo, según avanzó el lunes Betevé. Su error fue tardar más de 15 días en subrogar el alquiler de renta antigua que tenía su mujer cuando ella falleció. Pagaban 150 euros de alquiler. Los propietarios del piso ya han intentado desahuciarlo en más de tres ocasiones y ahora planean hacerlo sin fecha concreta y con el apoyo de los Mossos. Este martes, el juez aceptó el documento de Naciones Unidas y suspendió el desalojo.

En cambio, en Sant Andreu la madre seguía temblando desde el balcón mientras una trabajadora de los servicios sociales de Barcelona, la propiedad y el padre, apoyado por el sindicato de vivienda de Sant Andreu, trataban de llegar a un acuerdo. "La familia está dispuesta a pagar pero no puede asumir esta cantidad. Lo ideal sería firmar un alquiler de 550 euros y que pudieran tener ayudas municipales para pagarlo", decía Anna, una de las activistas del barrio. La propiedad no quiso negociar. "Ya les hemos dado seis meses para que encuentren otro sitio", decía el abogado. Los activistas dijeron que la comitiva judicial pidió a la Brigada Mòbil de los Mossos d'Esquadra que viniera a expulsar a la familia por la fuerza, pero no había agentes disponibles.