Colau responde al TSJC: "Seguiremos haciendo frente a la emergencia habitacional"

La respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se hizo esperar, pero ha sido contundente. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido ante la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, el trabajo de los servicios municipales en procedimientos de desahucio y, en concreto, la labor que realiza el Servei d'Intervenció i Mediació davant Situacions de Pèrdua d'Habitatge i Ocupacions (SIPHO). Colau ha compartido en Twitter su respuesta a la misiva del tribunal, recibida hace unas semanas, en la que insta al gobierno municipal a no obstaculizar la ejecución de resoluciones judiciales.

La alcaldesa ha criticado el aumento de los desahucios con fecha abierta, que han pasado de ocho durante todo el 2017 a 55 en el 2018, y el "excesivo despliegue" de Unidades Antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, lo que ha dificultado el trabajo del servicio municipal de mediación y acompañamiento del Sipho, creado en el 2015, poco después de la entrada de los Comuns a la alcaldía.

La nueva ley antidesahucios para los pies por primera vez a un fondo inversor

Para evitar los desahucios, continúa la carta, el Ayuntamiento de Barcelona utilizará “todas las herramientas” a su alcance. Y enumera: la ampliación del parque público de vivienda, la creación de alojamientos temporales como los APROP, las ayudas al pago del alquiler y la captación de viviendas privadas para un alquiler asequible.  "Mientras esta situación de emergencia habitacional continúe afectando personas en grave situación de vulnerabilidad, como alcaldesa continuaré defendiendo la necesidad y el encomiable trabajo que hacen los equipos municipales de prevención y acompañamiento de las familias en riesgo de perder su vivienda", remacha Colau en su misiva, con fecha del martes, 25 de febrero.

Más de 1.000 cartas a grandes propietarios

No es la única carta que ha salido de la plaza Sant Jaume en este sentido. El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado unas 1.000 cartas a grandes propietarios, sobre todo fondos de inversión. En las mismas recuerda que el ‘Decreto Ley de Medidas Urgentes para mejorar el acceso a la vivienda’ establece un alquiler social obligatorio de hasta siete años para las familias que acrediten su vulnerabilidad en el supuesto de que se les acabe el contrato de alquiler, pero también si han ocupado esta vivienda y llevan viviendo en ella al menos al menos seis meses antes a la aprobación de la ley, el pasado mes de diciembre. “Hemos estado identificado lo casos en los que se dan las circunstancias (para que se puedan acoger a este alquiler social obligatorio) y hemos empezado a enviar las cartas”, ha explicado la concejal de vivienda, Lucía Martín, que también ha recordado que las sanciones por incumplir este punto de la ley puede ascender a 90.000 euros.

La concejala de vivienda, en rueda de prensa, ha añadido esta mañana que este servicio municipal ha permitido acompañar durante los últimos cuatro años a 10.128 familias en situación de vulnerabilidad en procesos de desahucios. "En lo que llevamos de año, más 6.400 personas fueron acompañadas por esta unidad. El 30% son menores", ha destacado la concejala, que ha destacado la importancia de un recurso municipal “que antes no tenían” estas personas vulnerables. "El decreto es vigente y lo haremos cumplir", ha añadido.

Martín ha calificado de "absoluto despropósito" que desde órganos judiciales se cuestionen servicios  de mediación y acompañamiento como el SIPHO pero "no digan nada" de prácticas como "los desahucios en abierto y los dispositivos policiales desproporcionados". "No entendemos cómo estos dos puntos se ponen en cuestión y revisión", ha subrayado la Concejala, que entiende que la relación entre el consistorio y los jueces no debería haber cambiado con la aprobación de un decreto que "persigue profundizar en la corresponsabilidad de los grandes propietarios". Lo que sí ha cambiado, a peor, es la situación de muchas familias vulnerables que ahora se sienten "más indefensos" con los desalojos en abierto, ha insistido.

El caso del Bloc Llavors

El ayuntamiento ha recogido información sobre la situación de las familias desahuciadas del conocido como Bloc Llavors, situado en la calle de Lleida, en el distrito de Sants-Montjuïc. Hoy, miércoles 26, está previsto que reciba la visita de la comitiva judicial, quepodría aprovechar para ejecutar el desahucio. El Grup d'Habitatg de Sants (Ghas) ha convocado a los vecinos y vecinas frente al bloque.  "Hemos detectado seis unidades de convivencia objeto de recibir ayuda en forma de alquiler social y, como no se ha hecho, (por parte dela propiedad), en los próximos días podremos presentar expedientes sancionadores",  ha explicado Martín, que asegura que el consistorio utilizarán toda "la capacidad sancionadora" que le otorga la ley para conseguir ofertas de alquiler social.