Barcelona muestra un frente común agrietado a favor de emplear su superávit

Hay frentes comunes que no parecen comunes, cuyos integrantes se pisan cuando nadie mira, se dan patadas en los tobillos disimuladamente y se pellizcan a la que tienen oportunidad de hacerlo. Uno de esos frentes es el que han esgrimido este viernes los grupos municipales de Barcelona, que han votado de forma unánime a favor de que el Gobierno central permita a los ayuntamientos emplear el superávit que generan y sus remanentes de tesorería. En el caso de Barcelona, eso permitiría disponer de 165 millones adicionales.

Se trata de una causa que viene de lejos. El férreo límite de gasto fue establecido años atrás, con motivo de la gran crisis anterior, la del 2008. Entonces, el centro de todo era la austeridad, impuesta a las administraciones, estatales, autonómicas, municipales. Los recortes tomaron cuerpo con el argumento de que había que evitar un colapso económico de las administraciones. 

Del 2008 al coronavirus

Ahora, el espíritu con el que se prevé afrontar la crisis del coronavirus es distinto: ayuntamientos, autonomías y gobiernos estatales parten de que lo procede es dedicar dinero público a reflotar todo lo que se ha hundido o amenaza con hacerlo, es decir, poner los recursos encima de la mesa, en la calle. Y pese a que se trata de una causa común, que aparentemente todos los grupos comparten, los del consistorio barcelonés han preferido destacar la culpa que aprecian en sus rivales. 

Como si de un debate electoral se tratara, casi todos han recibido capones. Unos porque tienen compañeros en el Gobierno central: el PSC y Barcelona en Comú. Otros porque los tienen en el Govern de Quim Torra: JxCat y ERC. Otros porque gobernaban cuando se impuso el límite de gasto: el PP. Ciutadans y Barcelona pel Canvi lo han tenido mejor en este sentido, por no tener vinculación con gestión de gobierno alguna, del presente o el pasado.

Todos los grupos de la oposición forzaron el pleno extraordinario en el que se ha votado la petición.

La propuesta constaba de dos puntos. El primero recoge la reclamación y aboga por “exigir al Gobierno que permita a los ayuntamientos el uso de la totalidad de su superávit del 2019, sus remanentes de tesorería y utilizar la capacidad de endeudamiento según su capacidad económica y garantizando la solvencia financiera de los propios ayuntamientos”. También defiende “la derogación urgente de los artículos que afectan a la autonomía local de la LRSAL y la ley de estabilidad presupuestaria”. El segundo punto insta al gobierno de Ada Colau a informar de cómo afectará al presupuesto el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Federación Española de Municipios y  Provincias, aunque de hecho ese acuerdo no existe todavía. El Ejecutivo central propone que los consistorios le entreguen los remanentes y devolverles el 35% en dos años. Los ayuntamientos lo rechazan frontalmente. 

Ristra de reproches

Quizá no tenga mucho interés hacer una lista de los dardos lanzados. Estos son algunos. Elsa Artadi, presidenta del grupo de JxCat, ha hecho responsable al Gobierno de Sánchez de no abrir el grifo del dinero. La jefa de filas de Ciutadans, Luz Guilarte, ha reprochado a Artadi que mantenga ahora ese discurso cuando en su día Convergència i Unió, antecedente de JxCat, votó a favor de la ley Montoro. El principal representante del PP en el consistorio, Josep Bou, se ha sumado a las pullas contra el Gobierno central por escatimar recursos, pese que fue su partido el que levantó el muro de la ley Montoro, bautizada por uno de los ministros de más peso en los gobiernos de Mariano Rajoy.

El concejal de Presidencia y Presupuestos, Jordi Martí, ha echado en cara a Artadi los recortes del Govern de Artur Mas. Y el socio de Colau, el socialista Jaume Collboni, ha denunciado partidismo en el pleno forzado por la oposición: “Estamos debatiendo una declaración que ya se aprobó. ¿Por qué la presentan? Han querido convertir el ayuntamiento en otra subcámara, una concentración de mítines”. Porque, de hecho, el pleno ya aprobó en mayo reclamar el acceso a los recursos del superávit.

“Siento vergüenza”, ha proclamado Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, Indignada por el tono de las intervenciones previas: “No apoyamos este pleno extraordinario para que los grupos se atacaran. Esto es un salón de plenos, no un pabellón para hacer mítines”. Martí se ha preguntado si ya ha empezado la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas. “Nos estamos jugando el mandato, no solo el presupuesto de este año”, ha advertido el presidente del grupo de ERC, Ernest Maragall, sobre la necesidad de acceder a los recursos del superávit.

Como explica Martí, este año se podrá salvar el uso de los 165 millones de remanente porque ya hay un presupuesto aprobado que puede generar un déficit. Ese déficit se recuperaría en función del remanente existente, los citados 165 millones, por lo que se puede inflar la inversión por esa cantidad contando que el cojín servirá para afrontar el exceso. Pero la maniobra, subraya el concejal de Presupuestos, ya no será viable en el 2021, porque los ayuntamientos no pueden aprobar presupuestos que no se correspondan con la realidad de sus finanzas, el interventor no lo permitiría.

Modificación presupuestaria

Ya dentro del pleno ordinario posterior, el frente común desdibujado ha vuelto, y con un tono más amistoso, al debatir y aprobar, con la abstención de JxCat, ERC y Ciutadans, una modificación presupuestaria para constituir un fondo económico de 90 millones de euros con el fin de dedicarlos a la recuperación de la ciudad tras la crisis del covid-19. En concreto, a emergencia social, la reactivación económica, la reactivación del sector de la cultura y la transformación de la ciudad para adaptarla a la nueva movilidad. Según un cálculo aproximado, Barcelona cifra en 300 millones los recursos perdidos por la crisis sanitaria.