Nueve de cada diez mujeres en riesgo de desahucio tiene mala salud mental

La mayoría de las duras cifras recogidas en el informe son realidades conocidas por todos los que madrugan para parar uno y cien desahucios e invierten horas en reuniones y asambleas, estrujándose el cerebro hasta encontrar la manera de defender el piso de su vecino. El suyo. Conocían las caras, los nombres y apellidos e incluso las lágrimas, pero ahora han puesto también sobre la mesa las cifras, para insistir en lo que desde la PAH siempre han defendido desde su creación, que no se trata de un problema personal, sino colectivo. Datos como que casi nueve de cada diez mujeres que sufre problemas con la vivienda asegura tener una mala salud mental; uno de los recogidos en las 170 páginas del estudio 'Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017-2020', realizando conjuntamente entre el Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres, la Agència de Salut Pública de Barcelona, la PAH de Barcelona y la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), y presentado este jueves.

El informe, que pone énfasis en que las personas con inseguridad residencial y con dificultades para el acceso de suministros tienen un estado de salud mucho peor que la población general en Barcelona, pone también el foco en realidades muchas veces invisibles y rompe prejuicios en asuntos como la ocupación, señalando que el 74% de las personas con problemas de ocupación son mujeres. Una cifra que evidencia que la situación de ellas es más precaria; y en el 61% de los casos se trata de familias con menores (un 38% mujeres solas con sus hijos). También son ellas las que más militan en los movimientos en defensa de la vivienda.

La crisis social abierta por la pandemia recrudece la pobreza infantil

El impacto de la pobreza infantil

Sobre los niños, el estudio también indica que el 81% de las familias barcelonesas en riesgo de perder su vivienda por un proceso de desahucio tiene menores a cargo y, de estas, el 28 % son madres sacando a sus hijos adelante solas. Un toque de atención sobre la pobreza infantil en la ciudad. Los autores insisten en que las familias en riesgo de perder su casa están también abocadas a la exclusión social. Un 14,8% se quedaría con los ingresos familiares en negativo una vez pagado el alquiler, el 23,9% se quedaría con cero ingresos y un 30,3% con menos de 400 euros. "La cronificación de la precariedad hace que las familias se endeuden aún más para acceder a servicios básicos como alimentación o ropa. En concreto un 33% tienen otros préstamos", indican los autores del estudio, en el que también se apunta a que el paro (44%) es el principal motivo de impago del alquiler, seguido por la subida de las mensualidades (17%) y de los problemas de salud (17%). 

Se confirma que los problemas con el alquiler superan a los de las hipotecas: casi el 44 % de la muestra son inquilinos en dificultades, el 26 % personas con una hipoteca que pagar y casi el 30 % personas que habían decidido ocupar una vivienda al no encontrar alternativa. Las ocupaciones se han incrementado a partir de 2017, según este estudio, que determina que un 67 % ocupó la vivienda en la que reside a partir de ese año. El 19 % dicen haber ocupado al haber sido desahuciado por impago en el alquiler, el 17 % por proceder de un piso con muchos residentes y un 15 % por no poder asumir el alquiler.

Recomendaciones a las administraciones: no culpabilizar

El estudio se basa en entrevistas personalizadas a personas que se han acercado a pedir asesoramiento a la PAH o a la APE: se han efectuado 415 cuestionarios presenciales -con 274 preguntas y con una duración de unos 40 minutos-, de las cuales a 252 se las ha vuelto a contactar luego por vía telefónica.

Hecha la radiografía, el informe va más allá y presenta una completa lista de recomendaciones, en el que destacan sensibilizar y capacitar al equipo de salud de los centros de atención primaria sobre la inseguridad residencial y cómo estos problemas sociales afectan a la salud y las conductas relacionadas. "Es imprescindible no culpabilizarles ante conductas poco saludables y fomentar la prescripción social en los centros de salud, como la derivación a recursos no clínicos comunitarios, como talleres de baile, voluntariado o huertos urbanos, y garantizar que las personas afectadas tengan acceso a espacios de cultura, ocio y deporte gratuitos en sus barrios, fomentando la coordinación y derivación a servicios sociales entre las oficinas de vivienda y los puntos de asesoramiento energético.

Consecuencias de realojar en pensiones

El estudio recomienda también al Ayuntamiento de Barcelona buscar mecanismos que permitan alquilar pisos para realojar a familias que se queden en la calle para evitar el actual realojo en pensiones, uno de los factores que afecta más negativamente a la salud mental, "mientras se trabaja para ampliar el parque público de vivienda social". 

Otra de las recomendaciones de los autores del informe al Ayuntamiento de Barcelona es la creación de una unidad de mediación especializada en ocupaciones y crear sistemas de atención colectiva en los servicios públicos.