Vivienda asequible para la Barcelona poscovid

Pese al confinamiento impuesto por el covid-19, el <strong>Gimnàs Social Sant Pau</strong> ha vuelto a demostrar su vocación de servicio a los vecinos más vulnerables del Raval. También su capacidad de resistir al desalojo que lo amenaza desde hace años. De la mano de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, este equipamiento —privado, pero comunitario— ha reabierto sus puertas para ofrecer, diaria y gratuitamente, 175 raciones de comida caliente, mascarillas, duchas y ropa limpia. En la cola que se forma cada mañana frente al gimnasio, se mezclan personas sin techo con vecinos cuyos ingresos se han visto repentinamente diezmados. Los trabajadores de la cooperativa no solo atienden a los usuarios de forma segura y diligente; también dan prueba de su compromiso social al saludarles por su nombre, bromear con ellos y mantener vivo el calor humano que nos hace personas. Una proximidad empática y espontánea de la que no siempre pueden hacer gala los funcionarios.

Al otro lado de la Rambla, el polémico edificio construido con contenedores marítimos para albergar a vecinos desahuciados del barrio Gòtic ha resultado <strong>finalista de los premios FAD de arquitectura.</strong> Sus doce alojamientos, ridiculizados en prensa y redes sociales como "latas de sardinas para los pobres", constituyen el primer ejemplo construido de los APROP (Alojamientos Provisionales de Proximidad). Con esta solución de emergencia, el consistorio ha comenzado a adoptar la estrategia ATRI (Alojamientos Tácticos de Repoblación Inclusiva), que se está aplicando también en otras ciudades del mundo para dotar de vivienda asequible a los barrios afectados por la gentrificación. Entre los once finalistas de la presente edición, los FAD también han seleccionado un edificio de 79 viviendas protegidas en Sant Boi de Llobregat. Ambas menciones parecen indicar que la vivienda asequible toma centralidad en un certamen que, en sus sesenta ediciones consecutivas, no siempre le ha prestado a esta cuestión la atención debida.

Defensa colectiva

En efecto, si la falta de vivienda digna y asequible ya era la mayor preocupación de los barceloneses antes de la pandemia, el confinamiento la ha convertido en un calvario para muchos de ellos, vilipendiados por la consigna "quédate en casa". Garantizar el derecho a la vivienda de toda su población no solo será una de las necesidades más acuciantes para la Barcelona poscovid; también debería constituir una de las principales respuestas a las crisis sanitaria, social y económica que tenemos enfrente. Que cada cual disponga de una vivienda digna donde confinarse no es solo una protección individual contra el contagio; es también una defensa colectiva que dificulta la propagación de epidemias. Además, unas políticas públicas proporcionales a la magnitud de la emergencia habitacional no solo servirían para combatir la pandemia actual, sino también para prevenir la aparición de nuevos virus. Teniendo en cuenta que el calentamiento global o la pérdida de biodiversidad resultante de la dispersión urbana son factores de riesgo, unas políticas contundentes de rehabilitación o prefabricación de vivienda asequible podrían contribuir en gran medida a mitigarlos. Es más, un Green New Deal centrado en la ampliación del parque asequible en barrios caminables y equipados generaría gran cantidad de empleo estable y funcionaría como una suerte de Renta Básica Universal (RBU) en especies que aliviaría el sobreesfuerzo económico de los hogares.

Este es precisamente el objetivo de la estrategia ATRI. Mediante sistemas de prefabricación modular más rápidos, económicos y sostenibles que las promociones convencionales de hormigón, propone dotar de vivienda asequible los barrios caminables, ya equipados y bien servidos por transporte público. En una suerte de odontología urbana, se trata de rellenar las caries de la dentadura edificada, véase solares desocupados o fincas que no han agotado su edificabilidad. En el primer caso, están los doce alojamientos del APROP del Gòtic. En el segundo, dos proyectos arquitectónicos que ATRI le ha propuesto al Ayuntamiento de Barcelona. Uno plantea levantar veinte viviendas dotacionales sobre la estación de metro de Fontana, en Gràcia; el otro, precisamente, una cincuentena de viviendas cooperativas sobre el Sant Pau.

Ahora se abre una ventana de oportunidad en este epicentro de la gentrificación a medio camino entre el Raval y el barrio de Sant Antoni. El previsible desplome del mercado inmobiliario facilita que el consistorio adquiriera la finca según lo aprobado por mayoría absoluta en el pleno municipal de mayo de 2018. De ser así, la reclamación #SalvemElSantPau podría dar paso al proyecto #HabitemElSantPau. Con él, Barcelona exploraría su primera prueba piloto de Community Land Trust, un modelo de autogestión tripartita integrado por el Ayuntamiento de Barcelona —propietario del suelo—, los cooperativistas y el entramado de entidades sociales vinculadas al Sant Pau, que garantizarían su arraigo territorial.

La reutilización de contenedores marítimos, combinados con módulos prefabricados de madera contralaminada, abarataría costes, aceleraría la obra y permitiría mantener siempre abierto el gimnasio, así como salvar del derribo una casa-fábrica que se encuentra en la parcela y que, de forma injustificable, no goza de suficiente protección patrimonial. En lugar de áticos de lujo, la azotea albergaría un huerto comunitario. En lugar de un aparcamiento, en los bajos seguiría estando el gimnasio, siempre al servicio de los vecinos más vulnerables. ¿Qué mejor forma de darle un nuevo rumbo a la Barcelona que viene?

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